Editorial Sumando Voces
Finalmente, y después de graves daños y perjuicios, el Gobierno ha admitido que el mercado paralelo de coca instalado hace más de un año en Villa El Carmen es ilegal. Por tanto, ha dispuesto su cierre y ha reconocido que el único que goza de legalidad es el mercado que está ubicado en Villa Fátima.
Ese repentino cambio, sin embargo, no obedece a una toma de conciencia sobre el asunto, sino a la guerra interna del MAS, que ha encasillado a los evistas en la lista de rivales políticos del gobierno de Arce. En esa lista se encuentra ahora el promotor del mercado paralelo de coca, el dirigente Arnold Alanez, que ha terminado reconocido su afinidad con el expresidente Evo Morales, con quien dice haberse reunido en tres ocasiones.
Más allá de las motivaciones políticas, no está mal que el Gobierno ponga las cosas en su sitio y que decida alinear sus propias actuaciones a la ley porque hay que recordar que el mercado paralelo ha sido permitido por las autoridades de gobierno, quienes han puesto a la Policía al servicio de esa causa ilegal e innoble.
Sin embargo, lo que no se puede olvidar es que esa tolerancia con la ilegalidad ha dejado saldos dramáticos entre los cocaleros de Los Yungas, que se han enfrascado en una guerra fratricida desde el año 2017, cuando Morales hizo aprobar la Ley de la Coca, en favor de las plantaciones del Chapare.
Hubo heridos, detenidos y perseguidos por este conflicto. De hecho, varios dirigentes siguen presos o procesados, entre ellos César Apaza, cuyo caso es indignante porque, viviendo en una celda de la cárcel de San Pedro, sufre las secuelas de una embolia sin poder acceder a una atención médica adecuada en libertad.
Lo mínimo que podría hacer el Gobierno, ahora que ha reconocido la ilegalidad el mercado paralelo, es desistir de su acusación contra los dirigentes cocaleros o, al menos, permitir que se defiendan en libertad. Eso, tomando en cuenta que el mercado destruido de Villa El Carmen, por el que están presos estos dirigentes, era ilegal también en septiembre de 2022, cuando sucedieron los hechos.
La responsabilidad de los gobiernos de Evo Morales y de Luis Arce es inocultable en este conflicto si se hace un repaso de los sucesos desde 2017, cuando los productores de coca tradicional de Los Yungas le quitaron su apoyo a Morales porque había legalizado las plantaciones del Chapare con una ley. Ante esa realidad, el Gobierno de entonces propició la existencia de una dirigencia paralela que intentó, con violencia y apoyo policial, tomar el mercado de Villa Fátima sin lograrlo.
Ya en 2021, la dirigencia paralela decidió instalar el mercado paralelo. Luego de seis intentos fallidos, terminó consolidando, en junio del año pasado, el centro ilegal en Villa El Carmen. En septiembre de 2022 esa sede fue incendiada y destruida tras una marcha de cocaleros que arribó desde Los Yungas exigiendo su cierre. En aquellos sucesos, la Policía también actuó en favor de la dirigencia paralela e incluso el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, reconoció al dirigente Alanez.
Ahora, después de seis años de confrontación, el Gobierno decide dar un giro y reconocer que el mercado paralelo era ilegal, lo que implícitamente es un reconocimiento de que sus propios actos eran ilegales. Ahora, ¿quién podrá reparar los daños y perjuicios ocasionados por este absurdo conflicto entre hermanos?
