Pablo Rebozo Valencia (+). Foto: Cortesía
María Luisa Valencia ya no llora. Dice que se le acabaron las lágrimas desde el día que vio a su hijo, Pablo Rebozo Valencia, conectado a tubos, luchando por respirar. Ahora —asegura— su dolor se convirtió en otra cosa: una demanda inquebrantable de justicia.
El joven orureño tenía 18 años. Había decidido ingresar a la Academia Nacional de Policías (Anapol), en La Paz, con la ilusión de vestir el uniforme verde olivo. Hablaba inglés a la perfección, practicaba natación y taekwondo. “Era un buen hijo, con valores”, recuerda su madre en contacto con Sumando Voces.
Ingresó a la Academia hace aproximadamente dos meses. La última vez que su madre lo vio con vida fue el domingo 15 de marzo, luego que lo visitó, como solía hacerlo. Notó que algo no estaba bien, aunque él apenas dijo que sentía dolor en el pecho. No quiso hablar más. Horas después, ya de regreso en Oruro, recibió una llamada: su hijo estaba siendo trasladado a un hospital por «problemas respiratorios». En la madrugada siguiente la convocaron de urgencia a La Paz.
Cuando llegó, la escena era otra. “Mi hijo estaba vomitando sangre (…), estaba grave. Tenían que entubarlo”, relata. A partir de ese momento comenzó un recorrido desesperado por hospitales, medicamentos, cuentas por pagar y decisiones que tomar en cuestión de minutos. Durante casi una semana, no se separó de él. Dormía en una silla, en los pasillos, esperando cualquier señal o información de que su hijo iba a mejorar.
Según su relato, el cuerpo de su hijo presentaba daños internos severos: pulmones comprometidos, riñones afectados, tejidos destruidos, hemorragias, coágulos en el cerebro. “Lo más sorprendente es que no han dejado rastro, ni un morete, ni un rasguño en su cuerpo (….) pero lo han lastimado de una manera muy cruel. Pero él estaba consciente y gracias a Dios yo he logrado hablar con él”, afirma.
Dice que Pablo alcanzó a hablarle, que le contó quiénes le habían hecho daño, que estaba amenazado. La madre asegura que los responsables son estudiantes de cursos superiores (cuarto grado) dentro de la Academia y no descarta que existan responsabilidades más allá.
El domingo 22 de marzo, el joven murió. Desde entonces, el dolor se mezcla con la indignación. María Luisa no cree en la versión preliminar que atribuye la muerte a una neumonía. “Mi hijo ha entrado sano. No tenía ni una caries”, insiste.
A la tragedia —denuncia— se sumó el miedo. Asegura que durante los días en que su hijo estuvo internado fue seguida por personas que identifica como parte de Inteligencia de la Policía. Dice que la vigilaban en los hospitales, que intentaban ingresar a la fuerza a la sala donde estaba su hijo en terapia intensiva, que la fotografiaban.
“Me perseguían, me amedrentaban”, relata. Recuerda que en una ocasión tuvo que gritar en plena calle para pedir ayuda. “Aquí están, quieren hacerme daño”, dijo entonces, hasta que la gente se acercó y quienes la seguían se retiraron. Ni siquiera el entierro estuvo libre de esa sensación. “También estaban ahí”, asegura.
En medio de todo, hubo gestos que no olvida. Cadetes jóvenes —dice— aportaron dinero para medicamentos, algunos donaron sangre.
La madre de Pablo sostuvo que, contrario a lo manifestado por el director de la Academia Nacional de Policías (Anapol), coronel Max Cerruto, no recibió ningún aporte económico de su parte.
Indignación en Oruro
La indignación por el caso se trasladó rápidamente a las calles de Oruro. Pero también encontró eco en organizaciones de mujeres y espacios de apoyo como el Foro AMUPEI y el Centro Jurídico Integral para la Mujer (CJIM), desde donde Carmen Miranda Vargas acompañó a la familia desde los primeros momentos.
La abogada relató a Sumando Voces que la madre se contactó con ellas cuando ya se encontraba en La Paz, desesperada por la gravedad del estado de su hijo. Inicialmente —dijo— se le informó que el cadete tenía un cuadro leve, pero al llegar lo encontró en condiciones críticas.
Según Miranda, el caso fue generando cada vez más cuestionamientos, especialmente cuando se conoció un informe preliminar que atribuía la muerte a una neumonía. “Es una explicación que no convence”, sostuvo, al recordar que los aspirantes a la Anapol pasan rigurosos controles médicos antes de ingresar.
La abogada también describió la reacción social que provocó el caso: marchas masivas, apoyo de unidades educativas, universidades, organizaciones de mujeres y ciudadanos que se sumaron espontáneamente. En ese contexto, las movilizaciones derivaron en protestas frente a instituciones como el Ministerio Público y el Comando Departamental de la Policía, donde se exigieron respuestas y una investigación transparente.
Para Miranda, lo ocurrido no es un hecho aislado, sino parte de una problemática más amplia vinculada a prácticas violentas dentro de centros de formación. “Esto no puede naturalizarse. Es tortura”, advirtió, al señalar que Bolivia ha suscrito convenios internacionales que prohíben este tipo de actos.
Defensoría activa Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo confirmó que activó acciones tras tomar conocimiento del caso. La institución informó que el cadete fue internado con lesiones graves que comprometieron órganos vitales y que realiza seguimiento para garantizar una investigación que evite la impunidad.
«A través de la Delegación Defensorial Departamental de La Paz y como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), se activó de manera inmediata acciones orientadas a coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos y en la defensa irrestricta de los derechos humanos», refiere una nota de la Defensoría del Pueblo.
Además, se gestiona la participación de un perito forense independiente como parte de las acciones impulsadas por la familia, que desconfía de los resultados preliminares.
María Luisa Valencia, sin embargo, no habla de informes ni de procedimientos. Habla de su hijo. De lo que era. De lo que le prometió. “Si quieren silenciarlo a él, tendrán que silenciarme a mí también”, dice. Y repite, como si fuera lo único que la sostiene: que esto no va a quedar así.
¿Qué dice la ANAPOL?
La Academia Nacional de Policías (Anapol) sostuvo que la muerte del cadete de primer año Pablo Rebozo Valencia se debió exclusivamente a causas médicas y descartó “de manera categórica” la existencia de lesiones que hubieran provocado su fallecimiento.
A través de un pronunciamiento público, la institución informó que el joven presentó un malestar corporal la noche del 15 de marzo, por lo que fue atendido inicialmente por personal de salud de la academia y luego trasladado a un centro médico.
Según la versión institucional, tras una primera valoración en el policonsultorio “Virgen de Copacabana”, el cadete fue derivado a un hospital de la zona de Sopocachi, donde se le diagnosticó neuritis intercostal y deshidratación. Sin embargo, debido a la evolución de su estado de salud, fue trasladado la madrugada del 16 de marzo al Hospital “Corazón de Jesús” de El Alto, donde ingresó a terapia intensiva con diagnóstico de derrame pleural en el pulmón izquierdo.
La Anapol aseguró que durante todo el proceso se realizó un “seguimiento permanente” y se brindó apoyo al entorno familiar. En ese marco, indicó que se entregaron 24 unidades de sangre y un aporte económico de Bs 17.100, recolectado mediante contribuciones voluntarias de cadetes e instructores.
Posteriormente, el 21 de marzo, el joven fue trasladado a otro centro hospitalario, donde finalmente falleció el 22 de marzo. De acuerdo con el acta de autopsia médico-legal, citada por la institución, la causa de la muerte fue un “choque séptico, falla orgánica múltiple y neumonía infecciosa”. En ese sentido, la academia enfatizó que no se encontraron indicios de violencia física asociados al deceso.
“La institución reafirma que el fallecimiento obedece exclusivamente a causas médicas debidamente establecidas”, señala el comunicado, en el que también se asegura que se actuó conforme a los protocolos y que se brindó atención oportuna en todo momento.
Finalmente, la Anapol expresó sus condolencias a la familia del cadete y manifestó que se encuentra abierta a cualquier proceso de verificación o investigación por parte de las autoridades competentes.
Aquí puede ver la conferencia de prensa:
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