Alejandro Almaraz
Las sanciones internacionales son una práctica política de muy larga, amplia y variada trayectoria histórica. No obstante, su posibilidad, frente a la realidad boliviana presente, hace relevantes los antecedentes de su actual aplicación contra las dictaduras de Venezuela y Nicaragua, hermanas de la boliviana (las sanciones contra la dictadura cubana, madre de las anteriores, tienen otra historia y características). Tales sanciones son de dos tipos: las que se aplican contra las personas —naturales— autoras o responsables de las violaciones a los derechos humanos que las motivan (así como a sus familiares, socios y otros allegados), y las que se aplican contra entidades estatales en cuya gestión se sustenta el poder político violador de los derechos humanos.
En conjunto, dichas sanciones tienen la legítima finalidad de penalizar (y consiguientemente disuadir) a los gobiernos destinatarios, por graves violaciones de los derechos humanos que sus respectivos Estados se han comprometido jurídicamente a respetar mediante su suscripción de los instrumentos de derecho internacional que los consagran. Sin embargo, la pertinencia, respecto a esa finalidad, de los dos tipos de sanciones mencionados, ha venido siendo valorada de manera distinta. En efecto, las sanciones contra entidades públicas han sido cuestionadas, desde el propio campo político adverso a las dictaduras sancionadas, al observarse que afectan, además de a sus destinatarios, a una importante población completamente inocente de los actos sancionados. Las sanciones personales, en cambio, solo son discutidas por la jerarquía dictatorial que las sufre muy merecidamente, y, al margen de ella, solo podrían afectar a sus socios, en todo caso conscientes de estar lucrando con un dinero surgido de la violencia y de la corrupción.
La comunidad y la opinión pública internacionales están ya en gran medida —y cada vez más— percatadas de que el Gobierno boliviano del MAS no forma parte del grupo de gobiernos latinoamericanos de izquierda democrática (como suele considerarse a los actuales gobiernos de Brasil, Chile, Colombia o México), sino que, junto a los gobiernos Cuba, Venezuela y Nicaragua, integra el nefasto grupo de las dictaduras latinoamericanas del siglo XXI. Son pues estas dictaduras, y no aquellos gobiernos, las que persiguen y encarcelan a sus opositores, solo por serlo; las que a algunos de ellos les aplican brutales torturas ejemplarizadoras; las que silencian los medios de comunicación social, o imponen en ellos su excluyente versión propagandística de la realidad; las que aplastan y anulan la iniciativa política autónoma de la sociedad civil destruyendo o cooptando a sus organizaciones mediante la intimidación alternada con el soborno; y son ellas las que, con especial relieve revelador de su carácter dictatorial, han cancelado el derecho, esencial a la democracia, de elegir a los gobernantes, suplantando las elecciones auténticas por fraudes y simulacros cada vez más cínicos y alevosos. Es decir, es con esas dictaduras que el Gobierno boliviano comparte la múltiple, grave y sistemática violación de los derechos humanos, como mecánica principal de un mismo y siniestro método integral de gobierno. Y comparte también, como es de obvia necesidad para ellos, su pertenencia al bloque de poder supranacional que ha concebido e implantado aquel método criminal de gobierno para perpetuación en el poder político de sus respectivas oligarquías, y provecho del capital transnacional chino que las financia e inspira. Las diferencias entre esas dictaduras y la que encabeza Luis Arce son de alcance insubstancialmente cuantitativo y provisional. Si las violaciones a los derechos humanos en Bolivia no tienen la misma magnitud que en Venezuela o Nicaragua, es porque la dictadura boliviana avanza un paso atrás de las otras dos en el camino cierto al pleno Estado totalitario ya logrado en Cuba. Pero, a la luz del largo trayecto ya transitado en ese camino, es inminente que ese paso de distancia desaparezca.
Por esta inocultable razón, la realidad que ameritó las sanciones internacionales contra Maduro, Ortega y sus respectivas camarillas, debe —y puede— también determinar las que se aplique a Luis Arce y la suya. Probablemente en este caso sean aún más necesarias, si se considera que con ellas podría impedirse, o al menos limitarse, la inminente evolución de las vulneraciones de los derechos humanos en Bolivia hasta el grado —ya muy próximo— al que han llegado en Venezuela y Nicaragua. En suma, ya va siendo tiempo de que, al menos la Unión Europea y el gobierno federal de los Estados Unidos sancionen a Luis Arce, David Choquehuanca, Eduardo Del Castillo, Iván Lima, el resto del gabinete ministerial, todos los magistrados, jueces, fiscales y funcionarios policiales involucrados en las violaciones de derechos humanos, así como a los familiares y allegados directos de todos ellos, y de que, en virtud a ello, pierdan el patrimonio que tengan o puedan adquirir en el exterior, no puedan residir ni ingresar en una gran cantidad de países, no puedan celebrar contratos ni otros actos jurídicos internacionales, sin perjuicio de otras limitaciones. Sin embargo, para que este justo y preventivo castigo a nuestros verdugos se haga realidad, sus víctimas, que somos la gran mayoría de los bolivianos, de uno u otro modo privados de nuestros derechos humanos, debemos demandarlo. ¡Hagámoslo!
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Alejandro Almaraz es abogado, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UMSS y activista de CONADE-Cochabamba
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