Población de Challa. Foto: Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático
La reciente aprobación de la Ley 003/2024-2025, que reconoce al Territorio Indígena originario de Challa como nueva entidad territorial autónoma, sigue generando reacciones entre las organizaciones, instituciones y actores que acompañaron este histórico proceso.
Desde distintas voces, coinciden en que el reconocimiento del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino de Challa no solo representa el cierre de una etapa, sino el inicio de un desafío mayor: ejercer un autogobierno pleno bajo las normas, procedimientos y valores comunitarios de los tres ayllus que conforman este territorio.
Challa, ubicado en la provincia Tapacarí del departamento de Cochabamba, está compuesto por tres ayllus: Aransaya, Urinsaya y Majasaya que, a su vez, tienen 12 territorios indígena originario campesinos (TIOCs).

Un proceso largo, pero profundamente transformador
Para Walter Limache, coordinador del Programa NINA de la Red UNITAS, la aprobación de la ley marca el fin de una fase “larga y engorrosa”, pero también “una de las más significativas” en el camino hacia el fortalecimiento de las autonomías indígenas en Bolivia.
“Nos sentimos muy contentos. Celebramos esta novena autonomía indígena originaria campesina que debía haber emergido ya hace tiempo”, sostuvo Limache.
Este resultado refleja años de trabajo, de formación y de acompañamiento a las comunidades. Challa logró consolidar su estatuto, superar divisiones internas y, sobre todo, reafirmar su decisión de autogobernarse.
Recordó que el Programa NINA comenzó a trabajar con las comunidades de Challa alrededor del año 2016, contribuyendo a su fortalecimiento organizativo y a los debates que dieron origen a la idea de autonomía.
Limache recuerda cuando en uno de los debates durante los procesos de formación, los challeños hablaron de la autonomía indígena y de los mecanismos para alcanzarla. “Ellos, al principio pensaron que iba a ser una cosa muy fácil y rápida, le daban 4 meses para hacer todo el proceso. Pero no nosotros sabíamos que no es así”, dice Walter haciendo énfasis en que este proceso duró más de 11 años. Desde la acción institucional apoyaron el proceso CENDA, PBFCC, AGRUCO-UMSS y Programa NINA-UNITAS.
El coordinador destacó además el papel del diálogo con las autoridades municipales de Tapacarí, que al inicio aceptaron y apoyaron el proceso pese a que ello significaría la pérdida de parte de su territorio administrativo.
Este es un paso trascendental. Challa se convierte en una nueva entidad dentro de la división político-administrativa del país. Ahora viene la etapa más importante: elegir a sus autoridades y hacer efectiva su gestión.

El Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA) fue otra de las organizaciones que acompañó este proceso. Su director Sergio Vásquez calificó la autonomía de Challa como un logro que reafirma la Bolivia plurinacional.
“Refleja el trabajo comprometido de quienes creemos en una Bolivia Plurinacional, donde se respeten las diversas formas de organización, cuya base es la democracia comunitaria”, dijo y agregó que lo más destacable fue la capacidad de los ayllus de Challa para construir consensos, priorizando el bien colectivo por encima de intereses individuales.
Vásquez destacó que los debates internos lograron definir una estructura de gobierno clara, con distribución equitativa de competencias, atribuciones y recursos. Sin embargo, advirtió que los retos recién comienzan.
“El desafío inmediato es la elección y posesión, por normas y procedimientos propios, del nuevo gobierno originario, y a mediano plazo, la negociación con el municipio de Tapacarí, con el que deberán llegar a acuerdos sobre bienes públicos que deberá administrar el nuevo gobierno originario. También deberán generar ingresos propios para mejorar las condiciones de vida de las comunidades de los ayllus”, agregó.

“La autonomía de Challa rompe con el control partidario”
Para Betzabé Saca, técnica de CENDA, la conquista de Challa tiene un valor político y simbólico que trasciende la norma, pero, además, reafirma su lucha colectiva.
“Challa se ha puesto una meta y lo ha logrado. Hoy pueden tener una autonomía política que los librará de los partidos políticos que marean, que imponen autoridades dentro de un territorio, dentro de un municipio. Ahora pueden decidir quién gobierna dentro de su territorio, cómo administran sus recursos y cómo imparten justicia. Hoy ha ganado el territorio Challa”, sostuvo.
Saca destacó además la autonomía judicial como una de las mayores conquistas, junto con la alternancia de género en las autoridades, establecida dentro del Estatuto Autonómico. Éste reconoce que si la máxima autoridad es mujer, la siguiente debe ser varón, y viceversa, un avance concreto hacia la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones.
La técnica remarcó también la recuperación de prácticas ancestrales, como la rotación periódica de cargos, que refuerzan la base comunitaria del autogobierno. Y señala que, más allá de la ley, esto es la reafirmación del derecho a la libre determinación, y el verdadero reto empieza ahora: hacer realidad el gobierno propio sin perder el espíritu participativo que los trajo hasta aquí.
Este logro también fue celebrado por el CEJIS. Su director, Miguel Vargas, publicó: “La novena autonomía indígena en Bolivia y la segunda de base territorial en el departamento de Cochabamba es ya una realidad. A pesar de los múltiples obstáculos que enfrentan quienes apuestan por consolidar el Estado Plurinacional comunitario y con autonomías, hoy celebramos junto a los hermanos de Challa. ¡Jallalla!”.
Las organizaciones que acompañaron el proceso coinciden en que este logro no debe verse como un punto de llegada, sino como el inicio de una nueva etapa en la vida política y comunitaria de Challa.
El reto, afirman, será consolidar un gobierno indígena sólido, transparente y representativo, capaz de sostener el equilibrio entre la gestión moderna y las prácticas ancestrales.
Mientras tanto, en las comunidades, el sentimiento es de alegría y orgullo. En los próximos días, el presidente del Estado deberá promulgar oficialmente la ley, marcando así el inicio de un nuevo capítulo en la historia autonómica del país.

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