La Alianza Observación Ciudadana de la Democracia (OCD) elaboró una propuesta de reglamento de Veedurías Ciudadanas, con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y asegurar la transparencia en el proceso de preselección de candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y miembros del Consejo de la Magistratura.
Este reglamento surge en respuesta a la necesidad de involucrar activamente a la población en la designación de altas autoridades del Órgano Judicial, quienes desempeñarán un papel crucial en la administración de la justicia de Bolivia.
En consonancia con la Constitución Política del Estado, que subraya el derecho de los ciudadanos a participar en la formación y control del poder político, la Alianza busca promover la transparencia y el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos.
«La alianza OCD Bolivia presenta este Reglamento de Veedurías Ciudadanas para promover el ejercicio de mecanismos de participación y control social, garantizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía para participar en el control de los asuntos públicos, y promover la transparencia en los procesos democráticos que afectan a la vida cotidiana de las personas», refiere una nota de prensa de la alianza OCD Bolivia.
Esta iniciativa se extiende no solo al ámbito gubernamental, sino también a empresas privadas vinculadas a temas de interés público, administración de recursos estatales y prestación de servicios públicos.
La Fundación Jubileo, la Ruta de la Democracia y la Red UNITAS, como parte de la Alianza OCD, destacan la importancia de cualificar el desempeño de la sociedad civil organizada en veedurías, con el fin de contribuir a las condiciones y mecanismos de participación que el Estado debe generar para que los derechos civiles y políticos sean ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación.
Una vez que la OCD proceda a la entrega de este Reglamento de Veedurías Ciudadanas a la Asamblea Legislativa Plurinacional como una iniciativa legislativa ciudadana, se espera que exista la voluntad política suficiente para que esta propuesta se convierta en un mecanismo que el Estado asuma para fortalecer el ejercicio de los derechos civiles y políticos.
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