Editorial Sumando Voces
César Apaza está a punto de cumplir un año detenido, acusado de haber incurrido en la comisión de más de una decena de delitos asociados a la toma del mercado ilegal de venta de coca de Villa El Carmen, que terminó en un enfrentamiento entre Adepcoca orgánica, a la que pertenece Apaza, y una organización paralela que, por entonces, respondía al Gobierno del MAS.
La confrontación se desató el 8 de septiembre del 2022, es decir, hace exactamente un año, mientras que Apaza fue violentamente detenido el 22 de septiembre del mismo año y se desconoce la situación de otros dirigentes detenidos bajo las mismas circunstancias. Desde los primeros días de las movilizaciones, se sucedieron una serie de graves enfrentamientos entre los manifestantes y los miembros de la facción disidente que controlaban aquel mercado paralelo. La intervención policial estuvo marcada por la utilización de medidas represivas desproporcionadas como el uso excesivo de gases lacrimógenos, ataques violentos y detenciones indiscriminadas contra manifestantes, e incluso, de personas que transitaban por la zona. Además, la respuesta policial fue ampliamente cuestionada por su evidente parcialización y actuación selectiva en favor de los grupos alineados con el gobierno y la elevada represión contra los manifestantes críticos.
En el operativo de captura, Apaza sufrió “trato cruel y degradante” por las golpizas que recibió de parte de efectivos policiales, según un informe de la Defensoría del Pueblo que, además, indicó que “los malos tratos de los que fue víctima César Apaza podrían configurar tortura si la investigación, en especial la aplicación del Protocolo de Estambul y pericias psicológicas, aporta mayores elementos para la calificación de la gravedad o severidad, según las circunstancias subjetivas y objetivas que la jurisprudencia internacional ha determinado”.
Pese a su delicado estado de salud atribuibles a las golpizas, Apaza fue enviado a la cárcel de San Pedro, para luego ser llevado a la cárcel de Chonchocoro, donde sufrió una embolia y la paralización de parte de su cuerpo. Tras recibir atención hospitalaria, fue devuelto a la cárcel de Chonchocoro y luego derivado una vez más a la cárcel de San Pedro, donde se encuentra hasta ahora.
En ese tránsito, sin embargo, no recibió atención médica adecuada para su estado de salud, y depende de la ayuda de un compañero de celda para moverse.
Lejos de darle la posibilidad de que se defienda con detención domiciliaria o en libertad, un juez de la causa decidió a mediados de agosto ampliar su detención preventiva por tres meses adicionales.
La impotencia y su delicado estado de salud han llevado a Apaza a declararse en huelga de hambre para exigir su liberación. Ni siquiera esa medida ha conmovido al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, quien, lejos de anunciar el retiro de la acusación, indicó que cuando la vida de Apaza se encuentre en riesgo interferirá en el desarrollo de su huelga.
Los motivos para pedir la liberación de Apaza pueden ser diversos, pero hay al menos tres que son poderosos. Uno de ellos es su delicado estado de salud y la negativa del Estado a dotarle al menos del servicio de fisioterapia, pese a que por normativa nacional e internacional está obligado a hacerlo. Otro motivo es el carácter preventivo de su detención, un recurso que debería ser excepcional y “limitado por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, de acuerdo con lo que es estrictamente necesario en una sociedad democrática”, según la Corte IDH. El tercero, y probablemente el más importante, es que ha quedado comprobado que Adepcoca, cuando se produjo el enfrentamiento, estaba defendiendo la legalidad de su mercado en contra de una organización paralela y un mercado ilegal. El Gobierno ha admitido hace poco que ese mercado era ilegal y ha reconocido que el de Adepcoca es el único centro legal en La Paz. Entonces, ¿qué espera para liberar a Apaza?
La violación sistemática al ejercicio de derechos y la dignidad de Cesar Apaza como el derecho a la salud, derecho a la vida (conecto al derecho a la salud), derecho a la integridad psíquica y física, derecho a tener acceso al tratamiento médico, derecho a la libertad, derecho al debido proceso y derecho a defender derechos muestran la arbitrariedad e irresponsabilidad del Estado que no cumple con sus obligaciones de respeto y protección de un ciudadano boliviano al haberse constatado:
- La ausencia de recursos adecuados (médicos, psicológicos, psiquiátricos y farmacológicos) en la dirección del Régimen Penitenciario.
- Informes insuficientes por parte del médico del Penal de San Pedro.
- La manipulación política de parte del Ministerio de Gobierno, al haberse constituido como parte acusadora en el juicio contra Cesar Apaza, uniéndose a la Fiscalía en los pedidos reiterados que hacen para que el juez extienda – una y otra vez- la detención preventiva de Cesar Apaza.
- Que el estado no ha activado una investigación seria y efectiva sobre la denuncia de torturas sufridas por el dirigente de Adepcoca.
Al mantenerlo preso, el Gobierno está admitiendo que la defensa de la legalidad puede ser penada con cárcel en Bolivia. Y, por tanto, se está sentando un precedente funesto para otros defensores de derechos.
¡Cesar Apaza se encuentra en situación de extrema vulnerabilidad!
