Comitiva que forma parte del operativo de desalojo de presuntos avasalladores. Foto: Antena 200
Los recientes operativos de desalojo de predios ocupados por presuntos avasalladores en Santa Cruz han vuelto a colocar en la agenda pública uno de los casos más graves de violencia e impunidad contra la prensa en Bolivia: Las Londras, ocurrido en octubre de 2021, cuando grupos armados atacaron, retuvieron y amenazaron a periodistas que realizaban la cobertura de un operativo similar.
Así lo advirtió Zulema Alanes, representante de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), quien señaló que las acciones actuales de las autoridades departamentales deben ir acompañadas de una revisión y reactivación efectiva de los procesos judiciales pendientes por aquel hecho, considerado emblemático por la gravedad de los delitos cometidos y la falta de sanciones.
“Las Londras representa uno de los hechos de violencia con mayor grado de impunidad flagrante en términos de afectación directa, no solamente a la afectación física , sino a la vida de seis periodistas”, recordó Alanes, recordó Alanes.
El ataque de 2021 ocurrió cuando periodistas acudieron a cubrir la denuncia de un empresario que alegaba avasallamiento de sus tierras. En el lugar fueron interceptados por grupos armados, secuestrados, golpeados, amenazados de muerte y retenidos de manera ilegal. A más de cuatro años de los hechos, el proceso judicial continúa retrasado, según Alanes, por maniobras legales utilizadas por los presuntos responsables.
Para la ANPB, la reaparición de operativos de desalojo sin que exista justicia en el caso Las Londras genera un escenario de alto riesgo para la prensa, más aún cuando se trata de conflictos por la tierra, donde históricamente se han registrado hechos de violencia extrema.
La preocupación se intensificó luego de que, en un operativo reciente encabezado por autoridades departamentales, un camarógrafo resultara herido y un periodista afectado mientras realizaban cobertura en el lugar, un hecho que refuerza las alertas sobre la falta de garantías para el ejercicio periodístico.
La comitiva fue atacada por grupos violentos que bloquearon la vía, apedrearon vehículos y generaron una situación de alto riesgo, poniendo en peligro la integridad física de autoridades, funcionarios públicos y, de manera particular, de periodistas que cumplían labores de cobertura informativa.
Alanes sostuvo que los acontecimientos recientes demuestran que los grupos avasalladores continúan operando en distintas regiones del departamento, apropiándose de tierras que pueden ser privadas, fiscales o incluso territorios indígenas, poniendo en riesgo no solo la seguridad de quienes informan, sino también la existencia misma de pueblos indígenas originarios.
“Estos hechos ya ocurrieron antes y quedaron en la impunidad. Esperamos que esa impunidad no se repita en la actual gestión de gobierno y que se investigue y sancione a los responsables”, enfatizó.
Pronunciamiento
La ANPB y la Asociación de Periodistas de Santa Cruz (APSC) emitieron un pronunciamiento en el que condenaron los «violentos ataques de avasalladores» contra los periodistas durante el operativo que se dirigía a Las Londras.
«Expresamos nuestro más enérgico rechazo a los hechos de violencia contra periodistas y trabajadores de la prensa que acompañaban una comitiva oficial que se dirigía a la provincia de Guarayos, en el departamento de Santa Cruz, para la ejecución de operativos de desalojo de predios avasallados», señala el documento.
Estos hechos afectaron de manera particular al periodistas Yerko Guevara y al camarógrafo Herland Nuñez de la red Unitel. Las organizaciones de la prensa señalaron que estos hechos constituyen una grave agresión al ejercicio del periodismo y una vulneración directa al derecho de la población a recibir información sobre asuntos de evidente interés público.
“Esperamos que la impunidad que marcó el caso Las Londras no se repita. Es imprescindible que estos hechos se investiguen y que se sancione a los responsables, para evitar que la violencia contra la prensa vuelva a normalizarse”, puntualizó Alanes. La ANPB y la APSC exigieron justicia, garantías y protección para quienes ejercen el periodismo en Bolivia.
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