Indígenas tsimanes en alerta frente a avasallamientos y amenazas. Foto: REPAM
El pueblo tsimane del sector Yacuma, en el departamento de Beni, sufre de constantes asedios y presiones de avasalladores que intentan apropiarse de su territorio. Frente a esta situación recientemente han demandado al Estado acciones que impidan las amenazas, bloqueos y agresiones que han venido recibiendo.
De acuerdo con el Gran Cacique del Pueblo Indígena Tsimane del sector Yacuma, Rosendo Merena, hay personas que han entrado “ilegalmente” a su territorio, pese a la Sentencia Constitucional 0935/2024-S3 que reconoce el derecho ancestral y colectivo sobre el territorio tsimane.
“El 13 de octubre de 2025, personas de distintas comunidades como Jehová es mi Pastor, Jerusalén, Tres Amigos, Yacuma A, San Luis de Naranjani y otras, todos afiliados a la FEPAY bloquearon los caminos que usamos las familias tsimanes. Nos impidieron sacar nuestros productos, nos insultaron y apuntaron con armas de fuego”, denunció Merena.
Precisó que, en esa fecha, dos mujeres indígenas de nombre J.M.T. y E.M.T. fueron amenazadas de muerte si no abandonaban su comunidad.
Otro episodio se dio días después, cuando Merena denunció haber sido amenazado por una persona que portaba un arma de fuego. “El 15 de octubre, uno de los agresores llegó hasta mi casa, armado, intentando intimidarme. Gracias a los animales que tengo, se alejó antes de causar un daño mayor”, relató.
A través de una carta dirigida a la Policía, el 21 de octubre, Merena pidió que se resguarde a la comunidad 10 de junio, por las constantes amenazas y el miedo que tienen a que atenten en contra de sus vidas.
Ante estas situaciones, el Pueblo Indígena Tsimane del sector Yacuma demandó al Estado brindar seguridad inmediata a las comunidades, que la Fiscalía investigue y sancione a los amedrentadores, que el Ministerio de Justicia y otras hagan cumplir la sentencia constitucional 0935/2024-S3 y que la Defensoría del Pueblo emita acciones para proteger a este pueblo.
“Sentimos que el Estado no nos escucha, que nuestra vida vale menos que la de otros. No puede ser que haya ciudadanos de primera y de segunda”, expresó el gran cacique.
La Red Eclesial Panamazónica (Repam) y la Conferencia Eclesial de la Amazonía enviaron una carta al defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, solicitando la intervención inmediata de la institución ante la situación de alto riesgo que enfrenta el Pueblo Indígena Tsimane del sector Yacuma, y su líder, Rosendo Merena.
De acuerdo con la Repam, las amenazas, agresiones y hostigamientos se intensificaron este año, luego de la emisión de la sentencia constitucional que reconoce el derecho ancestral del pueblo tasimane sobre su territorio.
Desde hace varios años, el pueblo indígena tsimane del sector Yacuma atraviesa problemas de avasallamientos protagonizados por el sector intercultural. En mayo de 2025, a través de la sentencia 0935/2024-S3, el Tribunal Constitucional Plurinacional restituyó todas las tierras a este pueblo y ordenó iniciar procesos penales contra el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), al haber ignorado los derechos del pueblo tsimane, declarado en situación de alta vulnerabilidad. La sentencia concluye que los funcionarios del INRA actuaron al margen del debido proceso, lo que derivó en avasallamientos, despojos forzados, expulsiones y destrucción de su hábitat natural.
Además de ello, Merena ha sido perseguido judicialmente. En 2023, dio a conocer que el sector intercultural lo denunció por su defensa del territorio. De acuerdo con un reporte de ANF, la ABT lo sancionó con 1.437 UFV, equivalentes a Bs 3.450, por haber realizado desmontes ilegales. Merena señaló que no había pruebas sobre ese hecho. La Fundación Tierra lamentó que el líder tsimane haya sido encontrado culpable de un delito forestal que sólo existe en papeles.
Análisis del Programa de Defensa de Derechos de UNITAS
La situación del pueblo tsimane del sector Yacuma pone en evidencia las limitaciones del Estado para garantizar la protección efectiva de los pueblos indígenas, de sus territorios y de quienes los defienden. A la luz de la Sentencia Constitucional 0935/2024-S3, el Estado no solo tiene la obligación de asegurar la vigencia del derecho colectivo a la tierra, sino también de acompañar de manera activa y sostenida el proceso de implementación de esta decisión judicial. Ello implica adoptar medidas integrales que garanticen la seguridad de las comunidades, prevengan nuevas invasiones y consoliden el ejercicio pleno de la libre determinación y la gestión autónoma de su territorio, conforme a los estándares del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Las amenazas y procesos iniciados contra el líder tsimane, Rosendo Merena, revelan además los riesgos que enfrentan quienes defienden derechos colectivos en contextos de conflicto territorial. Este escenario interpela directamente los estándares internacionales de protección a personas defensoras de derechos humanos, que obligan al Estado a prevenir el hostigamiento, investigar las agresiones y garantizar condiciones seguras para el ejercicio de su labor. El caso del pueblo tsimane evidencia la relación entre la desprotección estructural de los derechos territoriales indígenas y la falta de garantías efectivas para sus defensores, lo que exige una respuesta estatal integral, coordinada y con enfoque de derechos humanos.
También te puede interesar:
