Reserva de Tariquía
Uno de los mayores riesgos de alzar la voz y defender derechos, por ejemplo al territorio o del medioambiente, es la criminalización que decenas de líderes en Bolivia sufren sin ser escuchados, siendo invisibilizados y enfrentándose al temor de ser encarcelados por rechazar la minería, la contaminación o la exploración de hidrocarburos.
Ese es el caso de una de las defensoras de Zongo en La Paz, que para evitar más problemas y por temor a represalias, prefirió ya no dar su nombre, pero sí su testimonio. Ella vive años defendiendo su territorio de cooperativas mineras que le pertenecen a un empresario, que hace más de una década fue expulsado del lugar, pero él sigue allí esparciendo el temor en los comunarios a través de procesos en la Justicia, mientras el avasallamiento avanza, cuenta la mujer.
El empresario Oscar Bellota utilizó la criminalización para intentar callar a los comunarios iniciando procesos judiciales a más de una decena de gente que vive en Zongo, incluidos a las autoridades indígenas del lugar, por el presunto delito de avasallamiento.
“Sabemos muy bien que la justicia ordinaria ya está maleada, corrompida y demás, no hay una justicia pronta, no hay una justicia clara con conciencia, entonces nosotros de esa manera tomamos la Constitución Política del Estado para poder defendernos con nuestra propia justicia, que es la justicia indígena que otros llaman la justicia comunitaria”, explica la lideresa.
Es así que con mucha esperanza intentaron defenderse ante un “monstruo”, los comunarios lograron que el Tribunal Constitucional Plurinacional admitiera un recurso de conflicto de competencias que busca garantizar el ejercicio de la Justicia Indígena Originaria Campesina que ya había expulsado a este empresario minero del lugar hace más de una década, pero que no es respetado y casi una decena de los comunarios del lugar están encarcelados.
“Lo más duro es pues dejar de trabajar en tu territorio, dejar de trabajar en tu vida diaria, o sea, dejas de trabajar porque todo es defenderse”, señala.
Los procesos judiciales en contra de esta mujer defensora le quitaron el goce de una vida tranquila, tuvo muchos problemas con su familia, tuvo que dejar su casa y muchas veces pensó en desistir, pero callar no está en sus planes y a pesar de todos los cambios en su vida, ella sigue firme en la defensa de su territorio junto a otras mujeres y hombres.
“En la noche digo ‘mañana dejo de hacer esto’ pero me levanto con más fuerza, yo supongo que son nuestros antepasados, nuestros apus, nuestros achachilas, creo que ellos nos dan esa fuerza para seguir adelante”, cuenta.
La defensora pide que haya justicia imparcial para todos y también ve pertinente que se trabaje en una ley que proteja a quienes defienden los derechos. La mujer junto a medio centenar de defensores y defensoras trabajaron en el proyecto de norma de Fortalecimiento y Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos que pretende proteger el ejercicio pleno de las libertades fundamentales, que exista medidas de protección y que se prohíba que se use el sistema penal, administrativo o fiscal para intimidar, perseguir o castigar su labor, que es la criminalización.
La criminalización aumenta
Ella no es la única que es criminalizada, lo mismo pasa con María Nelly Coca quien defiende la Reserva Nacional de Fauna y Flora de Tariquía para que no ingresen petroleras para la exploración de gas y petróleo. Ella junto a una veintena de defensores están siendo procesados por el presunto delito de atentado contra la libertad de trabajo e impedir o estorbar la función pública.
La lideresa de 62 años ya no sale de su casa tranquila porque está pendiente de si debe ir a declarar o hacer seguimiento al caso, pero esto no la detuvo. Ahora mantiene una vigilia con otros líderes con la convicción de cuidar una de las fuentes de agua de Tarija para que no sea contaminada.
El caso de los defensores de Tariquía llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en su tercer informe sobre la situación de defensores de derechos humanos en las Américas observó la criminalización hacia líderes que defienden el medioambiente en Bolivia.
“En Bolivia, la Comisión ha recibido información sobre agresiones hacia quienes defienden el medioambiente, que se reflejan en actos de hostigamiento, acoso o intimidación, así como discursos estigmatizantes que buscan desprestigiarlas. La expansión de la industria extractiva estaría relacionada con estos hechos”, indica parte de este informe.
El Observatorio de Derechos Humanos de UNITAS registró entre mayo y agosto de este año 22 vulneraciones a los derechos de personas defensoras, de los cuales 14 corresponden a criminalización, esta es la más recurrente forma de ataque hacia este sector y señala que aumentan este tipo de casos.
El observatorio identificó casos que especialmente se concentran en territorios donde existen conflictos socioambientales que están vinculados con proyectos extractivos en el que utilizan el sistema penal, las amenazas directas y agresiones como un mecanismo de presión.
Otro caso identificado por el observatorio de criminalización ocurre en Cala Cala, en Potosí, en el que el defensor indígena Jacobo Copa fue agredido físicamente hasta perder la dentadura por mineros de la Cooperativa Mollepata e intentaron abrir un proceso en su contra por supuesto porte de armas y drogas.
A pesar del desgaste y el amedrentamiento en su contra, los defensores mantienen su convicción intacta y con la urgencia de que el Estado les proteja como ellos hacen con los territorios, el medioambiente y los derechos.
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