Reconocimiento de personas. Imagen refencial
Por defender el agua y la vida, 29 defensores ambientales de la Reserva de Flora y Fauna Tariquía, del departamento de Tarija, enfrentan un proceso penal que los somete a actos de reconocimiento de personas en una cámara Gesell. El proceso es impulsado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que los acusa de obstruir su derecho al trabajo en las obras de exploración del Pozo Domo Oso X3 que llevan adelante.
Hoy, 28 de abril, en horas de la tarde volvieron a pasar por la cámara Gesell, pero no fue en la ciudad de Tarija, esta vez fue en Entre Ríos. «Nos sentimos mal, esto es humillante. Nos enumeran, nos ponen números en el pecho, al demandado lo ponen junto con otras personas que no están demandadas. Tenemos que pasar por las cámaras, peor que delincuentes, para que ellos nos identifiquen. Yo creo que los delincuentes en realidad están gozando de libertad», dice Nelly Coca, una de las acusadas.
Un total de 29 defensores ambientales son procesados luego de haber luchado en varias oportunidades para frenar el ingreso de empresas petroleras YPFB y Petrobras a la Reserva de Flora y Fauna Tariquía, para la exploración y explotación petrolera.
La cámara Gesell —un espacio normalmente destinado para proteger a víctimas vulnerables en sus declaraciones—, en este caso, es utilizada para que testigos, presuntamente ligados a las empresas petroleras, intenten reconocer a comunarios que supuestamente obstruyeron su trabajo.
En una primera instancia, la acusación fue rechazada por falta de pruebas, pero la fiscal Sandra Gutiérrez insistió en reabrir el caso argumentando la necesidad de recabar más elementos, cuenta la defensora de Tariquía. «No han encontrado ninguna culpabilidad hacia ninguno de nosotros, porque en realidad no hay nada de qué culparnos. Pero ella (la fiscal) sigue su discurso de que faltan pruebas, más testigos que no han declarado y todas esas cosas», lamenta.
Mientras tanto, la afectación a los defensores es profunda. Según Coca, muchos de los procesados sienten ansiedad, depresión y temor, pues hay personas que nunca en su vida pasaron por un juzgado, y «ahora son tratados como criminales peligrosos”, dice. Además, para realizar este procedimiento de reconocimiento, los 29 procesados son citados, y sólo pasan de cuatro en cuatro, por lo que el perjuicio es para todos.
Las citas judiciales, que coinciden irónicamente con fechas significativas como el Día del Padre o el Día de la Mujer, se convierten en un mecanismo de desgaste emocional y económico, obligándolos a desplazarse constantemente hasta los municipios de Tarija o Entre Ríos, y dejar sus actividades diarias.
“Nosotros no hemos matado a nadie, no hemos hecho ningún delito. Nosotros estábamos en lo justo, defendiendo la vida, defendiendo el agua y defendiendo nuestros derechos. Tenemos derecho a una vida sana, tenemos derecho a vivir en un lugar y un ambiente sano, sin contaminación», enfatiza Coca. Indica que se sienten solos y poco respaldados por las autoridades y la población en general.
Estadísticas sobre vulneración de derechos de defensores medioambientales
En 2024, las vulneraciones hacia las personas y organizaciones defensoras de derechos se incrementaron en 82%, de 51 registros en 2023 a 93 en 2024, de acuerdo con datos del Informe sobre «Libertades fundamentales e institucionalidad en Bolivia 2024», realizado por el Observatorio de Defensores de la Red UNITAS.
El incremento de casos responde principalmente a la cantidad de personas y organizaciones defensoras criminalizadas en 2024. Se documentaron 53 casos de criminalización (57% del total de los registros de la categoría). Aquí ingresan aquellas personas procesadas por defender su tierra y territorio de actividades extractivas, como es el caso de Nelly Coca y los otros 28 defensores procesados, también aquellos que defienden el derecho a la libertad de asociación, entre otros.
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