Bloqueo de carreteras. Foto: Radio Kausachun Coca
Los más de 50 días de bloqueos y paralización que atravesó Bolivia dejaron secuelas que van más allá de las pérdidas económicas y los daños a la infraestructura productiva. Según una experta el desarrollo y representantes de distintos sectores afectados, la crisis ha agravado las condiciones de vulnerabilidad de millones de personas y amenaza con empujar a más familias hacia la pobreza.
Durante el programa Sumando Voces en Directo, una especialista de la Fundación Jubileo y representantes de productores, del transporte pesado nacional e internacional y de la pequeña y mediana empresa coincidieron en que los efectos de la conflictividad golpearon con mayor fuerza a quienes viven de ingresos diarios y carecen de mecanismos de protección social.
La analista de políticas sociales de Fundación Jubileo, Carla Cordero, explicó que, de acuerdo con un análisis sobre la incidencia de la pobreza en Bolivia, realizado antes de la crisis de los 50 días, casi la mitad de la población del país vive bajo este umbral. Para el cálculo, el equipo de investigadores a su cargo hizo un ajuste de las cifras oficiales de la inflación considerando el incremento de precios de los alimentos en los últimos meses.
“Estamos hablando de que el 47% de los bolivianos viven en situación de pobreza, es decir, uno de cada dos sería pobre, estamos hablamos de cerca de seis millones de personas”, dijo.
A este panorama se suma el efecto que tendrá la afectación a la economía durante estos últimos 50 días. «Por eso hablamos de esta vulnerabilidad de la clase media, porque cualquier shock, como este tema de bloqueo, hace que esta clase media se empuje hacia la pobreza», manifestó la especialista.
La especialista señaló que la interrupción del transporte, el aumento de precios de los productos de la canasta básica, la escasez de combustible y las dificultades para comercializar productos afectaron especialmente a trabajadores informales, pequeños productores y emprendedores, sectores que constituyen la mayor parte de la fuerza laboral del país.
Desde el municipio de Irupana, el productor Juan Carlos Aruquipa relató que, aunque su región no registró bloqueos directos, sufrió el desabastecimiento de alimentos, combustible y otros insumos básicos. La escasez de gasolina dificultó el traslado de productos agrícolas a los mercados y la reducción de ingresos para las familias tuvo un impacto en la contratación de jornaleros dedicados a las cosecha, en particular de la hoja de coca.
«Muchas familias que dependen de estos trabajos temporales se quedaron sin ingresos durante semanas. Los dueños de los cocales decidieron hacer ellos mismos la cosecha porque al no haber ingresos y en vista de que todo estaba caro, se evitaron ese gasto. Los jornaleros viven al día y se quedaron sin ingresos», narró.
En Irupana, productos esenciales como huevos, pollo y algunas verduras llegaron con retraso o en cantidades insuficientes hasta ese municipio paceño, lo que provocó una subida de precios que afectó principalmente a los hogares de menores recursos.
Aruquipa produce miel y otros derivados; cuenta que, como no pudo trasladar sus productos hasta La Paz, intentó venderlos en el área urbana de Irupana, pero la gente invertía su dinero en alimentos básicos.
El sector de la micro y pequeña empresa también reportó pérdidas millonarias. Edwin Fernández, presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), afirmó que numerosos talleres no pudieron recibir las materias primas para producir, pero tampoco distribuir los productos terminados debido a los bloqueos.
“Muchos compañeros no están pudiendo pagar salarios, alquileres ni créditos. Hay mercadería que quedó estancada y ya perdió mercado”, señaló.
Según estimaciones del sector, las pérdidas acumuladas superan los mil millones de dólares, afectando especialmente a unidades productivas familiares que constituyen una importante fuente de empleo en el país.
Una clase media cada vez más vulnerable
Otro de los hallazgos expuestos durante el debate es el riesgo de empobrecimiento de la clase media boliviana. Cordero explicó que una parte importante de la población se encuentra apenas por encima de la línea de pobreza y que cualquier mínima reducción en sus ingresos puede hacerla descender rápidamente a condiciones de vulnerabilidad.
La experta explicó que el INE adopta una metodología para determinar las clases económicas en Bolivia: Si una persona del área urbana gana más de Bs 5.200 Bs es considerada de la clase alta; si gana entre Bs 1.047 y 5.200 pertenece a la clase media; y, si gana menos de Bs 1.047 está clasificada como pobre. Entonces, si una persona de la clase media que ganaba Bs 1.047 deja de percibir al menos Bs 1 o más, ya es considerada pobre.
La situación se agrava por el elevado nivel de informalidad laboral. Datos citados por Fundación Jubileo indican que al menos el 87% de los trabajadores bolivianos desarrolla actividades informales, sin acceso a seguridad social, seguros de salud o mecanismos de protección frente a crisis económicas.
En ese sentido, los participantes coincidieron en que la recuperación económica requerirá medidas urgentes para estabilizar el abastecimiento de combustibles, controlar la inflación de alimentos y apoyar a los sectores productivos afectados.
Asimismo, se planteó la necesidad de impulsar políticas de largo plazo orientadas a mejorar la calidad del empleo, fortalecer la educación técnica, aumentar la productividad y promover oportunidades económicas sostenibles.
Al respecto, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, calificó este hecho como el episodio «más nocivo» de la historia democrática reciente de Bolivia. Y advirtió que, para evitar nuevos ciclos de conflictividad social, Bolivia debe atender de manera urgente los problemas estructurales que afectan a la población, como la crisis económica, el abastecimiento de combustibles y las dificultades en el sistema de salud.
La autoridad defensorial señaló que la prevención debe centrarse en la atención oportuna de estas problemáticas, muchas de las cuales se arrastran desde anteriores gestiones y continúan afectando a la ciudadanía. “Hay que trabajar los problemas estructurales que estamos viviendo en estos momentos. El tema económico, combustible y salud son situaciones que se vienen arrastrando y permanecen en el tiempo. La labor preventiva en estas temáticas permitirá evitar que enfrentemos otro ciclo de conflictividad”, afirmó.
Más allá de las cifras, el impacto de la crisis se refleja en familias que dejaron de percibir ingresos, productores que no pudieron vender sus cosechas y pequeños negocios que hoy enfrentan deudas crecientes. Para los expertos, la principal preocupación es que la conflictividad social termine ampliando aún más los niveles de pobreza en un país que ya enfrentaba serias dificultades económicas antes de la paralización.
