La Cámara de Diputados intenta aprobar un crédito sin abordar el paquete incendiario. Foto: Captura
Pese a la reciente declaración de desastre nacional por los incendios forestales, el Gobierno cedió ante las demandas de los interculturales para flexibilizar las quemas y el oficialismo decidió priorizar la aprobación de créditos en la Cámara de Diputados frente a la abrogatoria del paquete de leyes incendiarias, algunas de las cuales ya fueron anuladas en el Senado, pero esperan su tratamiento en la Cámara de Diputados.
El ministro de Medio Ambiente, Alan Lispenguer, firmó un acuerdo con los interculturales de Beni, quienes hicieron un bloqueo de caminos desde el martes de la semana pasada para exigir la modificación de los decretos 5203 y 5225. El primero elevaba las multas por las quemas ilegales y el segundo declaraba pausa ambiental en Bolivia, es decir, dejaba sin efecto las quemas.
Sin embargo, luego del acuerdo suscrito el fin de semana, el Gobierno acordó regionalizar la aplicación de la pausa ambiental, lo que significa que no se aplicaría de igual forma para todos y, por otro lado, decidió abordar abrir la puerta para reducir las multas. Los decretos fueron aprobados entre el 21 de agosto y el 11 de septiembre, en medio de la crisis ambiental que ha dejado más de 7 millones de hectáreas quemadas.
Frente a este convenio, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) ha denunciado, mediante un comunicado, que «el gobierno de Luis Arce a través de su Ministro de Medio Ambiente y Agua MMAyA, Alan Lispenguer, ha comprometido la modificación de los Decretos Supremos 5203 y 5225 sobre sanciones por chaqueos y declaratoria de pausa ambiental, a sectores interculturales de la FEPAY de Yucumo y FECAR de Rurrenabaque, para que continúen chaqueando y en consecuencia continúen quemando».
Pero, no es la única decisión que va a contramano de la declaratoria de desastre nacional, otra tiene que ver con la agenda de la Cámara de Diputados. La tarde de este jueves, ese cuerpo legislativo decidió proceder a la aprobación de un crédito de la CAF por 875 millones de dólares, pero se negó a cambiar el orden del día para tratar el paquete de leyes incendiarias.
El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui trataba de explicar la necesidad de aprobar el crédito en medio de los gritos de los opositores.
El ministro aseguró que los fondos se destinarán exclusivamente a la lucha contra los incendios. Reveló planes para aumentar la capacidad de respuesta ante las llamas, incluyendo la incorporación de dos aviones Taker, que se sumarán al avión cisterna Electra Tanker T481 que llegó al país el 21 de septiembre. También se prevé la entrega de aproximadamente 700 cajas guardián, 8 cisternas de agua y el despliegue de 2.000 bomberos forestales, así como 14 vehículos operativos y 4.050 policías, según un reporte de Brújula Digital.
El jefe de bancada de CC, Enrique Urquidi, planteó en el pleno la necesidad de cambiar el orden del día. “Solicitamos de manera formal y oficial la dispensación de trámite y la alteración del orden del día para tatar de manera urgente, todo ese paquete de las leyes incendiarias que ya el pasado 12 de septiembre el Senado abrogó, y que está aguardando que en Diputados que concluya el trámite, en consideración de que estas leyes incendiarias son las que han alentado, promovido y fomentado el desastre ambiental del cual todos somos víctimas”, expuso.
La senadora Cecilia Requena, que este jueves participó del programa Sumando Voces en Directo, denunció que esta es una demostración de que el Gobierno no quiere abrogar las leyes incendiarias.
“Es una contradicción. Si realmente les interesa luchar contra los incendios no pidan créditos para solucionar las consecuencias de los incendios, tengan la decencia de acabar con las normas incendiarias y luego pedir la plata para resolver los problemas, pero queda claro que el Gobierno no quiere abrogar las normas incendiarias”, dijo la Senadora.
Se denominan leyes incendiarias a aquellas que promueven las quemas hasta 20 hectáreas por predio y establecen perdonazos para los infractores de los chaqueos.
El 30 de septiembre, el gobierno declaró desastre nacional para atender la emergencia.
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