Plantaciones de coca e el parque Amboró descubiertas a raíz de los incendios. Foto: El Deber
La dirección de Planificación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas envió una circular a los directores de las 23 áreas protegidas de Bolivia para prohibirles que hagan declaraciones a los medios, luego de que salieran a la luz las denuncias de que las plantaciones de coca se dispararon en el Parque Amboró.
El instructivo ordena a los directores “abstenerse de realizar declaraciones a nombre de la entidad sin autorización o dar publicad por cuenta propia, de trabajo o documentos de propiedad o a cargo de la entidad”.
Esta prohibición que censura la voz de los directores de áreas protegidas, se suma al despido de la directora del Parque Nacional Amboró, Andreina Tolavi, quien en días pasados había declarado a El Deber que las plantaciones de coca se dispararon al menos a 30 hectáreas en el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI).
“Estamos hablando de que son cocales nuevos y algunos antiguos. Hay plantaciones de coca jóvenes, de cuatro a siete meses. El mismo consumo interno ha subido, los bolivianos le damos pie”, dijo la funcionaria que luego fue retirada por el director del Sernap.
Las áreas protegidas están sufriendo el embate de actividades ilegales, como las plantaciones de coca, narcotráfico, tráfico de fauna, minería aurífera y, en ese contexto, las últimas semanas se han producido incontrolables incendios que han devastado la flora y fauna.
La senadora ambientalista, Cecilia Requena, calificó como “alarmante que el Sernap esté preocupado por controlar la información”.
“Que quieran controlar, prohibir y sancionar a la gente que está trabajando en el campo en primera línea muestra un intento deliberado y sistemático de ocultar o al menos filtrar información a la gente, que tiene todo el derecho de saber en qué condiciones están los bienes comunes, como las áreas protegidas”, dijo la senadora a Sumando Voces.
Los guardaparques y los directores de las áreas protegidas son quienes dan la voz de alarma cada vez que hay actividades ilegales dentro de los parques o cuando se producen incendios, como ocurrió últimamente, pero, con la prohibición de hablar, esas actividades ahora quedarán en reserva y bajo control del Gobierno.
Requena hace notar que no es la primera vez que ocurre este tipo de represalias. Recordó el caso del guardaparque Marcos Uzquiano, que fue despedido por haber revelado actividades de minería ilegal en sus redes sociales.
También señaló que una circular de esta naturaleza viola el acuerdo de Escazú, que fue ratificado por Bolivia, y que garantiza la libertad de expresión y la protección de los defensores y defensoras, entre ellos, los defensores del medio ambiente.
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