Editorial Sumando Voces
Los avasallamientos de tierras, los incendios, la sequía, la vulneración sistemática de derechos conquistados, el amedrentamiento de sus líderes y defensores, entre otros atropellos, han puesto a los pueblos indígenas de Bolivia en una grave situación de vulnerabilidad.
A este panorama se suma la crisis organizacional que los ha dejado sin una conducción clara, crítica y contestaria al poder. Por el contrario, las dirigencias indígenas, que están cooptadas por el poder de turno, han dejado a los pueblos indígenas inermes o, lo que es peor, los han situado en el bando de los enemigos.
Este quiebre se ha producido hace más de 10 años, cuando una marcha de indígenas en defensa del TIPNIS fue brutalmente reprimida por la Policía. En paralelo, los derechos que los indígenas habían conquistado en la Constitución de 2009, comenzaron a ser restringidos con leyes y normas de menor rango. Lo paradójico del caso es que el gobierno del MAS, que llegó al poder con la etiqueta de indígena, es el responsable de este retroceso.
Sin embargo, los pueblos indígenas han empezado a alzar la voz nuevamente y están en pleno proceso de rearticulación desde sus territorios. En ese marco, el 2021 los representantes y autoridades de los territorios indígenas se reunieron en un primer encuentro nacional, lo que permitió visibilizar la difícil situación por la que estaban atravesando.
Este 2023, los pueblos indígenas retomaron su agenda en otro encuentro nacional, celebrado el 26 y 27 de octubre en Santa Cruz, donde emergió una hoja de ruta para la defensa de sus derechos, frente a los atropellos del Gobierno, de la agroindustria, las autoridades locales, los interculturales, los mineros que contaminan sus ríos, el cambio climático, entre otras amenazas.
Un documento de 28 conclusiones resume el debate de más de 100 participantes, todos ellos autoridades o representantes de 52 pueblos indígenas de Bolivia.
Entre las conclusiones, los pueblos indígenas piden al Gobierno derogar las leyes incendiarias, es decir, aquellas que permiten la quema de bosques para ampliar la frontera agrícola. También exigen “la paralización y suspensión de aquellas actividades mineras que están poniendo en riesgo la integralidad de nuestros territorios y áreas protegidas”.
En cuanto a derechos, los indígenas demandan el respeto a su autodeterminación, lo que se consigue con la vigencia plena de las autonomías indígenas, la justicia indígena y el derecho a la consulta previa. Esos derechos, si bien existen en la Constitución, están siendo escamoteados por el poder.
Los indígenas no solo exigen, piden o demandan, sino que tienen mucho por ofrecer, y así lo hacen constar en su documento, en el que se alinean con la transición ecológica, la recuperación de la agricultura sin quema, la economía del bosque y el cuidado del medio ambiente tal como lo vienen haciendo desde tiempo ancestrales.
Y, como un grito desesperado, ha surgido la demanda de protección y respeto a para sus líderes, defensores y defensoras de derechos que, por haber asumido una posición de defensa de los territorios y el medio ambiente, sufren las represalias, agresiones y amedrentamiento de los grupos que buscan arrinconar a los pueblos indígenas.
Las conclusiones del encuentro son edificadoras no solo para los pueblos indígenas, sino para el país en su conjunto, por lo que la voz de los indígenas que vuelve a escucharse fuerte y clara, debería tener su eco en los demás sectores de la sociedad.
No dejemos solos a los indígenas peleado por aquello que nos beneficia a todos, como el medio ambiente sano, los ríos sin contaminación y el aire limpio. La lucha de los indígenas es la lucha de todos.
