Participantes del eje Cambio Climático del Pre FOSPA. Foto: Sumando Voces
Las organizaciones y actores que participaron en la Mesa de Crisis Climática, Deforestación e Incendios Forestales del Pre FOSPA Bolivia acordaron impulsar una agenda de acciones que incluye la creación de una ley de protección para defensores ambientales, la aprobación de una Ley de Bosques y la realización de una consulta previa, libre e informada sobre cualquier normativa vinculada a los mercados de carbono, entre otras demandas, como parte de los mandatos que serán llevados al XII Foro Social Panamazónico (Fospa) que se realizará en Puyo, Ecuador.
Este es uno de los cinco ejes que desarrolla el Pre Foro Social Panamazónico (Fospa), desarrollado en Riberalta, Beni, organizado por el Programa NINA de la Red UNITAS, la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático y la Fundación Solón. También participan el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca) y el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS).
Las propuestas surgieron tras el análisis de los impactos de la crisis climática, la deforestación y los incendios forestales en la Amazonía boliviana, fenómenos que, según el documento consensuado por la mesa temática, están vinculados a la expansión de actividades extractivas, el avance de la frontera agrícola, la agroindustria, la ganadería de exportación y la minería.
Entre las principales medidas planteadas figura la creación de una ley específica para la protección de defensoras y defensores ambientales, incluidos bomberos voluntarios, activistas, lideresas y líderes comunitarios, ante los riesgos que enfrentan en el ejercicio de su labor. Asimismo, se propuso impulsar la legalización e implementación efectiva del Acuerdo de Escazú y avanzar en la tipificación del ecocidio en la legislación boliviana.
La mesa también demandó la aprobación de una Ley de Bosques con seguimiento de comunidades y organizaciones sociales durante su tratamiento legislativo, además de la derogación de la Ley Forestal Nº 1700 y la abrogación del denominado “paquete de normas incendiarias”, al que atribuyen la ampliación de desmontes y quemas en el país.
Respecto a los mercados de carbono, los participantes expresaron preocupación por el avance de iniciativas legislativas relacionadas con la comercialización de créditos de carbono. En ese marco, exigieron que el Proyecto de Ley 060/25 y cualquier otra normativa sobre el tema sean sometidos a procesos de socialización y consulta previa, libre e informada con pueblos indígenas y comunidades campesinas antes de su aprobación.
El documento señala que los mercados de carbono no representan una solución a la crisis climática y advierte que podrían trasladar la responsabilidad de reducir emisiones hacia los territorios que conservan los bosques, sin garantizar una participación efectiva de las comunidades en la toma de decisiones.
Además de las reformas normativas, la agenda incluye propuestas para fortalecer la prevención y respuesta a incendios forestales mediante la capacitación y equipamiento de bomberos voluntarios y cuadrillas comunitarias; la creación de gestores ambientales comunitarios y guardaparques indígenas; la implementación de impuestos a sectores responsables de emisiones y deforestación; y la conformación de mecanismos de seguimiento para garantizar el cumplimiento de los acuerdos adoptados.
Los participantes sostuvieron que la Amazonía boliviana enfrenta una crisis provocada por un modelo de desarrollo que prioriza la expansión extractiva sobre la conservación de los bosques y señalaron que la protección de los territorios indígenas y las áreas protegidas debe ocupar un lugar central en cualquier estrategia para enfrentar la crisis climática y la pérdida de cobertura forestal.
