Frontis de la FELCC en Oruro y el policía Jasmmany Chambi en Santa Cruz, descubierto protagonizando actos obscenos en vía pública.
Nuevamente, otros dos casos de abuso policial en contra de periodistas se suscitaron en los últimos días en las ciudades de Oruro y Santa Cruz. El primer caso tiene al periodista Lamdo Gómez como víctima. El pasado 5 de enero, él se dirigió al Comando Departamental de la Policía de Oruro para tomar imágenes de la captura del presunto autor de un asesinato en Huanuni, pero en su labor fue agredido física y verbalmente por un oficial.
Gómez, según su relato, fue el domingo a cubrir la captura de este presunto sospechoso y al momento de tomar las imágenes, un oficial de la Policía, de nombre Hans Ríos, le impidió grabar imágenes y le pidió que se retirara, ante la negativa del periodista, éste optó por agredirlo, intentó arrebatarle la cámara y luego de la trifulca lo detuvo y ordenó que fuera enviado a una celda.
“Cuando terminamos de sacar las imágenes, un teniente de apellido Ríos se apersona y me indica que no podemos grabar imágenes. Mi cámara estaba apagada y me dice que me debo retirar. Me empezó a forcejear y me quiso doblar el brazo izquierdo. Agarré el celular y lo pasé a la mano derecha y como manejamos la cámara encendida, apreté el botón para grabar. Es ahí cuando con la otra mano me quita el celular y me dice que usted va a ser arrestado. Me lleva a celdas de las FELCC e instruye al responsable de la carceleta que me meta a celdas y me dice que me quite los guatos de los tenis”, relató el periodista.
No sólo fue la agresión física. En medio de su retención, el comandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Oruro, Martín Tadeo Arequipa, mandó a llamar al periodista para exigirle que borre las imágenes que tenía guardadas en su celular. Según el periodista, el policía le dijo que “si se van a filtrar las imágenes iba a tener serios problemas”. Finalmente, el periodista fue liberado.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la Asociación de Periodistas de Oruro expresaron su repudio por este hecho y mencionaron que el acto constituye una flagrante vulneración a la libertad de expresión y de prensa. “No es la primera vez que periodistas son víctimas de abusos policiales. Existen precedentes de agresiones físicas y atentados contra trabajadores de la prensa. Este nuevo atropello evidencia un preocupante patrón de impunidad que debe ser erradicado”, se lee en el comunicado.
Un policía demandó a dos periodistas a borrar imágenes de sus actos obscenos
A fines de diciembre, un policía vestido de civil y en presunto estado de ebriedad fue descubierto por un grupo de vecinos en un acto obsceno, junto a una mujer, al interior de un vehículo que estaba estacionado en la zona del plan 3.000 en la ciudad de Santa Cruz. Los vecinos filmaron el hecho.
Los periodistas Franklin Cisternas y Deymar Lazarte difundieron ese video por sus páginas en redes sociales y días después fueron notificados con una acción de protección de privacidad presentada por el policía Jasmmany Chambi, quien demandó a los comunicadores por violar su derecho a la intimidad, al honor, a la imagen personal, a sus datos personales y al debido proceso.
En su demanda, no sólo pedía la “inmediata retirada y eliminación del video”, sino que se inicie una investigación para determinar la responsabilidad de los periodistas por vulnerar su derecho a la privacidad y que se lo indemnice por el “daño moral causado”.
“Por el tema de vulneración de derechos de la mujer, decidimos cubrir la imagen de ella, pero no de este señor, de este policía, debido a que éste estaba cometiendo este delito en flagrancia y los vecinos lo interceptaron, ahí no se puede apelar a este derecho de la intimidad”, mencionó el periodista Cisternas en su programa matinal “De Mañanita”.
La abogada Raquel Guerrero informó que, en la audiencia de acción de amparo, la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz determinó rechazar la acción presentada por el policía. “La sala determinó denegar y no ordenó ningún pago. Sólo pidió que el caso se remita al Ministerio Público y se investigue al policía, porque lo que hacía el policía cuando fue filmado por los vecinos, es un delito”, declaró la jurista.
Guerrero precisó que en este caso no hay daño a la intimidad, dado que el policía y su pareja, de manera consentida, cometieron el acto en vía pública.
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