Periodista de El Deber es amenazada y las asociaciones exigen investigar y sancionar a los responsables

Democracia

|

|

Sumando Voces

Nithyananda Paramashivam, líder del inexistente país de Kailasa, que está detrás del intento de arrendamiento de tierras denunciado por Vincenti, se autoproclama dios. Foto: Inatagram @srinithyananda

La periodista de El Deber, Silvana Vincenti, especializada en temas medioambientales y que hace cobertura de la problemática de la tierra, sufrió amenazas que salieron del teléfono de un dirigente del Baure, Pedro Guasico, luego de haber informado sobre un presunto negociado que involucra a dirigentes, consistente en el intento de “arrendamiento perpetuo” de 60 mil hectáreas de ese territorio por 108 mil dólares anuales en favor de un país ficticio, denominado Estados Unidos de Kailasa, que también tiene antecedentes similares en Ecuador y Paraguay.

“Tras la publicación de la nota, en la cual se revela la existencia de un acta que consentimiento para la firma de un contrato de “arrendamiento perpetuo” de 60 mil hectáreas de territorio Baure por 108 mil dólares anuales, un dirigente de esta comunidad envió un mensaje amenazante a la periodista”, denuncia el diario El Deber en su edición de este martes.

«Niña, te metiste con la nación equivocada», comienza el audio enviado. «No sabes con quien te has metido», se escucha en el mismo mensaje, según el reporte de El Deber.

Frente a este nuevo atropello a la libertad de expresión, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, la Asociación de Periodistas de Santa Cruz y el Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz expresaron “su más firme rechazo y preocupación ante las amenazas” y calificaron el hecho como “inaceptable”.

“La periodista Silvana Vincenti ha demostrado un compromiso incansable con la verdad y la transparencia, revelando negociados y abusos relacionados con tierras, esencial para el ejercicio de un periodismo libre y responsable. Su trabajo es un referente de la importancia del periodismo de investigación en la lucha contra la corrupción y la impunidad”, señala el comunicado de las asociaciones.

Las entidades firmantes, además, instan a las autoridades competentes, a tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad y el bienestar de Silvana Vincenti, así como de todos los periodistas que enfrentan situaciones similares. “Es fundamental que se respeten y protejan los derechos humanos, la integridad física y el derecho al trabajo de los comunicadores, tal como lo establece la Constitución Política del Estado”, señalan.

“Hacemos un llamado a la sociedad boliviana, a sus autoridades y a la comunidad internacional para que se unan en defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión y el acceso transparente a la información. La labor de las y los periodistas es esencial para la democracia y el bienestar de nuestra sociedad. No podemos permitir que la intimidación y el miedo silencien las voces que buscan la verdad y la justicia”, indican en otro apartado, las que también piden firmeza y celeridad “para prevenir cualquier violación a los derechos de los periodistas y garantizar un entorno seguro para el ejercicio del periodismo”.

La más reciente publicación de El Deber, donde se ve al diputado Herbert Taboada en la sede del país ficticio llamado Kailasa.

También te puede interesar:

Comparte:

Noticias

más leídas

Indígenas, mujeres y jóvenes plantean una agenda para superar la crisis en 9 ejes

“Tu hija ha cavado su tumba”: Dirigentes de Chushuara, cerca del Madidi, denuncian que mineros ilegales les amenazan y afectan su territorio

Líder indígena del TIPNIS sufre grave accidente y requiere ayuda para cubrir cirugías y otros gastos médicos

Jubileo advierte que el ajuste económico podría empujar a 514.000 personas a la pobreza

La ciudad de Santa Cruz lidera el crecimiento del trabajo asalariado urbano en Bolivia

Bolivia registra más de 1.450 denuncias de trata desde 2024: mujeres y niñas siguen siendo las mayoría de las víctimas

Autoridades y juventudes de 10 municipios cruceños fijan compromisos para atender las demandas juveniles

Estado de excepción: entre la protección del orden público y la restricción de derechos

Oficialismo prevé reformar la CPE hasta fines de 2027, con referendo incluido; legisladores plantean avanzar en mesas de trabajo