Monseñor Fernando Bascopé, presidente del área de educación de la CEB junto al padre Jorge Fernández. Foto. CEB
La Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) anunció la presentación de acciones legales contra el Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el cierre de la normal católica Sedes Sanpietiae, ocurrido el año 2010.
La Iglesia argumenta que, con esa acción, el Estado ha violado los derechos a la libertad educacional, a la educación y a la libertad religiosa.
El encargado de dar la información fue el presidente del área educación de la CEB, monseñor Fernando Bascopé.
“Un tema que nos preocupa en la presente gestión es que el Estado boliviano cerró el año 2010 el prestigioso Instituto Normal Superior Católico Sedes Sapientiae, una institución educativa con más de 65 años de servicio a la comunidad católica y al pueblo boliviano en general”, indica un comunicado emitido por la CEB este lunes.
Agrega que el citado instituto “fue un referente incuestionable en la formación docente, contribuyendo a la excelencia académica de más de 12 mil maestros normalistas”.
Por tal motivo, “nos vemos en la necesidad de denunciar una serie de violaciones a los derechos fundamentales que se han producido como consecuencia del cierre de esta institución emblemática”.
Y, más abajo el comunicado cita los tres derechos presuntamente vulnerados, que son los siguientes:
–Violación al derecho a la libertad educacional: El Estado boliviano, al impedir a la Iglesia abrir su escuela normal, está infringiendo el derecho a la libertad educacional al no permitir al pueblo católico establecer y gestionar una institución educativa organizada en torno al ideario educacional católico, y cumpliendo con los requisitos mínimos que las autoridades establezcan; en circunstancias de que la normativa denunciada simplemente lo prohíbe de manera absoluta.
-Violación al derecho a la educación: La clausura del Instituto Normal Católico Sedes Sapientiae limita el acceso de aquellos que deseen recibir una educación católica, atentando contra el derecho a la educación de quienes buscan una formación en concordancia con sus convicciones filosóficas, pedagógicas y religiosas.
-Violación a la libertad religiosa: El cierre de la institución afecta indebidamente la autonomía de la Iglesia para perseguir sus fines propios, que incluye la educación religiosa, y todas las acciones inherentes a ella, como lo es la formación de profesionales de la educación para cumplir esta misión. Ello impone restricciones que socavan la posibilidad de transmitir conocimientos desde la filosofía y el magisterio católico.
A partir de la vigencia de la Ley Abelino Siñani y Elizardo Pérez el Estado boliviano rechaza la formación de profesores de religión, por lo que el año pasado negó una solicitud de repertura de la normal planteada por la CEB.
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