En el último tramo hacia La Paz, la marcha de indígenas y campesinos que reclaman la inconstitucionalidad de la Ley 1720 reporta que al menos 50 marchistas de la delegación de la Central de Pueblos Mojeños Étnicos de Beni (CPMB) presentaron complicaciones de salud la noche del 1 de mayo,
De acuerdo con un reporte de la Fundación Tierra, los afectados se encuentran a la altura de Urujara, donde una sola ambulancia intenta trasladarlos de forma paulatina hasta un centro de salud, lo que ha encendido una alerta entre los dirigentes.
En ese sentido, el principal pedido en este momento no es solo el traslado, sino la presencia de brigadas médicas voluntarias que puedan atender en sitio a los marchistas, muchos de los cuales presentan signos de agotamiento extremo luego de más de tres semanas de caminata, además de posibles cuadros asociados al frío y la altura.
«La situación agrava el escenario ya advertido en el comunicado difundido este 2 de mayo, en el que la marcha solicitaba garantías para el paso de vehículos con alimentos, abrigo y medicamentos, así como apoyo solidario en su ingreso a La Paz», se lee en el reporte de Tierra.
El reclamo de los movilizados
Desde la movilización se hace un llamado a medios de comunicación, instituciones de salud, universidades y ciudadanía en general para activar redes de apoyo y trasladarse hasta el punto donde se encuentran los afectados. La prioridad es evitar que el estado de salud de los marchistas se deteriore aún más mientras continúan su trayecto.
La protesta —denominada Marcha por la defensa de los Bosques de la Amazonía y la Seguridad Jurídica de los Territorios—partió hace 24 días desde el norte amazónico con demandas estructurales sobre territorio, leyes agrarias y condiciones económicas.
La movilización demanda la abrogación de la norma que autoriza la conversión de la pequeña propiedad agraria. Indígenas y campesinos argumentan que la norma es inconstitucional, pues viola al menos cuatro artículos de la Carta Magna y se constituye en una amenaza para la propiedad individual y colectiva.
En el primer caso, temen la expropiación de los predios que vayan a ser hipotecados en los bancos, pues una de las finalidades de la norma es que, una vez realizada la conversión, los propietarios recurran al sistema financiero para potenciar la producción y se vean impedidos de pagar sus deudas. En cuanto al impacto que esto tendrá en la propiedad colectiva, se teme que el cambio de matriz productiva y la mercantilización de las tierras (destinadas a la producción de subsistencia) altere el entorno cultural.
Por su lado, el Gobierno sostiene que la conversión no es obligatoria, sino voluntaria, y que la norma no viola la Carta Magna ni afectará a las propiedades colectivas. Según el Ejecutivo, esta es una oportunidad de desarrollo para los propietarios individuales ya que podrán obtener créditos para fortalecer la producción.
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