Leonardo Verdúm, guardaparque de Tariquía. Foto: Yenny Escalante/Sumando Voces
Leonardo Javier Verdúm Estrada no suele hablar de sí mismo. Prefiere hablar del monte, de los ríos y de los animales que ha aprendido a reconocer por sus huellas. Es oriundo de la Reserva Nacional de Fauna Tariquía, en el departamento de Tarija, y desde hace 27 años trabaja como guardaparque, una labor que asumió primero como defensa comunitaria y luego como vocación de vida.
Su ingreso al sistema de áreas protegidas se dio el 15 de septiembre de 1998. Antes de vestir el uniforme, fue vocal de un comité cívico formado en su comunidad para impedir el ingreso de una empresa privada forestal que amenazaba el bosque. Esa experiencia marcó un punto de quiebre. Cuando se abrió la convocatoria para guardaparques, decidió postularse y tuvo la oportunidad de ingresar. Desde entonces, su vida transcurre entre patrullajes, controles y largas jornadas en el campo.
A lo largo de su trayectoria, Leonardo también fue convocado para apoyar la gestión del Parque Nacional Aguaragüe, donde trabajó durante 2008. Sin embargo, Tariquía siempre fue su base. Pertenece a la comunidad de Chiquiacá Sur, una zona que con el paso del tiempo se dividió territorialmente, pero que sigue siendo el centro de su identidad.
El trabajo en la reserva está lleno de dificultades. La falta de apoyo logístico es una constante, al igual que los obstáculos naturales: lluvias intensas, ríos crecidos y caminos intransitables. No obstante, los mayores riesgos provienen de las actividades ilegales dentro del área protegida. La extracción forestal y la pesca indiscriminada con fines comerciales se concentran principalmente en los ríos Tarija, Salinas y Chiquiacá.
“Lo más complicado es enfrentarse a los infractores”, relata. En más de una ocasión, él y sus compañeros han sido intimidados, golpeados e incluso amenazados de muerte por personas ebrias o alteradas que realizan actividades ilícitas. Aun así, continúan cumpliendo su labor cotidiana, muchas veces sin el respaldo necesario.
Las condiciones laborales tampoco son fáciles. En 2025, los guardaparques no recibieron uniformes, los salarios sufrieron retrasos y no se pagaron refrigerios ni subsidios. Esta situación afecta a los trabajadores de las 23 áreas protegidas del país, muchos de ellos con familias qué sostener, deudas bancarias y responsabilidades económicas.
Leonardo cumple turnos de 21 días consecutivos en el área protegida y cuenta con 10 días de descanso al mes. Ese tiempo lo reparte entre su madre, con quien vive actualmente, y sus hijos: uno universitario y una menor de edad. Admite que el tiempo con su familia es reducido, pero necesario.
También expresa su preocupación por el sistema de pago del bono de alimentación mediante billeteras móviles, que —según explica— encarece los productos y no beneficia directamente a los guardaparques. “Nos sale muy caro y no es correcto”, afirma.
Pese a las carencias y los riesgos, Leonardo no pierde la esperanza. Observa con expectativa las campañas gubernamentales que se anuncian con el cambio de gestión y confía en que el Estado refuerce su compromiso con el cuidado del medio ambiente. “Proteger la naturaleza es proteger el futuro del país”, sostiene.
Entre patrullajes y controles, también hay momentos que le devuelven el sentido a su trabajo. Caminar por el monte, encontrar huellas de animales y respirar un ambiente distinto al de las comunidades le recuerda por qué eligió este camino. Después de 27 años, su historia refleja la de muchos guardaparques bolivianos: hombres y mujeres que, lejos de los reflectores, custodian silenciosamente la riqueza natural del país.
También le puede interesar:
