Editorial Sumando Voces
Es una paradoja que la justicia boliviana esté atravesando por su más profunda crisis y, a la vez, detente un poder ilimitado, al punto de haber logrado la semiparalización del Órgano Legislativo. Sin embargo, esa es la realidad que encaja con los intereses del Gobierno, que al haber perdido el control del Legislativo, decidió apoyarse en un órgano carente de legitimidad, como es el Judicial, para asegurar su gobernabilidad.
El fin de semana, la Agencia de Noticias Fides (ANF) y Sumando Voces, en el marco de una alianza de contenidos, publicaron un reportaje que señala que desde agosto del año pasado, el constitucional (el Tribunal Constitucional y sus salas constitucionales departamentales) le asestaron al menos 10 golpes certeros a la Asamblea Legislativa.
Entre esos golpes se encuentran la paralización de las elecciones judiciales con varios recursos legales, la prórroga de mandato de los magistrados de las altas cortes del país y la anulación de la sesión legislativa presidida por Andrónico Rodríguez en ausencia de David Choquehuanca, en la que se decidió poner punto final a la prórroga de mandato de los magistrados. Todas esas son atribuciones legislativas que fueron arbitrariamente tomadas por la justicia.
Luego de ese recuento, el director jurídico de la Cámara de Senadores, Israel Quino, contabilizó 13 “golpes” de parte del Constitucional a la Asamblea Legislativa desde marzo, por lo que esa Cámara decidió plantear un proyecto de ley destinado a blindar sus decisiones y evitar que las salas constituciones o el Tribunal Constitucional las anulen.
Sean 10, 13 o tal vez más, lo cierto es que estas acciones de la justicia constitucional han venido a empeorar la crisis de institucionalidad de la democracia y están llevando a Bolivia hacia un peligroso empantanamiento en la agenda política nacional.
Se acerca el 2025 y hasta entonces el país debe celebrar elecciones judiciales para reemplazar a los actuales magistrados prorrogados, primarias para definir los binomios electorales y elecciones generales para elegir a un nuevo presidente del país. Sin embargo, el contexto político actual hace prever tensiones e incluso violencia por falta de acuerdo en torno a esta agenda, tal como sucedió la semana pasada en la plaza Abaroa, donde chocaron los arcistas y evistas, en el marco del encuentro de partidos políticos convocado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Los líderes políticos que asistieron a la cita, además de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), acordaron en aquel encuentro suspender las elecciones primarias y dar prioridad a las elecciones judiciales este 2024, sin embargo, el líder del MAS, Evo Morales, se negó a firmar el documento con el argumento de que le tendieron una “emboscada”.
Los evistas quieren que haya primarias para asegurar la candidatura del expresidente, por lo que el acuerdo político del TSE podría quedar en nada o podría ser empañado con violencia porque los seguidores de Morales anunciaron movilizaciones para hacer valer sus demandas.
Entre tanto, el vicepresidente David Choquehuanca y los representantes de las bancadas legislativas se reunieron este lunes para adoptar una posición respecto a la agenda política, pero no llegaron a ningún acuerdo, lo que ratifica el empantanamiento de la agenda.
Más allá del curso que tomen los acontecimientos, quedará para la historia del país un período en el que el la justicia constitucional e incluso una sala departamental cualquiera se puso por encima del primer poder del Estado y pretendió cogobernar con el Ejecutivo. En este lapso han tenido un papel preponderante las salas constitucionales, que fueron creadas por Evo Morales en 2018, tienen dependencia funcional del TCP y son 22 en todo el país. Estas salas son las que paralizaron una y otra vez las judiciales y le pusieron un alto a las interpelaciones de ministros.
Morales ahora se declara arrepentido de crearlas y ha acusado al exministro de justicia, Héctor Arce, de haberle hecho “meter la pata”, lo que demuestra que el poder ilimitado puede tener un efecto boomerang cuando los rivales políticos ocupan posiciones de poder. En todo caso, no son las salas constitucionales per sé las que provocan los problemas, sino su manejo politizado.
Por el bien del país, es de esperar que los acuerdos partidarios logrados en el TSE se impongan, que las judiciales se lleven adelante lo antes posible, que cesen los “golpes” a la Asamblea Legislativa y que los comicios generales del 2025 se realicen con transparencia y paz; sin embargo, también es cierto que el camino es empinado y está sembrado de obstáculos.
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