Hernán Cabrera M.
Toda acción de protesta social demanda el sacrificio de los que protagonizan la misma. El movimiento sindical, campesino, minero, indígena sabe que es así. A lo largo de la historia de Bolivia la conquista de derechos y reivindicaciones ha sido por el esfuerzo y muchas veces con pérdida de vidas humanas.
La Constitución Política del Estado Plurinacional es amplia en materia de derechos humanos, es un paraguas que nos protege a todos y todas sin exclusiones, privilegios ni padrinazgos. La carta magna que votamos el 2009 por su aprobación y luego promulgación reconoce y garantiza los derechos a la protesta social, como ser: las huelgas, marchas, manifestaciones, mítines, asambleas, cabildos, referéndums, paros. Ojo que no reconoce ni habla de que los bloqueos de caminos departamentales, rutas nacionales o de calles sea un derecho, no lo es. ¿Por qué no es un derecho?
Pero primero vamos a recordarles a todos aquellos que gritan “al bloqueo hasta las últimas consecuencias”, que es lo más fácil para ellos, porque no les importa vulnerar los derechos humanos de los que no son parte de esa acción radical ni tampoco preservar la convivencia democrática, sino ejercer la violencia, la destrucción y la medición de fuerzas. Así lo han demostrado en más de 20 días de un bloqueo por la impunidad.
En mayo de 2021 un hombre solitario inició una huelga de hambre en las puertas de la AFP Previsión en demanda de sus aportes que hizo a lo largo de su vida laboral. No le hacían caso. Luego se fue a La Paz en una larga caminata con ese objetivo. Es así que en julio de 2021, el boliviano Gonzalo Melgar cumplió su objetivo y caminó casi mil kilómetros en 65 días para llegar hasta La Paz e intentar reunirse con el presidente Luis Arce para pedirle que le devuelvan los aportes que hizo a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP). Mucha gente lo apoyó y logró movilizar a los sectores sociales afectados, hasta que el gobierno y la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobaron una ley de devolución parcial de los aportes de la AFP, que ha beneficiado a mucha gente, gracias a este enorme esfuerzo de Melgar.
Fue un esfuerzo personal que afectó a miles de personas e interpeló al poder. Pues es así, toda protesta social: exige el esfuerzo sincero de quienes demandan una determinada situación. O la huelga de hambre de las mujeres mineras, que acompañaron los jesuitas Javier Albó y Luis Espinal, que logró tumbar al dictador Hugo Banzer.
O la “marcha por la vida”, que protagonizaron miles de mineros en agosto de 1985, oponiéndose al DS 21060, en medio de un frío intenso, soportaron una larga caminata, pero no pudieron llegar a La Paz. Pero fue un enorme sacrificio de mujeres, niños y hombres que se vieron afectados por la relocalización neoliberal.
En nuestro país no han asediado, cercenado, conculcado y violado nuestros derechos durante más de 20 días por la estrategia de los bloqueos que impulsó el ex presidente Evo Morales, maquillando una demanda bajo el título “Para salvar a Bolivia”, con sus propios intereses de ser candidato a la Presidencia y evitar los procesos penales en su contra por abusos sexuales.
Pues bien, este bloqueo como cualquier otro no es legal, no es un derecho como quieren asumir sus líderes o ciertos analistas, exigiendo a las organizaciones internacionales de derechos humanos y a la Defensoría del Pueblo, que ofrezcan garantías para tener vía libre y bloquear a todo país, además de exigir que la policía ni los fiscales vayan a reprimirlos o desbloquear esas rutas.
La CIHD, la ONU, la Defensoría del Pueblo deben tener la capacidad y el sentido común de no parcializarse con los bloqueadores, como lo han hecho, hasta el momento. Su rol es otro, no ser cómplices de la violencia ni de la acción del bloqueo que atropella los derechos de los que no son parte de esas interrupciones con palos, piedras, árboles, arena de las carreteras.
El espíritu de los derechos humanos establecidos en la Constitución Política y en los convenios internacionales de derechos humanos de los que Bolivia es parte, señalan que todo boliviano tiene el derecho a gozar y ejercer cada uno de sus derechos a la vida, salud, educación, trabajo, circulación, alimentación y otros de forma ininterrumpida, constante y sin ninguna clase de interferencias. Así lo señala la CPE, en su Art 14, II. El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos.
Además, nuestra Constitución nos garantiza la “libre circulación en todo el territorio boliviano, que incluye la salida e ingreso del país”. De ahí que cuando se producen los bloqueos llegan a obstaculizar, impedir, cercenar, vulnerar el conjunto de los derechos humanos que millones de personas tienen acceso, pero por el capricho y la violencia de unos cuantos, nos conducen a una delicada situación que afecta no solo a la economía, a la producción, a la circulación de cargas y de vehículos; sino fundamentalmente, a la convivencia democrática y pacífica en el país.
Pues bien, ante este claro y contundente mandato constitucional, el gobierno en todas sus instancias, la fiscalía, la policía tienen la obligación de garantizarnos esos derechos, acudiendo a todos los instrumentos que tengan para hacer cumplir ese mandato. Además que la Defensoría del Pueblo tiene un reto ético frente a los anuncios de más bloqueos: de velar y proteger los derechos humanos de millones de bolivianos, y no solo de los bloqueadores que son los vulneradores de esos derechos.
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Hernán Cabrera es periodista y Lic. en Filosofía
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