Alerta Común. Foto: El Deber.
De manera sistemática se han venido registrando en las últimas semanas en el Observatorio de Defensores de UNITAS, algunos hechos que afectan a la institucionalidad democrática, pues son protagonizados por autoridades o representantes de los Órganos Legislativo y Ejecutivo en contra de funcionarios o servidores públicos y personas particulares.
Se trata de prácticas que afectan, por un lado, a la independencia personal de servidores públicos que están sometidos a realizar actividades o acciones ajenas a sus responsabilidades u obligaciones y que alcanzan a límites en los que, incluso, se pone en riesgo su integridad y su vida.
Un ejemplo de ello es lo ocurrido el pasado 7 de agosto, cuando tres funcionarios públicos resultaron afectados en un accidente de tránsito, dos de los cuales, pertenecientes al Ministerio de Salud, fallecieron y una, de la Cámara de Diputados, fue internada en terapia intensiva. Según las denuncias, los tres tuvieron que viajar por tierra a la ciudad de Sucre para presenciar, junto a muchos otros funcionarios, el discurso presidencial por las fiestas patrias.
Según un reporte del diario El Deber, el caso de Kimberly Arce Velásquez, que era la funcionaria de la Cámara de Diputados, se dio pese a que ella se había negado a viajar a Sucre, al ser madre lactante de una pequeña de cuatro meses, pero pese al pedido, su jefa la obligó a viajar. El accidente ocurrió el 7 de agosto en la carretera Sucre-La Paz, a la altura de la población de Macha. Seis personas fallecieron y otras 20 resultaron heridas en el siniestro.
A este caso se suman otros que relievan un patrón similar. El 7 de febrero pasado, se registró la denuncia pública y anónima de un funcionario que dio a conocer cómo, a través de circulares sin firma ni sello, se obligaba a servidores públicos a salir a marchar o conformar grupos de choque para confrontar aquellas movilizaciones o manifestaciones contrarias al gobierno.
“Aquel día en el que llegó aprehendido el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a La Paz, yo era el siguiente en la lista, así que junto a cuatro compañeros nos enviaron a marchar y exigir que lo encarcelen. La siguiente marcha deben asistir otros cinco funcionarios de cada Ministerio o Viceministerio, ya que no deben repetirse los mismos y tampoco podemos revelar que somos funcionarios. Cuando estábamos en exteriores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en la calle Sucre, cerca de la plaza Murillo, debíamos hacer bulla y pedir ‘cárcel para Camacho’”, se lee en la denuncia anónima de este funcionario, difundida por el extinto diario Página Siete.
Las vulneraciones a la independencia personal de los servidores públicos se expanden también a las redes sociales. Este mismo funcionario denunció que están obligados a compartir, comentar y difundir las intervenciones de autoridades en las redes sociales. “Mientras mayor sea la adulación, menos reclamos tendremos”, precisó.
Un reciente caso, parecido a éste, ocurrió el pasado 16 de agosto, cuando con motivo del Día de la Bandera, a celebrarse una jornada después, una comunicación del Ministerio de la Presidencia, difundida por la ANF, dispuso que todos los funcionarios publiquen en sus redes sociales una fotografía o historia con la bandera tricolor o compartir la publicación del presidente Luis Arce sobre el Día de la Bandera.
Estas vulneraciones presentan otros matices cuando las afectadas son servidoras o funcionarias públicas. Uno de esos casos tiene que ver con el exdirector del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), Teodoro Mamani, quien despidió a una funcionaria de su dependencia, a quien había embarazado e inducido a abortar. El caso salió a la luz en julio de este año y el ministro de Medio Ambiente y Agua decidió apartarlo del cargo y posesionar a Omar Tejerina como nuevo titular del SERNAP.
