Hernán Cabrera M.
El 10 de diciembre se cumplirán 76 años de la vigencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, uno de los intentos más grandes y nobles de los Estados del mundo para ponerse de acuerdo en puntos que son comunes a todos, como el respeto y las garantías a la vida, a la salud, a la libertad, a la educación, a desplazarse de un Estado a otro, a la justicia, a vivir una vida sin violencias ni exclusiones.
El 10 de diciembre de 1948 salió a la luz la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fueron 43 votos a favor, ninguno en contra y ocho abstenciones. “Tal vez fuera uno de los instantes más emocionantes de mi vida. A buen seguro, fue uno de los últimos momentos de consenso de la comunidad internacional”, narra en sus memorias, Stephane Hessel, uno de los redactores de la Declaración. De este modo, se reconoció a la humanidad como sujeto de derechos y obligaciones.
Bolivia estuvo presente en ese momento histórico y siempre recordado. Porque el mundo despertaba de una pesadilla larga, como lo fue la Segunda Guerra Mundial, que dejó a la humanidad más de 100 millones de personas muertas; ciudades destruidas, economías bajo cero, pero ante todo un nivel de odios y violencias en los ciudadanos que sufrieron la pérdida de un ser querido o que su hogar fuera destruido o quemado. Esta herida aún no ha sido cerrada para siempre.
Pero la humanidad una vez más dio muestras de alta responsabilidad y a través de sus gobiernos firmaron esta acta, que nos sirve de guía y de paraguas cuando hablamos de derechos humanos y su nivel de cumplimiento y vigencia, que en el caso de la Bolivia Plurinacional fue a la par de los instrumentos internacionales de derechos humanos. No solo suscribió la Declaración Universal, sino muchos otros, como el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Políticos y Económicos; Organización Internacional del Trabajo y todos sus convenios; Carta Democrática Interamericana; Estatuto de la Corte Internacional de Justicia; Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura; Declaración de los derechos de los niños; Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas; Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (convención de Belem, Pará) y muchos otros convenios y tratados internacionales, que el Estado boliviano se comprometió a su ejecución y cumplimiento.
De este modo, existe la obligación de los Estados frente a la comunidad internacional de respetar los derechos básicos deriva del reconocimiento normativo de la dignidad de la persona, según estable la Resolución sobre la protección de los Derechos del Hombre, vigente desde septiembre de 1989.
El Estado boliviano coronó esa vocación por los derechos humanos en la promulgación de la Constitución Política del Estado, de febrero de 2009, la misma que contempla un amplio abanico de los derechos. Los estudiosos han calificado la Carta Magna de Bolivia muy avanzada en materia de derechos humanos. Es para felicitarnos por esta vocación, por lo menos, en el papel de lo que significó y significa, la decisión del Estado representado en sus instituciones asumir la necesidad de que para construir un mejor país, para fortalecer la democracia y para convivir democráticamente, urge y se necesita un amplio mecanismo de respeto, de vigencia, de cumplimiento y de hacer cumplir los más de 70 artículos constitucionales que garantizan al boliviano el derecho a la vida, salud, libertad de expresión, alimentación, educación, justicia, debido proceso, transporte, un sueldo digno, una vejez digna, una vida libre de violencia y discriminación, acceso igualitario, etc.
Pero la realidad ahí está, muy lejos de los mandatos de la Constitución Política, cuyo texto desde la propia esfera del poder se dedicaron a violar y vulnerar cada vez que querían, de acuerdo a sus intereses, como el desconocimiento del referéndum que decía no a la reelección e inventaron que era un derecho humano, cuando la Constitución Política lo prohibía claramente. Solo para mencionar un caso contundente en el que el poder estuvo involucrado directamente.
Los números rojos en cuanto a violencia contra la mujer, violaciones de niñas y adolescentes, maltratos y abusos sexuales, trata y tráfico de personas ponen al descubierto la ineficiencia de las instituciones encargadas de velar por los derechos de las mujeres y las niñas y adolescentes, además de propinar un soberano sopapo a las leyes y a la propia Constitución Política. La impunidad ha coronado el nivel de vulneración de los derechos de las mujeres.
Otra enorme contradicción está referida a los derechos de la Madre Tierra, la cual tiene una ley y una institución encargada de velar por el ecosistema y todos los seres vivos que son parte. El 2024 ha sido el año de la vergüenza: la madre tierra fue violada, vulnerada y maltratada con los incendios forestales, que arrasaron con millones de hectáreas de bosques quemados y millones de animales calcinados y muertos, y el discurso incoherente del Gobierno, especialmente del vicepresidente Choquehuanca que en el exterior quiere mostrar al gobierno boliviano como un defensor de la Madre Tierra.
Pero más allá de las deficiencias y los altos niveles de vulneración de los derechos humanos a la libertad de expresión, al ejercicio del periodismo, al debido proceso, al medio ambiente, los bolivianos tienen una Constitución Política del Estado vigorosa y amplia en derechos humanos, además de un montón de leyes sectoriales, que el camino es conocer y exigir su cumplimiento, de lo contrario, derecho humano que no se conoce, derecho humano a ser vulnerado. Este ramillete de leyes, la CPE y los convenios internacionales de derechos universales, deben ser los pilares para la construcción de una sociedad más justa, más libre e igualitaria. Una nueva Bolivia es posible.
Al ritmo que va el mundo y a la intensidad de los niveles de violencia que se han desatado en la Bolivia plurinacional, cabe hacernos esta pregunta de Stephane Hessel: “¿Conocerán nuestras sociedades una nueva alba o un crepúsculo definitivo?”.
El camino es el respeto, vigencia y cumplimiento de los derechos humanos que los Estados ya han asumido como suyos hace 76 años en la Declaración Universal.
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Hernán Cabrera es periodista y Lic. en Filosofía
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