Editorial Sumando Voces
Las decisión del presidente Luis Arce de convocar a un referéndum sobre la reelección, el subsidio a los combustibles y la asignación de escaños es una jugada que, desde el punto de vista político, puede darle aire al Gobierno por el intempestivo cambio de agenda, pero desde el punto de vista legal y técnico no se sustenta porque la normativa vigente en el país ya establece quiénes son los responsables de tomar esas decisiones.
En el caso de la subvención a los combustibles, es el Ejecutivo el que debe decidir los precios, tal como lo hizo el expresidente Carlos Mesa en 2004, cuando fijó el costo de la gasolina especial en 3,74 y congeló el precio hacia adelante. O, como intentó hacerlo el expresidente Evo Morales en 2010, pero tuvo que retroceder con la medida debido a la protesta social desatada en las calles del país. De hecho, el propio presidente Arce demostró que es su atribución al haber dispuesto la subida del precio de la gasolina premium de 4,79 a 5,71 bolivianos, mientras que dispuso la introducción de la ultra premium 100, que costará 6,71 bolivianos.
Respecto a los curules parlamentarios, la Constitución Política del Estado es clara cuando entrega esa atribución al Tribunal Supremo Electoral (TSE), que debe actuar basado en los datos del último censo de población y vivienda, cuyos resultados se conocerán próximamente. La Carta Magna, en el artículo 146, inciso V, señala que “la distribución del total de los escaños entre los departamentos se determinará por el Órgano Electoral en base al número de habitantes de cada uno de ellos, de acuerdo al último Censo Nacional, de acuerdo a la Ley”.
Según las proyecciones técnicas del censo, Santa Cruz ganará escaños en la Cámara de Diputados en desmedro de otros departamentos, por lo que líderes cruceños no ven con buenos ojos poner este tema en el debate nacional cuando ya está legislado.
Y, finalmente, sobre la reelección, la Constitución, en su artículo 168 establece que “el periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”. El Presidente dijo que se preguntará sobre la reelección continua y discontinua y, tanto analistas como políticos, interpretaron que lo que busca es inhabilitar la candidatura del expresidente Evo Morales.
Sobre este tema un apunte más. Existe una sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce la decisión de la Corte IDH en sentido de que la reelección indefinida no es un derecho humano, lo que sacaría de juego a Morales, sin embargo, también hay interpretaciones en sentido de que la Constitución es ambigua respecto a la reelección discontinua por lo que quedaría la duda de si Morales puede o no postular este 2025.
En todo caso, ese es un tema de disputa interna del MAS y mal podría el pueblo dirimir un asunto que tendría que haberse resuelto a través de primarias o de otros mecanismos partidarios del MAS.
Si Bolivia tuviera una institucionalidad democrática sólida, toda esta estructura normativa resolvería cada uno de los temas que Arce propuso para el referéndum, sin embargo, la institucionalidad ha sufrido un fuerte deterioro producto de la concentración del poder en manos del Ejecutivo.
Así, por ejemplo, el Gobierno tendría que echar mano de su legitimidad para levantar o mantener la subvención a los combustibles; el Tribunal Constitucional, si fuera independiente, tendría que hacer valer su fallo sobre la reelección y no dar curso a un referéndum; o el TSE tendría que preservar su atribución de distribuir los escaños parlamentarios, pero ninguno tiene la musculatura ni la independencia que el caso requiere.
La convocatoria a un referéndum no es el camino legal ni técnico, sin embargo, puede ser una salida política que no solo le dé aire al Gobierno, sino a la sociedad en su conjunto que, en vez de canalizar su descontento en las calles, podría hacerlo en las urnas.
Nada está dicho, porque en política dos más dos no es cuatro, pero, por el momento, la agenda política ha cambiado.
Lo que no ha cambiado es el problema estructural de la crisis económica. El Mandatario ha planteado un conjunto de medidas destinadas a paliar la situación, pero no ha entrado a la causa estructural de la falta de dólares, que es el gasto público y el déficit fiscal. Analistas económicos indicaron que la manera de encarar esta problemática es achicando el estado y reduciendo la subvención, una decisión que está en manos del Mandatario, quien se niega a asumir una posición al respecto probablemente por temor a la reacción social.
Las otras medidas planteadas, como el IVA cero para importación de combustibles, la liberación de exportaciones, los criptoactivos, la pasarela para pagos digitales, entre otras, están orientadas a paliar la situación, pero no a atacarlo de manera estructural, por lo que la tarea queda pendiente.
La gente espera respuestas para la escasez de dólares, para el incremento de precios de los productos básicos, para la falta de combustibles, y sólo el tiempo dirá si está interesada en asumir, mediante el voto, las responsabilidades inherentes al Presidente y otros órganos del Estado en el marco de la institucionalidad democrática, de esa manera, canalizar la crisis que ahora aqueja al país.
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