Arturo D. Villanueva Imaña
Desde Marzo de 2004 cuando se aprobó la ley 2640 y se abría una gran oportunidad nacional para recuperar la memoria histórica, la verdad y la justicia debidas; ya han pasado algo más de dos décadas que prácticamente coinciden con las sucesivas gestiones del régimen del MAS.
Desde entonces y muy en contrario de cumplir aquella intención original que diese punto final y principio de no repetición a los graves daños de violencia política y quebrantamiento de la democracia ocasionados por regímenes dictatoriales contra la democracia, los derechos y la libertad (que se habían impuesto en el país entre la década de los años 60 y principios de los 80), y cuya oportunidad podía permitir el reencuentro nacional y sanar aquellas heridas recuperando la verdad y la memoria histórica; lo que se puede constatar es que al mismo tiempo que se iba estableciendo un aparatoso como incompetente mecanismo burocrático que dio paso a sucesivas arbitrariedades, incumplimientos y actos de manipulación reñidas con la transparencia e imparcialidad debida; también se fueron sucediendo nuevas normas modificatorias y otras disposiciones que no hicieron otra cosa que (al calor innumerables declaraciones, compromisos y promesas pública y oficiosamente ofrecidas pero invariablemente incumplidas por las sucesivas “autoridades” que se hicieron cargo del Ministerio de Justicia), ir creando una maraña de disposiciones que en vez de corregir y enmendar los errores y fallas cometidas en el cumplimiento del mandato de la ley, sólo terminaron burlando y posponiendo el propósito para el que habían sido aprobadas.
En medio de este largo periplo de continua burla y sistemática dilación que el régimen del MAS ha decidido adoptar como política, no solo se ha perdido una enorme oportunidad que la historia le brindaba, sino que terminó desvirtuando y pervirtiendo el verdadero fin, así como los principios y valores que deberían haberle guiado. La ley 1568 de 4 de Julio de 2024 de “revisión única y excepcional de casos rechazados o desestimados de resarcimiento excepcional a víctimas de violencia política en periodos de gobiernos inconstitucionales” (que viene a entenderse como un acto de favor extraordinario y concesión discrecional, cuando en realidad constituye una obligación ineludible en el marco de los convenios internacionales de derechos humanos que el Estado boliviano firmó y se comprometió cumplir), es nuevo ejemplo de ello. Pero este caso es aún peor.
Y es que aquella intención del Estado (pero también su responsabilidad y obligación) para recuperar la memoria histórica y la verdad, sanar las heridas originadas en los brutales gobiernos dictatoriales, y principalmente reforzar aquella democracia quebrantada por el uso de la fuerza y la violencia política, de modo que se establezca un claro parte aguas para que nunca más vuelvan a repetirse dichos actos; resulta que no solo ha sido incumplida (a pesar de las más de dos décadas transcurridas), sino que se ha tergiversado y manipulado su esencial sentido. Ello ha sucedido, puesto que al convertirlo en un vulgar acto de resarcimiento material que se tradujo en la práctica como pervertido mecanismo de prebenda y favorecimiento de compinches y acólitos serviles del régimen; también han desnaturalizado el concepto de reparación asociada a los derechos, la libertad y la dignidad que fueron conculcados por la violencia política. Aquellos principios y valores de libertad, democracia y derechos por los que se lucharon incondicionalmente, son trastocados y envilecidos como simple valor de cambio monetario.
Tan grave es el asunto por ejemplo, que aquella “comisión de la verdad” tan pomposamente organizada con el afán de atraer la atención internacional (especialmente de organismos que hicieron coro a la farsa); no solo incumplió con el básico objetivo de establecer la verdad (que constituía su principal propósito) sino que ni siquiera pudo lograr que se abrieran los archivos militares y de gobierno, menos esclarecer las desapariciones y muerte de brillantes referentes nacionales que fueron asesinados en manos de la violencia política ejercida; sino que ni siquiera la tan rimbombante conformación de la “comisión” tuvo la elemental garantía de representatividad, transparencia, pluralidad, independencia y no sometimiento político de sus miembros, de tal manera que la sociedad tuviese alguna garantía de idoneidad, solvencia y autoridad para cumplir con completa capacidad la tarea encomendada.
En fin, la ley 1568 de marras que se fija un plazo de cumplimiento nada menos que de un año y medio (¡18 meses!), que deliberadamente libera a este gobierno para efectivizar su cumplimiento porque se sitúa meses después del periodo de gestión que le corresponde; no puede ser entendida sino como otra argucia para desentenderse y posponer su obligación con un nuevo acto de burla premeditada, pero que tiene el raro efecto de “demostrar” que si estaría atendiendo y cumpliendo con las obligaciones devenidas de la adhesión a Convenios internacionales de derechos humanos y las recomendaciones de misiones que llegaron al país. Como contraparte claramente mañosa, restrictiva y previsiblemente excluyente (que a no dudar provocará reacciones si es que antes no mueren y dejan de existir los “interesados”), determina un plazo fijo, impostergable y mínimo de 60 días, cuando bien podría ser sido abierto para permitir y lograr que todas las víctimas de violencia política del periodo establecido, conozcan el alcance de la norma y tengan la legítima oportunidad y certeza de ser atendidos y respondidos a su requerimiento, tal como correspondería a un acto sin dobleces.
Al actuar de esta manera, en realidad lo que se desenmascara es que se trata de un régimen que no sólo no tiene ningún interés por recuperar la memoria histórica, la verdad, la restitución de la justicia y el reforzamiento de la democracia, los derechos humanos y las libertad de la sociedad, sino que al no formar y hacerlas parte de sus prioridades, se hace cómplice, asemeja y favorece la impunidad y el carácter autoritario de aquellos regímenes dictatoriales que se impusieron por la fuerza de las armas y la violencia política, pero que irónica, coloquial y declarativamente, supuestamente dicen combatir “revolucionariamente”. Ironía de ironías.
El problema en el que no parecen caer en cuenta, es que el engaño y la mentira nunca se extienden indefinidamente, y que lo mismo que no se puede ocultar el sol con un dedo, así también sus maniobras y manipulaciones pueden devolverse como boomerangs.
A qué extremo han llegado, que existiendo legítimos derechos que fueron conculcados, tal es el vil manoseo al que han sido sometidos, que da asco reclamarlos porque la dignidad se estremece. ¡¡Es para mandarlos al mismísimo lugar donde se merecen (y todos imaginan), señor ministro de justicia Iván Lima M.!!
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Arturo D. Villanueva Imaña es sociólogo boliviano.
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