Desastre en Andavilque. Foto: RRSS
La Red de Protección Ambiental de Potosí presentó un pronunciamiento con más de 20 exigencias concretas a autoridades nacionales, departamentales y municipales para frenar la contaminación minera, garantizar la salud pública y proteger el agua en la región. El documento fue respaldado por organizaciones vecinales, comunidades indígenas y colectivos juveniles, que advierten que el deterioro ambiental avanza más rápido que las acciones del Estado.
Entre las principales demandas se encuentran la elaboración de un inventario y monitoreo público de diques de colas, la implementación de planes de remediación y cierre seguro, y la suspensión de operaciones con riesgo inminente. También se solicita atención médica especializada para poblaciones con intoxicación por metales pesados y la apertura de investigaciones penales por delitos ambientales, con sanciones efectivas a las empresas y cooperativas responsables.
El pronunciamiento menciona casos recientes de desastres mineros en Potosí, como el colapso de diques de Fedecomin en 2022 y de Comibol en Andavilque en 2024, que provocaron la contaminación de ríos y suelos agrícolas. Además, se documenta la afectación de vertientes en comunidades indígenas y urbanas debido a la ausencia de control y a la falta de licencias ambientales en varios proyectos.
La Red también advierte sobre el riesgo que implicaría la explotación de litio en zonas frágiles como la serranía del Kari Kari y el sector sur del Salar de Uyuni. Argumentan que el alto consumo de agua dulce y salada en estos procesos podría agravar la crisis hídrica en comunidades que ya enfrentan escasez. Por ello, piden información pública sobre el estado de las fuentes de agua y el volumen utilizado por empresas como San Cristóbal.
Otro de los puntos centrales es la exigencia de aplicar el Acuerdo de Escazú para garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales y la protección de defensores de la naturaleza, quienes —según la Red— han sido objeto de amenazas y hostigamientos por denunciar la contaminación. Insisten en que este tratado internacional, ya ratificado por Bolivia, debe pasar del papel a la acción.
Las organizaciones recalcan que Potosí no debe seguir siendo un “pueblo de sacrificio” para sostener la economía extractiva del país. Denuncian que, mientras los beneficios económicos se concentran en pocas manos, las comunidades locales cargan con el costo ambiental y social de la actividad minera, sin recibir compensaciones ni planes de desarrollo sostenible.
La meta, concluye el pronunciamiento, es construir un Potosí vivo y saludable para las generaciones futuras, donde la minería no se imponga sobre el derecho al agua, la salud y un ambiente sano. Para ello, instan a un diálogo real con el Estado y a una vigilancia ciudadana activa que evite que los compromisos queden en simples declaraciones.
Lea el pronunciamiento completo aquí:
También le puede interesar:
