Conferencia de prensa de autoridades de San Buenaventura y la AJAM. Foto: Sumando Voces
Autoridades del municipio de San Buenaventura de la región amazónica paceña llegaron hasta la ciudad de La Paz para solicitar a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) suspender los trámites mineros en su jurisdicción y evitar el otorgamiento de nuevos derechos para esta actividad. Buscan proteger su biodiversidad, sus fuentes de agua y los medios de vida de los pueblos indígenas. La petición fue presentada por el alcalde municipal y representantes del Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA) y del Consejo Municipal, respaldada por una ley municipal que declara al territorio turístico, biodiverso y productivo sostenible, libre de actividad y contaminación minera.
El alcalde de San Buenaventura, Antonio Felipe Mamani, explicó que la norma municipal busca resguardar la vocación turística, agrícola y productiva sostenible de la región. Aclaró que el gobierno municipal no tiene atribuciones para otorgar o restringir derechos mineros, pero sí la responsabilidad de preservar su territorio y defender los intereses de sus comunidades.
“Nuestra responsabilidad es proteger el territorio de San Buenaventura, preservar sus fuentes de agua y defender una vocación productiva sostenible que garantice el bienestar de nuestras comunidades”.
El presidente de la organización indígena, Jorge Canamari Lora, advirtió que existen más de 20 trámites mineros que amenazan el hábitat de las comunidades y alertó sobre los posibles impactos de esta actividad, como la remoción de suelos, la modificación de cauces de ríos y la deforestación.
Canamari señaló que, aunque actualmente no se practica minería ilegal en el municipio, sus efectos se perciben a través de los sedimentos y la contaminación que llegan desde otros sectores de la cuenca del río Beni, donde se desarrolla actividad minera. Mencionó entre las comunidades afectadas a los pueblos Tacana y Ese Ejja, cuyos medios de vida están vinculados a la pesca, la caza y la recolección.
“Pedimos que se suspendan de manera inmediata los trámites en curso”, manifestó el representante indígena, al sostener que la preservación del hábitat natural es fundamental para garantizar la continuidad de los pueblos indígenas y su relación con la naturaleza.
San Buenaventura cuenta con una superficie aproximada de 374.000 hectáreas, de las cuales 116.000 se superponen con el Parque Nacional Madidi. Además, el municipio creó una reserva municipal de 34.000 hectáreas y constituye una de las principales puertas de ingreso a esta área protegida, reconocida por su diversidad de flora y fauna.
La AJAM analizará la normativa municipal
El director nacional de la AJAM, Jaime Sanabria, quien recibió a las autoridades municipales e indígenas, informó que la institución recibió la documentación técnica y legal correspondiente a las leyes municipales presentadas, una referida a la actividad minera y otra a la creación de un área protegida municipal.
La autoridad anunció que la documentación será evaluada mediante un procedimiento técnico-administrativo y puesta en conocimiento de los ministerios de Minería y de Medio Ambiente y Agua, para analizar su compatibilidad con el ordenamiento jurídico vigente.
Explicó que la competencia en materia minera corresponde al Gobierno central, a través de las instancias establecidas por ley. También señaló que para desarrollar una actividad minera legal se requiere contar con un derecho minero otorgado por la autoridad competente y una licencia ambiental emitida por la instancia correspondiente.
Las autoridades de San Buenaventura esperan que la evaluación de su solicitud permita proteger los ecosistemas del municipio y garantizar que las actividades económicas sean compatibles con la conservación ambiental y los derechos de los pueblos indígenas.
