Margarita Quispe no pudo contener las lágrimas luego de escuchar que los verdugos de su hermana, la concejala Juana Quispe, habían sido sentenciados a 30 años de cárcel. “Por fin se ha hecho justicia, que su alma descanse en paz”, dijo Margarita Quispe a Sumando Voces.
Otros familiares y activistas que impulsaron el juicio coincidieron que se ha logrado justicia, pero indicaron que la batalla legal continúa, puesto que se dictó sentencia en primera instancia y los declarados culpables continúan libres. El siguiente paso es lograr que la sentencia sea ejecutoriada, explicaron.
“Se ha logrado justicia. Se puede decir que Juana descansa en paz. En vida ella dijo ´¿si muero, ustedes se van a quedar así no más o me van a hacer justicia?´. Se logró la justicia y podemos decir, Juana por fin descansa en paz”, expresó la activista Elogia Tapia, una de las impulsoras del caso junto a la abogada Valkhiria Lira.
Sin embargo, luego de la lectura de la sentencia dictada el jueves, los declarados culpables continuaron en libertad. La abogada Lira explicó que, en su momento, desistió de pedir la detención preventiva de los acusados por la agresividad de los mismos, lo que hubiera bloqueado la continuidad del proceso, por lo que decidió apostar a la sentencia final.
En ese marco, Tapia indica que es probable que Felix Huanca, Pastor Cutile y Basilia Ramos presenten apelaciones porque los dos primeros fueron sentenciados a 30 años de cárcel y Ramos a 15 años de cárcel. Huanca era alcalde; Cutile era presidente del Concejo y Ramos era secretaria del Concejo cuando se produjo el crimen. La otra acusada es Exalta Arismedi, pero ella recibió dos años de cárcel y perdón judicial por el delito de encubrimiento.
Tapia calcula que podrían pasar dos años más para que el caso sea revisado en la Corte de Distrito de La Paz y luego en el Tribunal Supremo de Justicia. “Con eso se logra la sentencia ejecutoriada y recién hay que hacer este trámite para que vayan a la cárcel. No es fácil. Es una primera batalla que se ha logrado, pero hay que continuar”, dijo Tapia.
“Toda acción tiene que tener su consecuencia, la consecuencia es que deben pagar, deben ir a la cárcel para poder saldar esta deuda que tienen”, agregó.
La Defensoría del Pueblo considera que existe el riesgo de una nueva retardación en las siguientes etapas, por lo que pidió celeridad y cumplimiento de los plazos.
“Como Defensoría del Pueblo hemos hecho un análisis, es cierto y evidente que se tiene una sentencia, pero está aún no se encuentra firme, es decir falta su ejecución, porque el procedimiento penal establece recursos para que la parte que no esté conforme con la sentencia recurra a ellos, como lo son el recurso de apelación restringida y la casación”, manifestó la Delegada Defensorial Departamental de La Paz, Maritza Suntura, según un boletín institucional.
Al margen de los pasos siguientes, los familiares agradecen el trabajo de la abogada Lira, de la activista Tapia y el seguimiento de los medios de comunicación, aunque, como dice Casio Villanueva, el tío de Juana Quispe, “una vida se ha perdido, una mujer valiente” fue acallada.
Juana Quispe fue asesinada en marzo de 2012, luego de dos años de haber sido elegida concejala de Ancoraimes, cargo que no pudo ejercer por el acoso político que sufrió de parte de los seguidores del alcalde y concejales de ese entonces.
Ella era constantemente hostigada, golpeada, perseguida, hasta que un día su cuerpo fue hallado en el río de Orkojahuira de La Paz. Si bien el caso no se basó en la autoría material del crimen, la abogada pudo probar la autoría intelectual de los acusados.
La muerte de Juana Quispe derivó en la aprobación de la Ley contra el acoso político hacia las mujeres, por lo que se convirtió en un caso emblemático.
La sentencia dictada este jueves, destaca Tapia, sienta jurisprudencia para otras mujeres y es un llamado para que haya solidaridad y alianzas entre ellas en el ejercicio de las funciones públicas.
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