Ministro Siles sobre DDHH: «Algunos informes (de la sociedad civil) son muy críticos a la labor del Estado, pero hemos logrado importantes avances»

Derechos Humanos

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El Ministro de Justicia defenderá el informe del Estado este martes en NNUU. Foto: Archivo Ministerio de Justicia

ANF

El Estado boliviano rendirá el Examen Periódico Universal (EPU) sobre Derechos Humanos este martes 21 de enero en Naciones Unidas. Para la ocasión, las organizaciones de la sociedad civil presentaron informes alternativos en los que reportan el escaso avance en las recomendaciones realizadas en 2019. El estado, por su parte, defenderá su posición con el ministro de Justicia, Cesar Siles, este martes en Ginebra.

Antes de partir, la autoridad respondió un cuestionario de la Agencia de Noticias Fides (ANF), el que reproducimos a continuación. 

¿Cuántas recomendaciones les hicieron los Estados a Bolivia en el tercer ciclo del EPU?

Como miembro de las Naciones Unidas, el Estado Plurinacional de Bolivia, fue examinado el 2009, el 2014 y el 2019 en el primer, segundo y tercer ciclo del EPU. En la Defensa del Tercer Informe País, los 87 países que participaron emitieron un total de 238 recomendaciones.

En cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, en octubre de 2024 se remitió el Informe de Estado, dando cuenta de las acciones realizadas para el cumplimiento de dichas recomendaciones. Ahora, corresponde la sustentación de nuestro informe, que se llevará a cabo durante el 4to Ciclo del EPU, el 21 de enero de 2025.

De igual manera puntualizar que por el alto compromiso del Estado Plurinacional de Bolivia con los derechos humanos, siempre acepta la gran mayoría de las recomendaciones en el marco del EPU.

¿Del total de recomendaciones cuántas o en qué porcentaje ha cumplido el Estado boliviano?

Es difícil determinar cuántas de las 238 recomendaciones se han cumplido o el porcentaje exacto de cumplimiento, toda vez que existen recomendaciones que implican acciones en el mediano o largo plazo, siendo incluso algunas de tipo estructural y otras de cumplimiento continuo. 

Por otro lado, en la última defensa del Estado al EPU se reconocieron un gran número de avances en materia de derechos humanos y instando al Estado a continuar con las acciones y esfuerzos reportados.

Sin embargo, es importante mencionar que entre 2019 a 2024, el Estado ha realizado acciones para lograr el cumplimiento de todas las recomendaciones, habiendo logrado un significativo avance que estimo puede ponderarse en más de un 85%.

Para que se pueda tener una idea de la magnitud de las recomendaciones y de los temas abarcados por el EPU, el informe del Estado presentado en octubre de 2024, dio cuenta de los avances en los siguientes grupos de derechos

¿Qué representa el EPU para el Estado boliviano, en términos de adoptar compromisos para el respeto de los derechos humanos?

Al ser el EPU un mecanismo que evalúa todos los derechos humanos, las recomendaciones que emanan del mismo implican un compromiso integral del Estado como garante del cumplimiento y promoción de estos derechos.  Es así que, tomamos con gran seriedad y responsabilidad el seguimiento al cumplimiento sus recomendaciones, así como de todas aquellas que son emanadas de los otros mecanismos de protección.  Prueba de ello es la creación de la Comisión para la Elaboración y Presentación de Informes de Estado sobre Derechos Humanos y de Seguimiento a Recomendaciones – CPIE, Comisión integrada por El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General del Estado.

Coaliciones de organizaciones de la sociedad civil han presentado informes alternativos, y en ellos muestran que la tendencia del Estado es al incumplimiento de las recomendaciones ¿qué dicen respecto a esta percepción?

Celebramos que la Sociedad Civil boliviana participe de estos espacios y presente sus informes.  Al respecto, estamos conscientes que algunos de estos informes son muy críticos a la labor del Estado, pero también estamos convencidos de haber logrado importantes avances en muchas temáticas como educación, salud, lucha contra la discriminación, inclusión, Memoria y Verdad, ratificación de instrumentos internacionales y otros.  Por otro lado, es importante mencionar que estos informes nos permiten una retroalimentación con la mirada crítica de la sociedad civil para agendar y continuar el trabajo por la plena vigencia de los derechos humanos.

Por ejemplo, en relación a los derechos fundamentales y los derechos de libertad de prensa y expresión, de asociación, de protesta, establecieron que no se cumplió nada.

Una afirmación de este tipo desconoce que la propia Constitución Política del Estado reconoce a los trabajadores de la prensa el derecho a la libertad de expresión, comunicación, opinión, información, rectificación y réplica, lo propio respecto a la libertad de reunión pacífica y de asociación.

Y que ante la vulneración de estos derechos la norma nacional prevé que el Ministerio Público y el Órgano Judicial realicen la correspondiente investigación, juzgamiento y la sanción de los responsable si corresponde. 

Por otro lado, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional en diversas ocasiones ha puesto a disposición de periodistas que hayan sufrido vulneraciones en el ejercicio de sus funciones, al Servicio Plurinacional de Defensa de Asistencia a la Víctima que cuenta con equipo multidisciplinarios de apoyo legal, social y psicológico. 

De igual manera es importante mencionar que durante la gestión 2024, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, ha invitado a periodistas de diversos medios de comunicación a sostener diálogos en los que se trataron temas de coyunturales, brindando información actual y de primera mano; reforzando así la libertad de expresión y de información.  En dichos diálogos nuestro Presidente reconoció que la labor periodística no solo es garantía de libertad de expresión, sino que fortalece los cimientos de la democracia.

En relación a las recomendaciones de defensores de derechos tampoco se ha cumplido la recomendación, por ejemplo, el país no cuenta con un plan nacional de derechos humanos, tampoco existen planes ni políticas específicas de protección de los defensores de derechos. La criminalización y judicialización son temas de alta preocupación de la sociedad civil.

Al respecto, si bien actualmente no se cuenta con una Política de Derechos Humanos, el seguimiento al cumplimiento de recomendaciones en el marco de la CPIE antes mencionada ha permitido dar continuidad a los lineamientos de la última Política de Derechos Humanos. Por otro lado, conscientes de la necesidad de contar con una Política para el periodo 2025-2029, las recomendaciones que surjan de la defensa del EPU el próximo 21 de enero servirán de base la construcción de dicho instrumento de gestión pública.

Adicionalmente, no se debe olvidar que se cuentan con políticas y planes sectorializados como herramientas fundamentales para la protección de los derechos humanos, como el Plan Multisectorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien contra el Racismo y toda Forma de Discriminación, La Política Plurinacional de Reparación Integral para Víctimas de Graves Violaciones de Derecho Humanos en Gobiernos Inconstitucionales, La Política Plurinacional de Lucha Contra la Corrupción, La Política Nacional de Calidad en Salud, la Política Plurinacional para el Desarrollo de la Primera Infancia, la Política Pública de Prevención de Embarazos en Adolescentes, la Política Plurinacional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, La Política Plurinacional de Descolonización y Despatriarcalización, la Política Plurinacional contra el Cambio Climático, entre otros.

¿En materia de justicia cuánto ha cumplido el Estado? Respecto a garantizar la independencia judicial, además de asignarle los suficientes recursos económicos.

La independencia judicial es uno de los pilares que sustentan la democracia y así lo reconoce la propia Constitución Política del Estado.  Independencia que se ha visto fortalecida con la realización, el pasado 15 de diciembre de 2024, de la elección parcial, de las Máximas Autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, con una participación ciudadana del 82%; y a diferencia de elecciones anteriores (2011 y 2017), con un 64,29% de votos válidos frente a un 35,71% de votos nulos y blancos.  Además, se llevó a cabo el proceso de Selección y Designación del Fiscal General del Estado, habiendo sido posesionada la nueva autoridad el 22 de octubre de 2024.

Por otro lado, entre el 2018 y el 2023, se institucionalizó el 98% de jueces en la jurisdicción ordinaria y agroambiental, y el 39% de los fiscales de materia.

¿Sobreponer fin al excesivo uso de la detención preventiva?

Respecto a este tema, comentar que entre diversas iniciativas del Estado, se encuentra la  la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, modificada por la Ley N°1226 de 18 de septiembre de 2019, que determina claramente 9 causales de improcedencia de la Detención Preventiva, entre las que figuran los delitos de acción privada, delitos que no tengan prevista pena privativa de libertad, cuando se trate de personas con enfermedad en estado terminal, cuando se trate de personas mayores de 65 año, cuando se trate de mujeres embarazadas, de madre durante la lactancia de hijo menores de 1 años, entre otras.

Por otro lado, establece la temporalidad de esta medida además de los requisitos para la detención preventiva, así como la necesidad de petición fundada del fiscal para ampliar el plazo de esta medida y solo cuando el caso en cuestión revista complejidad.

De igual manera, se viene trabajando en el Anteproyecto de Código de Enjuiciamiento Penal que prevé un nuevo régimen de medidas cautelares regulando los principios de temporalidad, proporcionalidad y racionalidad; el Proyecto de Ley de Uso, Control u Funcionamiento Técnico del Dispositivo Electrónico de Vigilancia, como alternativa a la detención preventiva. Además el Ministerio Público emitió 22 Instructivos para contrarrestar el uso excesivo de la detención preventiva y descongestionar la carga procesal, logrando cerrar 707.698 casos, registrando a la fecha 173.950 casos en trámite.

Otra recomendación es asegurar recursos financieros y jurídicos para luchar contra el hacinamiento en las cárceles

Parte del problema relacionado al hacinamiento en Centros Penitenciarios se debe al elevado número de personas que se encuentran en detención preventiva, sin embargo, como mencioné anteriormente, el Estado lleva a cabo diversas iniciativas desde el Órgano Judicial, el Ministerio Público y el Órgano Ejecutivo para paliar esta situación.

Por otro lado, se viene trabajando en una Propuesta de Decreto Presidencial de Amnistía e Indulto que permitirá disminuir el hacinamiento en Centros Penitenciarios en particular de personas en situación de alta vulnerabilidad.

¿En materia de los derechos de los pueblos indígenas cuánto ha cumplido el Estado?

Al respecto, mencionar que el proceso constituyente boliviano cristalizó demandas históricas de los NPIOC, en la CPE, reconociendo, el dominio ancestral de sus territorios, su libre determinación: autonomía, autogobierno, cultura, reconocimiento de sus instituciones y consolidación de sus entidades territoriales, y de la ancestralidad sobre sus tierras; por otro lado, la Ley de Deslinde Jurisdiccional, reconoce la coexistencia de derechos ordinarios e indígenas y la autonomía de los pueblos para autorregularse.

Además, se conformó el Comité de Protección a Pueblos Indígena Originarios en Situación de Vulnerabilidad, instancia de coordinación y generación de políticas públicas; y mediante los Protocolos de Identificación y Registro de Naciones y Pueblos Indígena Originarios en Situación de Alta Vulnerabilidad y de Prevención, Protección y Fortalecimiento a Naciones y Pueblos Indígena Originarios en Situación de Alta Vulnerabilidad se busca salvaguardar su forma de vida individual y colectiva.

Adicionalmente, la Ley de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios en Situación de Alta Vulnerabilidad establece mecanismos de prevención, protección y fortalecimiento para salvaguardar los sistemas y formas de vida individual y colectiva de grupos en aislamiento voluntario, o no contactados (como el pueblo Toromona).

Se realizó el Encuentro de Pueblos Indígenas de Tierras Bajas en Situación de Vulnerabilidad, con participación del Pueblo Indígena Weenhayek, y las Comunidades Indígenas Guaraní “La Tunita”, Ese Ejja de Eyiyoquibo y del Sub Consejo Tsimane del Sector Yacuma. Lográndose conocer sus problemas y elaborar planes de protección enfocados en su desarrollo y autodeterminación.

De igual manera, se aprobó la Política Plurinacional de Cambio Climático que reconoce la importancia de los NPIOC en la gestión ambiental y el desarrollo sostenible; se constituyó la Plataforma de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino de Lucha contra el Cambio Climático, y el Programa de Gestión Territorial de Adaptación al Cambio Climático para Pueblos Indígenas de Bolivia.

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