Toribia Lero remitió la carta para que el Gobierno verifique el caso de Julio Lero. Foto: Cuenta de Facebook de Toribia Lero
La diputada Toribia Lero (Comunidad Ciudadana), mediante una carta, pidió al viceministro de justicia y derechos fundamentales, Jorge Tapia, que intervenga y haga seguimiento inmediato al caso de Julio Lero, el indígena Tsimane que se encuentra detenido más de ocho meses en la cárcel de San Pedro de La Paz acusado de la muerte del indígena leco Francisco Marupa.
Asimismo, solicita que se evalúen medidas alternativas a la detención preventiva, luego de que su defensa y organizaciones de la sociedad civil establecieran irregularidades en el proceso y ausencia de elementos de convicción que lo liguen con el asesinato.
“En el seguimiento de dicho proceso se han identificado problemas estructurales que evidencian las limitaciones del sistema judicial boliviano para garantizar un debido proceso a personas provenientes de zonas rurales e indígenas, se han constatado irregularidades en la etapa de la investigación, desde errores de identificación hasta la ausencia de pericias técnicas fundamentales”, señala la carta.
Agrega que “se ha verificado que el señor Lero no contó con un traductor oficial durante su audiencia de medidas cautelares, lo cual constituye una vulneración directa a su derecho al debido proceso y a la defensa”.
Por su parte, el senador Henrry Montero (Creemos) envió una Petición de Informe Escrito (PIE) al fiscal Roger Mariaca para que informe sobre el estado del proceso.
Las solicitudes de Lero al Viceministerio de Justicia, enviadas el 24 de octubre, son las siguientes:
- La intervención y seguimiento inmediato al proceso penal seguido contra Julio Lero, verificando las presuntas vulneraciones a sus derechos fundamentales.
- La coordinación con las instancias judiciales y el Órgano Judicial para garantizar la presencia de un traductor oficial en todas las actuaciones procesales.
- La evaluación de medidas alternativas que eviten la prolongación indebida de su detención preventiva, conforme a los plazos y principios establecidos por ley.
- La revisión integral de las actuaciones investigativas, a fin de garantizar que las mismas se conduzcan bajo principios de objetividad, legalidad y respeto a la verdad material.
- La promoción de acciones institucionales orientadas a fortalecer las capacidades del sistema judicial en materia de atención apersonas indígenas, en cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
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