Valeria Campos
El derecho a la consulta previa, libre e informada
“(…) los megaproyectos de infraestructura o desarrollo, tales como carreteras, canales, represas, puertos o afines, así como las concesiones para la exploración o explotación de recursos naturales en territorios ancestrales, pueden afectar a las poblaciones indígenas con consecuencias particularmente graves, ya que ponen en peligro sus territorios y los ecosistemas que allí se encuentran, por lo cual representan un peligro mortal para su supervivencia en tanto pueblos, especialmente en los casos en que la fragilidad ecológica de sus territorios coincide con su debilidad demográfica”. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015, párr. 247).
La consulta previa, libre e informada existe para que las comunidades o poblaciones directamente afectadas puedan tener todos los datos necesarios respecto a la realización de proyectos, obras o actividades relativas a la explotación de recursos naturales y así tomar una decisión que bien puede ser de aceptación o de rechazo dependiendo de sus prioridades de desarrollo, tomando en cuenta sus usos y costumbres. En caso de no reconocimiento de los “impactos socioambientales”, la comunidad puede no firmar el convenio, lo que imposibilitaría la obtención de la licencia ambiental. Es necesario recalcar la importancia de proporcionar toda la información requerida de manera transparente, para que se puedan identificar los beneficios y las dificultades socioambientales y, en caso de que se reconozcan se debe prever una compensación financiera por parte de los titulares del proyecto. Por lo tanto, esta consulta debe hacerse antes de la firma de los contratos.
Entonces, esta decisión, no va solamente en relación con las regalías que recibirá cada municipio, sino, sobre todo, con los impactos socioambientales que se vivirán en las comunidades involucradas. Uno de los efectos más importantes y la mayor preocupación de las comunidades es el agua. A pesar de que no existen estudios hídricos específicos, se pueden rescatar las experiencias de otros países como Chile[1] que tiene condiciones similares, y que ya lleva años en conflictos con las comunidades por la pérdida del agua.
“El agua escasea en la zona, es seco, porque hay años que llueve y otros no. En Nor Lípez somos 54 comunidades, de las cuales 10 consumen agua de vertiente, el resto consume agua de pozo”. Iván Calcina, CUPCONL (Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez).
Se estima que por cada tonelada de litio extraída se consumirían hasta 28 millones de litros de agua. Esto unido al cambio climático y a las condiciones desérticas de la zona, pone en gran riesgo el suministro de agua para las comunidades que se hallan actualmente reclamando por este su derecho. Aún no se sabe las consecuencias que se tendrán a largo plazo, podrían recibirse mayores regalías, pero el acceso al agua se reduciría de manera significativa. Esa situación agravaría las condiciones de vida en las comunidades, dañando el ecosistema, además de afectar el turismo que resulta ser una fuente continua de ingresos para algunas comunidades.
“Estimaciones realizadas indican que, por cada tonelada de litio extraída de manera industrial, se evaporan alrededor de dos millones de litros de agua, clara evidencia de que ‘la minería del litio en salares, es una minería del agua’”. (Gallardo (2011).
El Salar de Uyuni y su importancia como ecosistema y el turismo como alternativa sostenible
Al respecto, en la Encuesta de Conciencia Ambiental – Ecobarómetro, realizada por Ciudadanía el año 2024 con el apoyo de Pan para el Mundo, en el área metropolitana del departamento de Cochabamba se consultó la opinión de la gente acerca de cuán ciertas consideraban que eran las siguientes afirmaciones:
- “El Salar de Uyuni tiene más importancia económica para Bolivia como sitio natural y turístico, que como centro de explotación de litio.” Las respuestas fueron las siguientes: el 70% de los consultados consideró tal afirmación como cierta, entre ellos, el 36% respondió que es totalmente cierta; el 13% sostuvo que la frase no es cierta y el 15% expresó una respuesta neutral; (2% no expresó opinión alguna).
- “Bolivia ha sido y sigue siendo, principalmente, un país minero”. Las respuestas a esta frase fueron las siguientes: el 52% opinó que tal afirmación es cierta, entre ellos, el 18% la calificó como totalmente cierta; el 25% opinó que la frase no es cierta y el 20% marcó una respuesta neutral; (3% no expresó opinión alguna).
Como podemos observar, la mayoría de las personas consideran que el Salar de Uyuni tiene un valor mayor como sitio natural y turístico en oposición a la explotación del litio. En la misma línea que tiene que ver con el extractivismo, la mayoría respondía que era cierto que el país es, sobre todo, un país minero.
Los salares son ecosistemas naturales dinámicos, extremadamente frágiles y están en riesgo tanto por la crisis climática como por las actividades extractivas.
La explotación de litio se presenta como parte de la salida a la crisis económica del país; sin embargo, varios expertos observan esto, por el tipo de contrato y convenio con las empresas que se harían cargo. Las comunidades de la zona, resultarían poco beneficiadas y según Jack Matijasevic, economista y consultor internacional, una mejor opción es fortalecer el turismo como una posibilidad sostenible: “El turismo genera empleo, dinamiza las economías locales y preserva el medio ambiente, mientras que la explotación del litio implica riesgos ecológicos y sociales”. Incluso se presentan cifras que muestran que la inversión para el turismo generaría mayores recursos para las comunidades: “El turismo no solo genera empleos directos e indirectos, sino que también impulsa el desarrollo de la región sin comprometer sus recursos naturales”, enfatiza el experto.
Tomando en cuenta todos los desastres ambientales que se están generando en el país como parte del cambio climático agravado por la acción de los seres humanos: inundaciones, sequías, contaminación del agua por la minería en general y de mercurio por la minería aluvial en particular, los incendios que han sido de gran magnitud en los últimos años; las supuestas ganancias económicas de la explotación de litio serán insignificantes a largo plazo. El daño al ecosistema generaría un cambio además en la vida de las personas de las comunidades que, por la falta de agua, tendrían que migrar a otras zonas o países, generando una crisis social y económica con otras características. Por todas estas razones, es importante que el estudio ambiental que se ofrece sea completo y se tomen las decisiones considerando las consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Es el momento para dejar de ser un país prioritariamente minero y extractivista que no ofrece más que sus recursos naturales.
[1] Los pueblos ribereños a la cuenca del salar de Atacama, son los que se han visto más afectados por la industria del litio, en atención a que el recurso hídrico en forma de salmuera –extraída del subsuelo–, ha sido explotada intensivamente por bombeos desde hace más de veinte años, lo que ha traído consecuencias nefastas, como el secamiento completo de lagunas, vegas y bofedales, la contaminación de las aguas y, en definitiva, la pérdida de ecosistemas únicos en el mundo. Romero et al (2019) Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.
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Valeria Campos Arandia, profesional del área social del proyecto Ciudadanía Ambiental y Cambio Climático de CIUDADANÍA
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