La dirigencia cruceña de los periodistas fija posición ante la citación de la Fiscalía. Foto: Asociación de periodistas de Santa Cruz
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y las nueve asociaciones departamentales rechazaron la citación judicial realizada por la Fiscalía de La Paz, a siete periodistas y trabajadores de la prensa de Santa Cruz, entre los que se encuentra la presidenta de la Asociación cruceña, Maggy Talavera, para comparecer como testigos en un caso que no tiene relación con su labor periodística.
Asimismo, denunciaron que se trata de “un acto de hostigamiento con fines políticos hacia los periodistas, contrario a los estándares de protección de la libertad de expresión”. Talavera denunció en su cuenta de Facebook “persecución política”.
La citación fue emitida por el fiscal anticorrupción Hernán Kieffer y entregada por WhatsApp por el policía en el marco de un proceso penal interpuesto contra el concejal Gilbert Tapia acusado de financiar los bloqueos que derivaron en graves hechos de violencia contra policías y periodistas en el municipio de Mairana, en octubre pasado, en el marco de la pugna interna del MAS.
La conminatoria señala que los periodistas deben declarar en La Paz, pero no indica cómo se financiará el viaje de todos ellos y agrega que si no se presentan podrían ser aprehendidos.
“Recordamos que los periodistas no pueden ser procesados por la vía penal o comparecer como testigos bajo amenaza de aprehensión por divulgar información, por tanto, exigimos revisar y rectificar las referidas citaciones en apego a las garantías establecidas en los artículos 106 y 107 de la Constitución Política del Estado y 19 de la Declaración de Derechos Humanos que garantizan el trabajo de la prensa”, señala el comunicado que fue dado a conocer en una conferencia de prensa por al dirigencia cruceña.
Agregan que estas citaciones “vulneran los derechos de los periodistas a la libertad de expresión, de prensa y a informar sin ningún tipo de censura ni restricciones indebidas”.
Los periodistas alertan que este caso “plantea serias preocupaciones sobre la libertad de prensa, el derecho a la reserva de fuentes, el debido proceso y el hostigamiento a periodistas, todos aspectos que son fundamentales para el respeto de los derechos humanos según los estándares de la CIDH”.
Talavera anticipó que los periodistas citados no irán a La Paz y que abogados de la asociación trabajan en memoriales para frenar este atropello.
Daniel Castro, vicepresidente de la Asociación de Periodistas de Bolivia, anunció que respaldan a Talavera y sus acciones legales: «Pedimos al fiscal general Roger Mariaca que se respete la labor periodística y no violen derechos», señaló.
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