La disposición de pagar por una acreditación para la cobertura periodística del carnaval de Oruro ha generado una alerta sobre la restricción que esta acción supone al derecho a la información y el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa.
En enero, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro emitió un comunicado a través del cual informó que la credencial para la cobertura del carnaval costará entre 20 a 230 bolivianos (equivalente a 3 y 33 dólares), según la procedencia del trabajador de la prensa. Periodistas de Oruro pagan lo mínimo y quienes provengan de otros departamentos o del exterior, montos más elevados.
Para el presidente de la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI), Gabriel Romano, esta determinación del Sindicato es un “cobro por trabajar” en la cobertura de un evento público. “Esto es inaudito, la sola idea de proponer el pago de la acreditación implica una vulneración a la libertad de prensa”, denunció.
El 30 de enero, la ACPI envió al sindicato una carta en la que esgrime que esta disposición contradice los procedimientos del trabajo periodístico; va en contra de la declaración de la UNESCO que recomienda la difusión universal y por todos los medios sin restricciones del carnaval de Oruro, declarado como Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, y, tercero, desconoce la realidad laboral de muchos periodistas.
Es así como la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, la ACPI, la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia y la Asociación de Medios Digitales de La Paz emitieron un pronunciamiento conjunto el 14 de febrero, por el que establecen la decisión de no pagar por esta acreditación y cubrir el carnaval con las credenciales otorgadas por sus medios o asociaciones periodísticas.
Esta decisión generó que el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro determine, por un lado, ratificar los montos para la acreditación y, por el otro, la declaratoria de persona no grata a la presidenta de la ANPB, Zulema Alanes, “por mellar la dignidad” de esta organización al hacer declaraciones en los medios con “criterios equivocados y pleno desconocimiento de los antecedentes para la acreditación”.
La secretaria ejecutiva del sindicato, Estela Llanque, mencionó que hace más de 30 años que el Sindicado se ha encargado de acreditar a periodistas para el carnaval y atribuye este conflicto a una falta de coordinación y comunicación. Considera que esta no es una vulneración a la libertad de prensa y que, si los periodistas deciden no acreditarse, éste no será un impedimento para que cubran el carnaval.
“Si no quieren acreditarse no hay problema, pueden realizar la cobertura, nadie les va a prohibir hacer la cobertura. Desde cualquier lugar, cualquier persona puede hacer la cobertura. No es obligatorio, ni tampoco es un requisito indispensable”, declaró Llanque al Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS.
Respecto a la declaratoria de persona no grata contra Alanes, Llanque apuntó que ésta responde a que sus declaraciones fueron “arbitrarias” y generaron preocupación en los afiliados al sindicato.
Al respecto, la presidenta de la ANPB mencionó que no toma esta declaración de manera personal, sino como un efecto por la defensa orgánica de la libertad de prensa, de la libertad de expresión y del derecho de acceso a la información pública.
“Luego de la declaración de persona no grata decidida en una asamblea del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro quiero destacar y agradecer el respaldo y múltiples voces desde las bases del periodismo y desde las organizaciones representativas del sector. Ese es el norte y centro de nuestra afirmación, esas manifestaciones de apoyo reconocen la credibilidad con la que realizamos nuestro trabajo”, declaró Alanes al Observatorio.
En ese marco, mencionó que continuará con su labor de demandar la suspensión de los cobros para la cobertura del carnaval de Oruro.
La credencial del sindicato, según Llanque, permitirá a los periodistas acceder a un seguro de vida que se entrega por primera vez este año, también al acceso a cuatro tarimas que estarán disponibles para la cobertura de la entrada folklórica del carnaval, entre otros beneficios.
Marco Antonio Flores, presidente de la Asociación de Periodistas de Oruro, mencionó que se extremarán esfuerzos para que los periodistas de otros departamentos y del exterior, que asistan al carnaval de Oruro, puedan desarrollar su trabajo sin problemas.
“Como asociación vamos a extremar los esfuerzos para que se logre la cobertura. Que se despeje la duda del clima de adversidad contra colegas bolivianos o extranjeros. Que este impasse no sea un hecho de que en Oruro habrá clima hostil o adverso hacia los periodistas”, declaró.
Desde la Alcaldía de Oruro, una fuente contactada por el Observatorio, cuya identidad se mantiene en reserva, mencionó que este cobro “no está bien” y que debe ser solucionado entre los gremios periodísticos.
En la página de Facebook del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro, se observan comunicados de 2019 y 2020 en los que no se evidencia cobro alguno por la acreditación. Los montos aparecen en los comunicados de 2022 en adelante. Particularmente en 2024 es cuando se observa un incremento desproporcional en el cobro, con referencia a otros años.
Análisis del Programa Defensores de UNITAS
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) en su artículo 13 reconoce el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
De acuerdo a la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la libertad de expresión tiene dos dimensiones, y que requiere “por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno”. Ambas dimensiones son igualmente importantes y deben garantizarse simultáneamente.
Conforme al artículo 13.3 de la CADH, “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares (…), además, según el artículo 13.2 del mismo instrumento, cualquier limitación a este derecho debe estar expresamente fijada por la ley y ser necesaria para asegurar:
1. El respeto a los derechos o la reputación de los demás.
2. La protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas.
En este sentido, cualquier restricción arbitraria a la libertad de expresión afecta también el derecho de la sociedad a informarse. Además, la libertad de expresión requiere acceso equitativo a los medios de comunicación, la Corte ha señalado que la pluralidad de medios o informativa constituye una efectiva garantía de la libertad de expresión, existiendo un deber del Estado de proteger y garantizar este supuesto, en virtud del artículo 1.1 de la Convención, por medio, tanto de la minimización de restricciones a la información, como por medio de propender por el equilibrio en la participación, al permitir que los medios estén abiertos a todos sin discriminación, puesto que se busca que “no haya individuos o grupos que, a priori, estén excluidos”.
La libertad de expresión es un pilar fundamental de las sociedades democráticas y un derecho esencial para el ejercicio pleno de la ciudadanía, el respeto a las opiniones disidentes es clave para la convivencia democrática, ya que permite el intercambio de ideas y el cuestionamiento de visiones hegemónicas sin temor a represalias. La pluralidad de voces fortalece el debate público y enriquece la construcción de sociedades más justas y equitativas. En este contexto, la solución pacífica de los conflictos a través del diálogo, respetando ante todo las libertades fundamentales, se erige como una herramienta imprescindible para superar diferencias y prevenir la violencia.
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