Inspección técnico-ambiental verificó contaminación de aguas por minería en Carabuco de La Paz

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Contaminación minera a las aguas de Carabuco. Foto: ANA

Por: Agencia de Noticias Ambientales (ANA)

Gracias a las denuncias de los comunarios y a la convocatoria de la Defensoría del Pueblo, el miércoles 19 de febrero se llevó a cabo una inspección técnico-ambiental interinstitucional. Durante la verificación in situ, se constató la contaminación acuífera causada por la actividad minera en la Mina Matilde y otras zonas aledañas del municipio de Carabuco, en el departamento de La Paz, lo que quedó registrado en actas.

Carabuco se encuentra situado en las cercanías del lago Titicaca, a más de 150 kilómetros de la ciudad de La Paz, es parte de la provincia Camacho, en el borde occidental de la Cordillera Real.

En dicha inspección participaron locatarios, la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía de Carabuco, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), la Gobernación de La Paz, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), el Ministerio de Minería y Metalurgia, y Ministerio de Medio Ambiente y Aguas (MMAyA).

Se corroboró que, efectivamente, existe contaminación proveniente de los trabajos de minería, misma que afecta a los ríos, lagunas y vertientes, incidiendo a su vez en la vegetación, las siembras y la ganadería, de las que se alimentan las comunidades del área.

El equipo técnico conjuntamente a comunarios y otras autoridades procediendo a iniciar la inspección (Foto V. Ledezma ANA Bolivia)

“Están empezando a secar los bofedales”

En la comunidad Matilde, comunarios denunciaron la presencia de al menos tres cooperativas mineras que presuntamente operan de manera ilegal: San Vicente, Rincón Saya y Pasto Pampa.

Santiago, autoridad comunal, expresó su preocupación por el impacto ambiental que generan estas actividades. “Los mineros están trabajando de manera arbitraria, de manera clandestina, en este sentido la contaminación del agua se puede notar por las operaciones que se hace mediante la observación, es más, cuando se abren las minas al curso fluvial ya están empezando a secar los bofedales, los cursos de agua que nosotros teníamos, donde teníamos que consumir hoy están secos”, lamentó.

Los bofedales son ecosistemas clave en zonas altas y áridas, caracterizados por su humedad permanente y vegetación abundante, esenciales para la vida de las comunidades y la biodiversidad local.

Ley prohíbe actividades mineras cerca de acuíferos

Pese a la normativa vigente, las operaciones mineras en zonas acuíferas continúan, y solo las denuncias de comunarios y activistas ambientales han logrado impulsar inspecciones técnicas.

La Ley N° 535 de Minería y Metalurgia prohíbe expresamente actividades de prospección, exploración, explotación, concentración, refinación y fundición en proximidades de cabeceras de cuenca, lagos, ríos, vertientes y embalses. Además, establece que cualquier actividad minera debe someterse a estudios ambientales con enfoque multisectorial (Título III, Derechos Mineros y Extinción, Art. 93, párrafo III, inciso c).

Aguas de mina son directamente vertidas al río

Durante la inspección interinstitucional, realizada tras las denuncias de los comunarios, se constató la contaminación provocada por la Mina Matilde. A 4.415 metros de altitud y con temperaturas cercanas a cero grados, el equipo técnico verificó la falta de medidas adecuadas para mitigar el impacto ambiental.

El acta inicial de inspección señala que “la bocamina nivel 325 Matilde no cuenta con una canalización adecuada para el flujo de agua de mina, que es dirigido a piscinas de sedimentación. Además, el agua proveniente de la bocamina 325 Maravilla es vertida de forma precaria directamente al río Ichalaya. Asimismo, se evidenció que las piscinas artesanales carecen de impermeabilización y mantenimiento”.

Esas aguas contaminadas, al descender hacia el río Ichalaya, terminan desembocando en el lago Titicaca, a la altura de Chaguaya (Municipio de Carabuco), donde anteriormente había actividades pesqueras e inclusive actualmente existen criaderos de truchas.

Ante este hecho, Fernando Claros, representante regional de la Defensoría del Pueblo de El Alto – La Paz, informó sobre el trabajo de seguimiento a las denuncias presentadas por comunarios, una familia y activistas ambientales respecto a la contaminación acuífera provocada por actividades mineras.

“Nos preocupa efectivamente, porque es el inicio de una cuenca y hay bastantes ojos de agua y bofedales, hemos visto incluso el pastoreo de animales (vacas y ovejas). Si no existe tratamiento de la explotación minera esto podría ocasionar problemas mayores, y como es un curso que van las aguas hacia abajo, podría llegar también a la comunidad y por ende afectaría a las personas”, sostuvo Claros.

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