Uno de los incendios de 2023. Foto: Capura
La Procuraduría General del Estado anunció que pronto iniciará la reversión de tierras en los predios donde se produjeron incendios forestales de forma ilegal, con el argumento de que contradicen el principio constitucional de la función económica y social.
Para concretar esa advertencia, la institución emitió en enero de este año un dictamen “de cumplimiento obligatorio”, en el que se dispone que sean la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), así como el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), las instituciones encargadas de hacer cumplir con la disposición.
“De la recopilación de la información concluimos que un chaqueo no autorizado, ilegal, va contra del principio constitucional del cumplimiento de la función económica y social y por tanto es causal de la reversión de las tierras”, indicó el viernes pasado el procurador general, Cesar Siles, durante el programa Verdades Ocultas que se emite en la red Erbol y que es conducido por el activista Pablo Solón.
Agregó que, a partir de enero, tanto la ABT como el INRA “han empezado a trabajar en el cumplimiento del dictamen”.
¿Pero cuál es el avance en el proceso de reversión? Siles dijo que se tendrá información concreta “los próximos días”.
“Yo digo que tendremos buenas noticias, porque así sea un proceso de reversión de tierras, es un punto a favor del medio ambiente, vas a sentar un precedente, vas a dar un ejemplo. No estamos hablando de propiedades pequeñas, sino de propiedades grandes, medianas, de pastoreo, dedicadas a la agricultura, lugares donde pudieron evitarse los chaqueos e incendios, lugares donde nunca debió realizarse esa práctica y peor si no tenían autorización, tiene que iniciarse el proceso de reversión de tierras”, enfatizó Siles.
El procurador aclaró que este dictamen no requiere nueva legislación ni añadir nuevas competencias a su despacho, sino que ya está contenido en la Constitución desde el año 2009, cuando se estableció “La función económica social debe entenderse como el empleo sustentable de la tierra en el desarrollo de actividades productivas, conforme a su capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su propietario. La propiedad empresarial está sujeta a revisión de acuerdo con la ley, para verificar el cumplimiento de la función económica y social”.
Por tanto, considera que “es de cumplimiento obligatorio per sé”. Agregó que en febrero se realizó un encuentro con instituciones competentes y “una de las conclusiones es la pronta implementación de dictamen 001/24”.
El dictamen fue emitido luego de una investigación sobre las quemas, que el año pasado dejaron más de 3 millones de hectáreas de bosque destruido en el país, particularmente en Beni.
¿Cuáles son las propiedades comprometidas?
Pero cuáles son las propiedades comprometidas con la quema ilegal. Según datos revelados por la Vicepresidencia del Estado a partir de una investigación del INRA, son 10 propiedades medianas del departamento del Beni que suman daños por 43.647 hectáreas.
La lista, que fue publicada en el sitio web de la Fundación Solón, es la siguiente:
Según esta investigación, el 37% de los incendios ocurrieron en predios de empresarios medianos.
No es la única medida
Siles explicó que la Procuraduría constitucionalmente es una institución de defensa de los intereses del estado, particularmente en materia de inversiones, Derechos Humanos y medio ambiente.
En ese marco, explicó que se han iniciado dos investigaciones especializadas, la primera emergente de los chaqueos e incendios del año pasado y la segunda a principios de este año sobre la minería ilegal.
En octubre del año pasado se emitió la primera resolución procuradurial con la finalidad de: 1) instruir el relevamiento de información sobre proyectos ejecutados por el Estado para proteger el medio ambiente, 2) disponer una investigación de la normativa nacional e internacional para determinar su eficacia, 3) ordenar el desarrollo de un procesos investigación que identifiquen antecedentes, análisis fáctico y documental, así como recolección y sistematización de información que precise presuntos responsables, daños ambientales causados y determine acciones de defensa de los intereses de estado. De ahí emergió el dictamen 001/2024 que ordena la reversión de tierras.
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