En momentos que se están definiendo las fechas en las que se declarará la emergencia, se determinarán los plazos y se establecerá el pliego petitorio “hasta las últimas consecuencias”, es cuando aparece la necesidad de un momento de reflexión.
La existencia de una demanda es porque la sociedad ha definido una incomodidad, una falta o una decisión política que define como contraria al interés colectivo; en Bolivia practicamos una lista larga de modalidades para expresar nuestra protesta, desde bloqueos de 52 días hasta huidas de presidentes en helicóptero o en aviones mexicanos. Este parece ser un momento que se presagia turbulencia en el mes de octubre, con el anuncio de movilizaciones.
El argumento fundamental, la defensa de la economía popular, se combina con un conjunto de situaciones que han provocado malestar creciente hasta en ciudadanos que no tenían una actitud negativa en el inicio del gobierno del presidente Rodrigo Paz, al contrario, existía una predisposición que esperaba soluciones frente a la crisis. Repetir los temas de la subida del dólar, la escases, unida a la suciedad y el incremento del precio del combustible, denuncias de corrupción sin descargo razonable y la distorsión de la función pública generada por un asesor que por poco se niega su existencia humana, han perturbado el ambiente.
Existe, además, la evidencia de la crisis económica que sólo puede superarse con trabajo y producción, aumentando la confusión ciudadana. ¿Cómo lograremos salir de esta situación? Si consideramos las soluciones tradicionales, estamos frente a un nuevo momento de movilización social, existiendo cansancio humano que esperaba, por el contrario, que este fuera el momento de superar el estado de emergencia latente, y se abriera, por fin, el tiempo de la concertación y los acuerdos.
Antes que sea más difícil reflexionar con la cabeza fría, sean las consignas quienes definan la verdad histórica, y comprobando la voluntad ciudadana de trabajar honradamente, parece prudente señalar que cada día que pase se acorta el tiempo para tomar decisiones meditadas y, a pesar de la dificultad, imprescindibles. La exigencia de un esfuerzo de los liderazgos políticos es cada vez más imperiosa para que apliquen las medidas necesarias y el Estado de Derecho no sea roto.
La palabra es Cohesión Social, y la Ciencia Política y Naciones Unidas han definido con suficiencia lo que debe hacerse en momentos como este; necesitamos lograr Inclusión social y económica, que enfrente la desigualdad, la pobreza y la exclusión social; necesitamos Gobernanza, que se relacione directamente con los determinantes institucionales de calidad institucional, acceso a la justicia y confianza en el Estado; y necesitamos fortalecer la pertenencia, asociada a los determinantes relacionales y culturales de confianza interpersonal, identidad y enfrentamiento de la polarización.
No necesitamos aprendices de brujo ni agoreros de la tragedia que abran la Caja de Pandora. Exijamos responsabilidad política a los gobernantes y a los dirigentes políticos, para que la sociedad haga su parte antes de convertirse en calle.
Carlos Hugo Molina es director de innovación del CEPAD.
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