Sandra Verduguez
Esta semana se espera la conclusión de la actual legislatura y las comisiones de la Asamblea Legislativa, encargadas de llevar adelante la preselección de candidatos para las elecciones judiciales, no han cumplido lo que dice la Constitución Política del Estado: los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Constitucional deberán ser elegidos cada 6 años mediante voto universal, de aquellos postulantes preseleccionados por dos tercios de votos de los miembros presentes en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El 31 de diciembre de este año se cumple el mandato de las actuales autoridades judiciales; la ALP no fue capaz de hacer su trabajo y pone a Bolivia frente a un posible vacío de poder que profundiza cada vez más la crisis de la justicia.
Así, una vez más, después de las desastrosas experiencias de 2011 y 2017 – que permitieron la conformación de tribunales sin meritocracia ni independencia- Bolivia comprueba con creces que esta forma de elección de altos cargos del Poder Judicial debe ser cambiada porque además no permite el cumplimiento de las garantías constitucionales de los ciudadanos ni logra organizar la estructura de este poder para garantizar la realización de sus derechos. ¿Cómo entender que el mismo Tribunal Constitucional, guardián de la Constitución, bloquee de forma irresponsable un proceso en el que sus propias autoridades deben ser elegidas para un nuevo periodo?
Sin embargo, no solo se trata de un sistema de elección que no funciona, sino de la irresponsabilidad y la falta de voluntad política de los representantes nacionales que por el momento están en la ALP y que, aunque tuvieron el tiempo requerido para crear las condiciones mínimas para llevar adelante la preselección de candidatos, no lo hicieron.
¿Qué hace el ciudadano de a pie ante esto? ¿a quién recurre ante semejantes vulneraciones de los derechos señalados en la CPE? ¿con quién se queja? ¿Si justamente los que deberían protegernos contra los abusos de poder son los cuestionados?
Por otro lado, ¿qué se necesita para que las acciones de control social y veeduría realizadas por colectivos y alianzas de organizaciones de la sociedad civil tengan algún efecto?
En febrero de este año, la Veeduría Ciudadana conformada por organizaciones de la sociedad civil entregó a las comisiones de Justicia Plural y de Constitución, así como al presidente de la Asamblea Legislativa, un reglamento ciudadano que considera recomendaciones nacionales e internacionales para mejorar este proceso, a manera de modelo propuesto por la ciudadanía. Sin embargo, no fue tomado en cuenta a pesar de haber sido socializado también con asambleístas. En los siguientes meses, la misma veeduría organizó otras actividades y difundió pronunciamientos para contribuir a mejorar la calidad del proceso de preselección que tampoco fueron tomados en cuenta por esas comisiones.
Entonces, ¿en qué queda la normativa sobre el control y participación social? ¿tiene alguna garantía de cumplimiento? En otras palabras, ¿la ciudadanía en Bolivia tiene alguna posibilidad de participar de forma efectiva? ¿o todo esto queda en simples enunciados y normas que finalmente no se cumplen?
Estas y otras preguntas no tendrán respuesta mientras las autoridades y asambleístas del oficialismo y de la oposición -división nada clara en estos tiempos- no terminen de entender que están en ese lugar, porque la ciudadanía los puso ahí para cumplir con la clara responsabilidad de actuar simplemente en el marco de las reglas. Pero tenemos claro que aquí las reglas no son para todos y que es posible legitimar cualquier acción en nombre de los intereses políticos partidarios; basta decir que las peleas internas del MAS este año fueron más importantes para la ALP que el hecho de enfrentar con seriedad la crisis judicial.
Como ciudadanos nos toca reflexionar sobre estos hechos y hacer cumplir los derechos que la CPE nos da para reaccionar y pedir cuentas sobre sus actos a autoridades y representantes nacionales. Las reglas en Bolivia deben ser para todos y la justicia debe ser capaz de encargarse de frenar la irresponsabilidad de autoridades que sólo trabajan para cumplir sus intereses.
–0–
Sandra Verduguez es Comunicadora social, integrante de Observación Ciudadana de la Democracia (OCD).
Las opiniones de nuestros columnistas son exclusiva responsabilidad de los firmantes y no representan la línea editorial del medio ni de la red.
