Daniel Espinoza
Hoy, lunes 23 de septiembre, tenemos prometida la llegada de la “Marcha para Salvar a Bolivia”, que ingresará por los cuatro puntos cardinales de la sede de gobierno para exigir soluciones económicas de manera inmediata y la habilitación del expresidente Evo Morales como candidato a las elecciones presidenciales de 2025. Indudablemente, esta promesa genera temor y preocupación en la ciudadanía paceña, entre los recuerdos recientes de 2019, los enfrentamientos violentos surgidos el martes y el domingo, y las amenazas de sangre, heridos o muertos emitidas por algunas de las cabezas de esta marcha. Mucho se habla del capricho de Evo Morales para volver a ser presidente del Estado plurinacional, pero poco se habla de la legitimidad que tiene en el partido del Movimiento al Socialismo (MAS). El apoyo a Morales es indudable como también lo es el apoyo a su rival, por lo que surge la duda sobre qué hace legítimo candidato a uno u otro.
La historia nos cuenta cómo un MNR hegemónico fue resquebrajándose hasta convertirse en varias organizaciones diferentes. El MNRA (Auténtico), el MNRI (de Izquierda) y el MNRU (Único), entre otras, son el resultado de la disidencia natural que va a surgir al interior de cualquier organización. En esa ocasión, las divergencias dieron lugar a la generación de nuevas propuestas políticas que, de seguro, intentaron luchar por la sigla original. Este fenómeno de desacuerdo, sin embargo, representa un problema especialmente complicado para los partidarios del MAS, dado que esta sigla le ha dado nombre al partido político más hegemónico en la historia de Bolivia.
He escuchado y leído a evistas y arcistas mencionar las palabras legítimo y orgánico para defender su posición y su preponderancia para detentar la sigla y lo que ésta representa. Al verlos defender su posición, me viene a la mente el mecanismo de destrucción de organizaciones sociales ejecutado por el gobierno de Morales. Organizaciones históricas como la CIDOB y la CONAMAC sufrieron la creación (imposición) de las denominadas “organizaciones paralelas”, compuestas por miembros disidentes que se proclamaban como representantes de la nueva organización “legítima”, respaldados por decisiones “orgánicas”.
Es inevitable cuestionarse cuál es la organización legítima, si la paralela también proviene de una disidencia natural. Casualmente, estas paralelas eran creadas durante o después de movilizaciones en las que las organizaciones sociales se oponían a alguna medida del gobierno. De manera muy conveniente, las autoridades declaraban como legítima a la paralela, que demostraba su afinidad casi natural con el partido. Así, el Movimiento al Socialismo actuaba de manera deliberadamente intrusiva en los temas internos de las organizaciones, imponiendo la “legitimidad” de una directiva, y restringiendo toda posibilidad de que se discutan nuevas posiciones como resultado de las disidencias que podrían haber surgido al interior. Hasta recurrieron a acciones administrativas y legales para reforzar la “legitimidad” de estas nuevas organizaciones, como el caso de la CONAMAQ afín, que obtuvo su personería jurídica por encima de la organización histórica. Se demostró que los intereses gubernamentales eran superiores a la representación social.
Esta situación retrata lo que estamos presenciando. El gobierno actual está utilizando todos los recursos administrativos y legales posibles para legitimar a la facción del Movimiento al Socialismo que está a favor del Órgano Ejecutivo, mientras castiga, limita o desconoce cualquier acción del otro bando. Si bien quisiera decir que los evistas están sufriendo lo que causaron, el escenario es mucho más complejo que el de buscar retribuciones. Estas prácticas antidemocráticas nos han situado en un escenario de escasa representatividad y de una desprotección alarmante. Gracias a este método nocivo estamos frente a un nuevo escenario de conflictividad y violencia, que no solo nos recuerda lo que vivimos en el 2019, sino que pone en riesgo la estabilidad social y la convivencia social que ya está muy polarizada.
Finalmente, debe acotarse que, si se sigue jugando con las reglas planteadas durante el gobierno de Evo Morales, su posibilidad de volver a postularse como presidente es nula. Las nociones de organicidad y legitimidad se han perdido gracias a las artimañas utilizadas a lo largo de su gestión, que han ayudado a generar un escenario de violación sistemática a los derechos civiles y políticos en nuestro país. Y eso que no se ha mencionado la represión estatal sufrida por las organizaciones sociales al movilizarse por sus causas.
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Daniel Espinoza es abogado y politólogo, comprometido con la defensa de los derechos humanos.
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