Juez impone fianza de un inmueble de Bs 250 mil a Raúl Uría, cuya familia vive en alquiler

Derechos Humanos

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Audiencia del dirigente Raúl Uría. Foto: Captura

ANF 

El juez primero de Instrucción Penal de El Alto, Marco Antonio Amaru, dispuso este jueves la detención domiciliaria del dirigente de la Juventud Yungueña, Raúl Uría, pero le impuso una fianza inalcanzable: debe registrar un bien inmueble valuado en Bs 250.000, sólo así podrá dejar la cárcel después de 20 meses de reclusión en la cárcel de San Pedro.

El abogado Jorge Valda dijo que se presentó una apelación durante la audiencia solicitando que la fianza sea menos gravosa, por lo que el juez dispuso que el sindicado acredite un inmueble valuado en el monto de la fianza. Además, debe presentar cuatro garantes y no tiene permiso para salir a trabajar. 

“La decisión del juez Marco Antonio Amaru ha sido apelada tanto por el Ministerio Público, el Ministerio de Gobierno y por parte de la defensa, se ha dispuesto la presentación de un inmueble que tenga el valor de 250 mil bolivianos. En una anterior audiencia se acreditó que Raúl Uría no tenía para inscribir un inmueble de 50 mil bolivianos, mucho menos tendrá un bien de esa cantidad, su familia vive en alquiler al igual que él”, afirmó el jurista. 

El dirigente yungueño fue detenido el 15 de septiembre de 2022, en medio de los conflictos en rechazo al mercado ilegal de coca en la zona de Villa El Carmen, en La Paz. La fiscalía presentó una imputación por el delito de tráfico ilícito de armas. Sin embargo, hasta el momento no se demostró esa acusación. 

En la audiencia, el dirigente dijo que no lo doblegarán y que mantenerlo recluido solo dañará la imagen del Gobierno ya que se están vulnerando sus derechos por acusarlo sin tener pruebas.  

“Piensan que reteniéndome yo voy a debilitarme, no, yo soy fuerte con la palabra de Dios. Cuanto más tiempo me tengan aquí, tal vez sea mejor para mí, y sea peor para el Gobierno el día de mañana. Soy inocente y no voy a claudicar ni someterme a las presiones”, afirmó Uría que siguió la audiencia de manera virtual. 

En la audiencia, el representante legal del Ministerio de Gobierno señaló que no se acreditó que el dirigente yungueño tenga la necesidad de trabajar. Ese hecho que fue cuestionado por la defensa ya que se demostró que debe mantener a su madre de la tercera edad. 

Finalmente, Valda aseguro que la fiscalía ni el Gobierno pudieron certificar que el dirigente yungueño haya portado armas durante el conflicto cocalero. Espera que en la audiencia de apelación los jueces dicten una medida menos gravosa. 

“Raúl Uría tiene una luz al final del túnel, esperamos que en la apelación los vocales recapacitarán y dispondrán una medida cautelar menos gravosa porque una persona a quien se le está juzgando sin pruebas, por hechos políticos y por la presión del Ministerio de Gobierno no tiene por qué permanecer con detención preventiva”, manifestó. 

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