Locatarios de Tariquía. Foto: Defensoría del Pueblo
La Procuraduría General del Estado se incorporó formalmente al proceso judicial por el caso Tariquía, lo que derivó en la ampliación de plazos y la postergación de dos audiencias previstas para el 9 y 13 de febrero, en las cuales se realizarían pruebas in situ y se definiría el impacto de la exploración petrolera en la reserva. La decisión generó preocupación entre las comunidades tariquieñas, que advirtieron sobre posibles irregularidades y riesgos de exclusión de representantes legítimos en el proceso.
Sumando Voces accedió al «apersonamiento» presentado por la Procuradoria al Juzgado Agroambiental de Entre Ríos en el que expresa su intención de formar parte del proceso como tercero interesado.
La audiencia programada inicialmente para el 9 de febrero de 2026 en el caso Tariquía consistía en una inspección técnica en la zona de Chiquiacá, cercana al pozo Domo Oso X-3, ordenada por el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos en el marco de una Acción Ambiental Precautoria impulsada por la Defensoría del Pueblo contra YPFB, Petrobras y autoridades de Hidrocarburos y Medio Ambiente.
El objetivo era evaluar in situ los impactos del proyecto exploratorio gasífero —ubicado a 1,5 km de la Reserva Nacional—, recopilar pruebas ambientales y decidir si corresponde extender la suspensión provisional de 30 días impuesta en enero, antes de una audiencia pública que debía realizarse el 13 de febrero, con participación de comunidades y expertos.
Sin embargo, el 29 de enero, el juez Clever Marcelo Osorio Guerrero postergó ambas citas a pedido del procurador Hugo César León, quien solicitó unirse al proceso.
El Juzgado Agroambiental de Entre Ríos admitió el apersonamiento del procurador general como tercer interesado en la acción precautoria ambiental y determinó ampliar por única vez el plazo inicial de diez días hábiles para la presentación de informes por parte de las entidades estatales demandadas y de la empresa Petrobras S.A.
En su resolución, la autoridad judicial señaló que varias diligencias de citación no fueron cumplidas oportunamente, debido, entre otros factores, a la vacación judicial en juzgados agroambientales de La Paz y Santa Cruz.
El juez consideró además que, al tratarse de un caso complejo y de relevancia social, resulta necesario fijar plazos razonables que permitan a las partes remitir toda la documentación pertinente antes de la realización de las audiencias, con el fin de contar con los elementos necesarios para emitir una decisión conforme a derecho.
Reclamo del Comité de Defensa
El Comité de Defensa de la Reserva Natural de Tariquía denunció que la reprogramación de la audiencia genera dudas sobre la transparencia del proceso y podría ser utilizada por Petrobras para subsana irregularidades o influir en dirigentes locales. Los comunarios también señalaron que la ampliación del plazo podría limitar su participación a solo ciertos representantes, lo que consideran una vulneración a la legitimidad comunitaria.
Juan Mendoza, representante del Comité y legitimado por las bases comunitarias, afirmó que algunos dirigentes han cambiado de postura por intereses particulares. «Queremos estar presentes y tener voz en esa audiencia”, dijo el líder tariquieño. Además, cuestionó la actuación de la Procuraduría, señalando que no existe justificación legal para prolongar la consulta. “No sabemos por qué el Procurador ha dado espacio para que se amplíe este proceso. Lamentamos su actuación”, dijo.
El Comité insistió en que las comunidades han ratificado su rechazo al ingreso de proyectos petroleros, respaldado por resoluciones y votos previos, y que la audiencia pública es clave para garantizar la transparencia y la defensa del territorio. También advirtieron que toda la reserva, incluyendo el campo de Churuma, donde ya existe actividad petrolera, se encuentra en riesgo si se permite que la empresa continúe operando bajo procesos dilatados.
Los comunarios exigieron que la audiencia sea reprogramada con presencia de medios de comunicación, para que la población tarijeña conozca la legalidad de los documentos presentados y las verdaderas intenciones de Petrobras.
Aquí puede leer el apersonamiento del Procurador del Estado:
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