ANF
La representante del magisterio urbano, Miriam Ayala, planteó que cualquier debate sobre una nueva ley educativa en Bolivia debe estar articulado con un proyecto de país y un modelo económico que establezca con claridad el rumbo del desarrollo nacional.
Ayala cuestionó que el Gobierno no haya definido, a criterio del sector, cuál es su programa económico ni el horizonte hacia el que pretende conducir al país. “Le hemos exigido al Gobierno que presente al país el modelo económico que dé solución estructural a la crisis, pero no lo conocemos”, afirmó Ayala a ANF.
La dirigente sostuvo que los objetivos de una nueva normativa educativa deben responder a esa definición de país. Si el Ejecutivo no presenta un plan de desarrollo sostenible, señaló que el magisterio trabajará desde sus organizaciones en una propuesta que establezca primero el modelo de país y, posteriormente, el papel que debe cumplir la educación.
En ese sentido, Ayala remarcó que la educación debe contribuir a formar ciudadanos capaces de aportar a la transformación nacional y enfrentar la crisis económica y social.
La dirigente también cuestionó la ausencia de una convocatoria oficial del Ministerio de Educación para establecer un cronograma de discusión y elaborar la nueva norma junto con los actores del sistema educativo. Frente a ello, el magisterio desarrolla reuniones y eventos orgánicos con sus federaciones para construir una propuesta propia.
“Desde la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia le decimos categóricamente al gobierno que no vamos a aceptar la imposición de ninguna normativa unilateral”, sostuvo Ayala, al referirse a una eventual descentralización o privatización de la educación.
El sector rechaza además que la responsabilidad financiera de la educación pública sea trasladada a los gobiernos municipales. Según Ayala, las alcaldías no tendrían capacidad económica para asumir esa obligación, lo que podría derivar en una restricción del acceso a la educación pública.
Aunque la reducción del gasto público es un compromiso del gobierno de Rodrigo Paz, la dirigente sospecha que esa medida fue impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para disminuir recursos destinados a educación y salud.
Para el magisterio, cualquier reforma educativa requiere planificación, inversión estatal y una definición previa sobre el modelo de desarrollo que Bolivia pretende construir.
