Alejandro Almaraz
Como sostuve en mi columna anterior, hay motivos para temer razonablemente que el Gobierno central boliviano esté entregando al nuevo Zar (mediante la empresa rusa Uranium One Group) no solo una buena parte del litio yacente en los salares del sudeste boliviano (la otra buena parte está reservada al capital chino), sino también el uranio existente en las proximidades de los mismos. Por una parte, está la evidente putinería del gobierno; su alineamiento político con nada menos que el brutal expansionismo del nuevo imperio ruso, que ha situado al Estado boliviano en esa vergonzosa e ínfima minoría de estados que se abstuvieron frente al rechazo de la invasión rusa a Ucrania aprobado por la abrumadora mayoría de estados miembros de la ONU, brindando un velado pero cierto apoyo a la misma.
Por otra parte, autoriza a la razonable sospecha el insólito carácter secreto del convenio suscrito por el gobierno boliviano con los operadores rusos para la explotación de dos salares potosinos. Aún independientemente de lo que se quiera ocultar, tal carácter secreto (o reservado) es una muy grave agresión al pueblo de Bolivia. Sea que fue impuesto por el operador ruso (como ha sido tan propio del capital transnacional en países como el nuestro) en abierta vulneración de la soberanía nacional y el derecho que la sustenta, o que fuera iniciativa gubernamental para ocultarle al pueblo boliviano lo que hace con sus recursos naturales estratégicos, o ambas cosas en “feliz” coincidencia putinera. Y en cuanto a lo que se quiere ocultar, es muy razonable suponer que no se trata de acuerdos claramente beneficiosos para los bolivianos e inofensivos para la comunidad internacional, pues si así fuera, al menos parcialmente serían objeto de la abrumadora propaganda en la que el gobierno masista ha venido gastando importantes sumas del presupuesto nacional, y no de secreto.
En todo caso, se trata de una acción estatal colmada de ilegalidad, inmoralidad e ilegitimidad. De ilegalidad porque viola frontalmente varias disposiciones de la Constitución y de la ley, sin que el deshonesto artificio de decir convenio en lugar de contrato alcance siquiera para disimularlo. De inmoralidad porque el más elemental deber moral del gobierno con la ciudadanía es al menos informarle, sino consultarle, lo que quiere hacer con una parte extraordinariamente valiosa, propiamente estratégica, de su patrimonio. Y de ilegitimidad por las dos razones precedentemente dichas. Lo verdaderamente insólito del caso radica en que una agresión tan brutal a la democracia, la soberanía nacional y el Estado de derecho se produzca a estas alturas de la historia, cuando el régimen republicano y los derechos ciudadanos tienen ya un recorrido de siglos en el mundo, y conquistas importantes (aunque en regresión por obra del actual gobierno) en nuestro mismo país.
Lo que ya no es insólito es que el autor sea el gobierno del MAS, ya que, a despecho del terco cinismo con que se sigue asumiendo como el gobierno de un “proceso de cambio” surgido, entre otras reivindicaciones sociales, de la aspiración popular del efectivo dominio nacional sobre los recursos naturales estratégicos, este gigantesco atropello corresponde al perfecto escalamiento en su desprecio por los bolivianos. Así, el gobierno no tuvo empacho en pactar con los rusos las condiciones secretas en las que les entregaba una considerable parte de los recursos minerales del sudeste boliviano.
Y cuando la oposición parlamentaria de Comunidad Ciudadana le pidió información al respecto (en elemental cumplimiento de su función fiscalizadora), optó, como buena dictadura, por profundizar y extender el atropello con otro acto insólito: Mediante una resolución de una sala del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, canceló la eficacia de la función constitucional fiscalizadora del Organo Legislativo, disponiendo la imposibilidad de realizar interpelaciones a autoridades del Organo Ejecutivo durante una transitoriedad de muy incierta duración y ninguna justificación. De esta manera, la escopeta dictatorial mataba de un solo tiro varios e incómodos pájaros fiscalizadores: el que pedía información sobre la política del litio, el que investigaba sobre los monumentales negociados en las entidades públicas, el que denunciaba el crecimiento del narcotráfico, el que reclamaba por las graves violaciones a los derechos humanos, y aún otros varios más.
Por cierto, la relación de los magistrados de esa audaz sala del TDJ de la Paz con el gobierno central, es tan “misteriosa” como la de éste con los magistrados autoprorrogados del TCP, que son, precisamente, quienes deberán revisar la insólita resolución de aquellos, y lo harán, como es obvio de suponer, con la misma independencia y sujeción a derecho con las que se autoprorrogaron.
Por último, la reciente visita del Presidente Arce a Putin (para hablar de “energía” y otros temas “estratégicos”), ha sido ocasión para que se ratifique el insólito atropello y se evidencie su trasfondo putinero. En efecto, a su retorno al país, Arce, con marcado talante autocrático y lejos de cualquier rectificación, ha declarado que el proyecto con Uranium One Group se ejecutará el próximo año y que él le dará la aprobación necesaria, ignorando por completo las atribuciones constitucionales de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Producto del alevoso secreto, los bolivianos desconocemos exactamente qué, donde, por cuanto tiempo y a cambio de que le estamos entregando a la Uranium One Group. Esto nos limita a las solas -aunque bien fundadas- sospechas sobre los términos pactados con los productores de uranio para la nueva Rusia imperial, pero nos da la más fehaciente certeza de una nueva e insólitamente grave vulneración a nuestros más básicos derechos como ciudadanos, expresada en el oprobioso secreto.
Sin embargo, me ha contado un pajarito, que no es aquel pajarito chavista que encarnó a Chávez para hablarle a Maduro, sino otro poseedor de una intensa y libre imaginación, que cuando el Presidente Arce visitó al nuevo Zar acompañado de su vástago, este, que es un muy activo hombre de negocios oscuros, y que hace ya algún tiempo tiene marcado interés en el litio, le llevó un singular presente a Putin: un misil en miniatura hecho de uranio boliviano (con la prodigiosa asistencia técnica de la Uranium One Group), con una inscripción que decía “al gran líder mundial y libertador de Ucrania, con la eterna y conmovida devoción del pueblo boliviano”.
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Alejandro Almaraz es abogado, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UMSS y activista de CONADE-Cochabamba.
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