Sumando Voces y ANF
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante un comunicado, expresó su preocupación por las agresiones a la prensa durante la cobertura de las manifestaciones y bloqueos de personas afines a Evo Morales, y exhortó a las autoridades bolivianas a investigar los actores de violencia.
«Urge a las autoridades a proteger a las y los periodistas e investigar los actos de violencia, y llama a civiles en los bloqueos, a respetar su labor», dice el encabezado del post, a tiempo que llama a los civiles que protagonizan los bloqueos a respetar la labor de la prensa.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
Fuente: OEA
Asimismo, la RELE señala que debe tenerse presente que los periodistas, camarógrafos, fotorreporteros y comunicadores que cubren las protestas, cumplen la función de recabar y difundir información de lo que sucede en manifestaciones y protestas, incluyendo la actuación de las fuerzas de seguridad, en ese sentido, enfatiza que «la libertad de expresión protege el derecho a registrar y difundir cualquier incidente».
Agresiones durante la marcha evista en septiembre
El 17 de septiembre, Irene Torrez, del canal privado Cadena A, denunció que fue agredida en la localidad de Vila Vila cuando cubría la marcha evista, que partió de Oruro hacia la ciudad de La Paz, y que reclamaba al gobierno de Luis Arce el cumplimiento de un pliego petitorio.
En el lugar se enfrentaron arcistas y evistas, los enfrentamientos fueron a pedradas, detonaciones de petardos, y agresiones de cuerpo a cuerpo entre los movilizados.
La periodista relató que cuando empezó a registrar imágenes de la violencia que se estaba desatando en el lugar, un grupo de hombres se acercó para increparle por las grabaciones que realizaba.
La periodista agredida relató los hechos al Observatorio de Defensores de UNITAS. “Es ahí donde registro las imágenes, donde se ve cómo varias personas (de línea evista) comienzan a golpear a personas del cerro (de línea arcista). Pese a que estaban semiinconscientes en el suelo, los pateaban. Yo tuve el instinto de ayuda, cuando se retiraron yo me acerqué a uno de ellos, tenía el rostro ensangrentado. ‘¿Está bien?’ Le pregunté. De pronto varias personas me rodearon, una me toca el hombro, pensaron que era una movilizada, pese a que estaba con credencial, micrófono y teléfono celular. Les dije que soy periodista, y me empezaron a empujar, a golpear y me quisieron robar el teléfono”, dijo.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y el Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz condenaron la brutal agresión que sufrió la periodista Irene Torrez.
Ese mismo día y en el mismo lugar, un reportero de SEO Tv también fue agredido y se le impidió grabar o transmitir a quienes bloqueaban la vía para detener el avance de la marcha encabezada por Evo Morales.
Víctor Hugo Mendizábal, periodista de la red Uno, fue enviado el 22 de septiembre a cubrir el arribo de la marcha de simpatizantes del expresidente Evo Morales a la ciudad de El Alto; ese mismo día las organizaciones afines al presidente Luis Arce llamaron a una concentración.
Mientras hacía su trabajo fue rodeado por un grupo de manifestantes en el Distrito 8 de esa ciudad; lo acosaron, insultaron, empujaron y lo echaron del lugar donde cumplía su labor periodística.
De acuerdo a un video, Víctor Hugo quedó adolorido a la altura de sus costillas “Me ha llegado una piedra acá. No sé, estábamos entrevistando, pero me llegó una piedra. Por suerte no me llego a la cabeza ni a la cara”, se consuela de que la situación no haya sido más grave.
Ese día en Ventilla las organizaciones arcistas y evistas midieron su fuerza en tanto seguidores. Hubo violencia y gasificación.
Mediante un comunicado la empresa estatal de televisión denunció que dos de sus periodistas fueron retenidos por más de una hora, por un grupo de marchistas afines a Evo Morales. Sufrieron el robo de sus equipos cuando realizaban la cobertura informativa en Patacamaya.
La violencia a los periodistas en el bloqueo evista
El bloqueo de carreteras instalado desde el 14 de octubre a la cabeza del denominado Estado mayor del pueblo evista, también ha dejado un saldo de periodistas agredidos, en medio de una escalada de violencia y denuncias de movilizados armados.
El 22 de octubre se denunció que bloqueadores presuntamente armados en la zona de Bulo Bulo obligaron a los periodistas a tirarse al suelo. La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) repudió la escalada de violencia desatada en contra de los trabajadores de la prensa.
“Ese hecho se suma a otras acciones de violencia y amedrentamiento contra periodistas en varios puntos del bloqueo. En Parotani, este domingo (20.10.2024), una periodista y un camarógrafo del medio internacional Voz de América fueron insultados, rodeados y amedrentados por bloqueadores que insistían en retenerlos en el lugar hasta que la medida se masifique para recién autorizar el registro de imágenes. Este martes (22.10.2024), en el Puente Ichilo, los bloqueadores atacaron con piedras, llantas ardiendo y petardos a un contingente policial que fracasó en su intento de desbloquear y abandonó la zona dejando sin ningún resguardo a los periodistas que cubrían los hechos”, lamentó la ANPB.
Periodistas retenidos y agredidos en Mairana
El periodista Romer Castedo, su camarógrafo Ricardo Pedraza de la red Uno, y el periodista de la red Unitel Josué Chubé, vivieron momentos de terror el martes (29.10.2024) cuando una turba de movilizados en un punto de bloqueo en el municipio de Mairana los retuvieron en medio de agresiones físicas, verbales y amenazas de asesinarlos.
Los enviados no solo fueron agredidos físicamente, sino que les arrebataron sus equipos de trabajo y los destruyeron, pese a que se identificaron como trabajadores de la prensa la aclaración no sirvió de nada.
“Me hicieron quitar el casco, la chamarra del canal, me quitaron el micrófono que lo quemaron. Cuando estábamos sentados con la policía había personas que decían: ‘quémenlos, prensa vendida, no informan bien, hay que quemarlos’”, relató el periodista de la red Uno Romer Castedo, de los momentos de cuando fue retenido por bloqueadores en Mairana.
Los tres enviados de prensa soportaron la retención contra su voluntad, tortura, agresiones verbales, despojo de sus equipos y amenazas de quemarlos vivos, junto con otros 14 policías capturados por movilizados seguidores del expresidente Evo Morales que bloqueaban la carretera antigua que conecta los departamentos de Santa Cruz con Cochabamba.
A Pedraza lo golpearon hasta dejarlo inconsciente contó Romer a su medio de comunicación, “Reventaron una granada de gas, el camarógrafo salió y fue golpeado en la pierna con un palo, perdiendo el equilibrio y cayendo al suelo. Allí, lo patearon hasta dejarlo inconsciente».
Chubé sostuvo que “escuchó dinamita, los bloqueadores tiraban piedras y tras dos horas de enfrentamiento, emboscaron a los policías y nosotros quedamos al medio. Nos llenaron de piedras y palos. Me separé del grupo, ahí me apalearon, me pegaron con todo”.
Los periodistas y el grupo de policías fueron retenidos hasta que un jefe policial a cargo de la tropa y la Defensoría del Pueblo negociaron el intercambio de los “rehenes” por un grupo de bloqueadores que habían sido detenidos.
Romer Castedo, Ricardo Pedraza y Josué Chuvé. Foto: composición ANF
Los gremios de periodistas rechazaron enérgicamente de manera permanente la violencia desatada contra los periodistas los que tienen la misión de informar desde el lugar de los hechos, en consecuencia, demandaron a las autoridades garantías y protección para esa labor.
Denunciaron que la violencia y el amedrentamiento tienen el claro propósito de impedir que la población esté informada de lo que ocurre en los puntos de bloqueo y de los métodos violentos de quienes están dirigiendo la protesta utilizan contra sus propias bases para que se mantenga su medida de presión.
La presidenta de la ANPB, Zulema Alanes, calificó lo sucedido en Mairana como una “situación en extremo crítica”, porque pone en riesgo la seguridad y la vida de los periodistas”.
“Lo que pasa en Mairana es un reflejo de la violencia extrema con que los bloqueadores comandados por el expresidente Evo Morales está sembrando en el país, terror, miedo y arremetida. En el caso de los periodistas con el propósito de que no se conozca la verdad”, dijo.
Las organizaciones de periodistas demandaron el cese de la violencia contra periodistas que realizan la cobertura y nuevamente exigieron a las autoridades estatales garantías para el cumplimiento de la labor periodística, así como investigación y sanción para los autores intelectuales y materiales de los hechos que vulneran la libertad de prensa.
La presidenta de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Magy Talavera, remarcó que no es la primera vez que se produce este nivel de agresiones y amedrentamiento al trabajo de los medios de comunicación, sino que hay registro de situaciones complicadas como el caso Las Londras, así como en paros y movilizaciones en Santa Cruz, dejando a los periodistas en total indefensión.
La violencia contra periodistas no tiene sanción, Las Londras es el símbolo de la impunidad
Alanes y Talavera cuestionan que la impunidad campee en el caso de las agresiones y violencia contra los periodistas que hacen cobertura en situaciones de conflicto. Recientemente, este 28 de octubre se cumplió tres años desde el secuestro y tortura de seis periodistas en Las Londras.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y las nueve asociaciones departamentales, alertaron sobre el peligro de extinción del proceso judicial, denunciaron la impunidad que protege a los agresores y exigieron la reparación y justicia para las víctimas.
A tres años de la emboscada que sufrieron los periodistas por encapuchados que fueron filmados y reconocidos, no hay responsables de ese hecho. Sin duda, esta fecha marca uno de los peores agravios contra la prensa boliviana en democracia, dicen los gremios periodísticos.
La violencia desatada contra el grupo de periodistas vulneró su derecho a la integridad personal y a la vida, además constituye una grave amenaza a la libertad de expresión y de prensa. Asimismo, la falta de debida diligencia en la investigación, persecución y sanción de los responsables vulnera el debido proceso, las garantías judiciales y el derecho de acceso a la justicia.
La ANPB dice que de inicio se observó una sospechosa falta de voluntad estatal para esclarecer el caso, pues las fuerzas del orden ingresaron al lugar 48 horas después de los hechos y, luego, durante la tramitación del proceso judicial, en dos ocasiones cambiaron a los policías encargados de la investigación y a los fiscales del caso; las autoridades judiciales dejaron en libertad a los principales acusados, y se activaron diversos mecanismos para desalentar a las víctimas de continuar con la demanda. Dejaron en libertad a los acusados sin considerar su alto grado de peligrosidad, situación que posteriormente quedó en evidencia cuando éstos participaron en otros avasallamientos de tierras con el mismo “modus operandi” y sembrando terror y violencia.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, la pasada semana, informó que el proceso continuará contra los implicados que tienen acusación formal y se está a la espera del inicio del juicio. «Se está coordinando con el tribunal de justicia para que se pueda notificar a todos los acusados, a las víctimas y a las partes, nótese que quienes son los acusados se los imputó y luego se acusó, viven en lugares como San Julián, Guarayos, donde es un poco inviable que ingrese el oficial de diligencias solo».
Las agresiones en ascenso
El Observatorio de Defensores de Derechos de Unitas entre enero y septiembre de este año registró 82 vulneraciones a la libertad de prensa. Del total, el impedimento de acceso a la información es la más frecuente con 22 casos, seguido de amenazas y amedrentamientos a periodistas (16 casos) y las agresiones físicas y psicológicas contra periodistas (12 casos).
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