Participantes del Eje Tierra y Territorio en el Pre Fospa 2026. Foto: Sumando Voces
Las organizaciones indígenas y campesinas amazónicas que participaron en el eje temático Tierra y Territorio del Pre FOSPA Bolivia demandaron la aprobación de una Ley Especial de Desarrollo Integral Sustentable del Norte Amazónico “Bruno Racua”, el respeto a la consulta previa, libre e informada y el fortalecimiento de la seguridad jurídica de los territorios, al tiempo que rechazaron cualquier intento de reconversión o reclasificación de la pequeña propiedad agraria por considerar que pone en riesgo los derechos territoriales de los pueblos amazónicos.
Este es uno de los cinco ejes que desarrolla el Pre Foro Social Panamazónico (Fospa), desarrollado en Riberalta, Beni, organizado por el Programa NINA de la Red UNITAS, la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático y la Fundación Solón. También participan el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca) y el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS).
Las conclusiones del encuentro advierten que la creciente demanda global de minerales críticos, agua, bosques y biodiversidad está incrementando las presiones sobre la Amazonía mediante la expansión de actividades extractivas, agroindustriales y proyectos de infraestructura, situación que, según las organizaciones, amenaza los derechos colectivos, la libre determinación de los pueblos y la integridad de los territorios indígenas y campesinos.
En ese contexto, los participantes expresaron su preocupación por iniciativas normativas que, a su juicio, favorecen intereses empresariales y el avance del extractivismo. Por ello, ratificaron la necesidad de una legislación especial para la Amazonía y rechazaron propuestas que permitan la reconversión de la pequeña propiedad, al considerar que podrían promover la concentración de tierras y debilitar las garantías constitucionales existentes.
Las organizaciones también denunciaron el incumplimiento del régimen especial amazónico establecido en la Constitución Política del Estado y la limitada participación de pueblos indígenas y comunidades campesinas en la elaboración de normas que afectan sus territorios. En respuesta, demandaron garantizar procesos de consulta previa, libre e informada y una participación efectiva en la reglamentación e implementación de políticas públicas vinculadas a la Amazonía.
Otro de los planteamientos centrales fue fortalecer la seguridad jurídica de los territorios mediante la agilización del saneamiento de tierras, la prevención de avasallamientos y el fortalecimiento de las autonomías territoriales y del autogobierno indígena como mecanismos para garantizar la libre determinación de los pueblos amazónicos.
El documento también alerta sobre el incremento de la criminalización, persecución y judicialización de dirigentes y defensores de derechos humanos y territoriales. Frente a esta situación, las organizaciones propusieron impulsar mecanismos de acompañamiento jurídico, denuncia e incidencia nacional e internacional, además de acciones de protección colectiva para quienes defienden la tierra y los territorios.
Asimismo, plantearon fortalecer las capacidades organizativas, jurídicas y de comunicación de dirigentes, mujeres y jóvenes, promover la participación efectiva de las juventudes y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres sobre la tierra y el territorio.
Las conclusiones del eje temático sostienen que la defensa de los derechos colectivos y de los territorios amazónicos requiere fortalecer la unidad de las organizaciones indígenas y campesinas, preservar su independencia político-partidaria y consolidar espacios de articulación frente a las amenazas derivadas del avance del modelo extractivista en la región amazónica.
