Infografías: Fundación Unir Bolivia
Los conflictos sociales registrados en 2023 dejaron como saldo nueve personas fallecidas y más de 800 heridos, indica un informe de la Fundación Unir Bolivia. El documento detalla que se contabilizaron 77 enfrentamientos con las fuerzas del orden, 102 enfrentamientos entre sectores de la sociedad civil, 233 detenidos, 835 heridos y nueve fallecidos.
«Durante el año 2023 se registró un total de 1.112 conflictos en Bolivia, cifra que se encuentra dentro del promedio histórico», indica el informe.
El estudio explica que, principalmente, los conflictos de 2023 estuvieron vinculados con la gestión pública en los distintos niveles del Estado y plantearon una amplia gama de demandas, por ejemplo, el mantenimiento de carreteras, vías públicas y áreas verdes, instalación de alumbrado público y de alcantarillado, adecuada provisión del desayuno escolar, ejecución de obras municipales y mejor funcionamiento de distintas entidades públicas.
Otro motor de las movilizaciones sociales fue el tema económico, el cual estuvo ligado a los problemas relacionados con la informalidad, es decir, aquellas protestas de los gremiales (vendedores de mercados y ferias, vendedores ambulantes) tras los intentos de las autoridades de poner orden en sus actividades. A este sector se suma el de los transportistas, quienes evitaban ciertas regulaciones que consideraban perjudiciales para ellos.
«Aunque los conflictos en el campo político no fueron muy numerosos son significativos por el efecto que generan en el estado de ánimo de la población. Se trató, en su mayoría, de casos por la pugna interna existente en el MAS entre los sectores afines al presidente (Luis) Arce y al expresidente (Evo) Morales», acota el informe.
Los conflictos por recursos naturales y medio ambiente, así como las cuestiones laborales protagonizadas por el sector de salud no fueron tan significativos como en otros años.
Pero, quienes sí tuvieron mayor protagonismo fueron los actores del sector educación, es decir, docentes y padres de familia, quienes marcharon en rechazo a la malla curricular establecida por el Ministerio de Educación.
En similar situación estuvo el sector campesino agropecuario, que se movilizó por los avasallamientos de tierras, expansión de la mancha urbana, incendios descontrolados que afectaron tierras productivas, la crisis hídrica, contaminación de fuentes de agua por la minería y otras actividades. Asimismo, tuvieron participación importante en conflictos de índole política como la pugna del Movimiento Al Socialismo (MAS), la anulación del congreso del partido azul que eligió a Evo Morales como candidato presidencial, la elección de dirigentes, entre otros casos.
Los transportistas también aportaron a la conflictividad social con las manifestaciones para pedir el incremento de tarifas (que no fue aceptado por la población), el control de rutas en las ciudades, el desabastecimiento de diésel y el crecimiento de este rubro debido a la falta de fuentes de empleo formales.
«Se puede afirmar que la conflictividad social en 2023 se concentró en los tres departamentos del eje debido a su importancia demográfica, económica y política, pese a que, en algunos meses, Chuquisaca y Oruro fueron escenario de una gran cantidad de conflictos, superando a las tres ciudades principales del país», agrega el estudio.
Finalmente, refiere que los conflictos sociales de 2023 tuvieron una radicalidad media en comparación con el 2022, pues se registraron menos enfrentamientos entre sectores de la sociedad civil y con las fuerzas del orden. Sin embargo, se experimentó un incremento en la cantidad de heridos y detenidos, lo que muestra que unos pocos casos de conflicto alcanzan un alto índice de violencia.
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