El Colegio de Ingenieros Forestales de Santa Cruz advirtió que el Decreto Supremo 5390 impulsará el avasallamiento de tierras en reservas forestales y promoverá el cambio de uso de suelo en esas tierras. Alertan, además, que esta norma vulnera el marco legal y pone en riesgo la seguridad jurídica.
“Al prescribir indirectamente que las Reservas Forestales no estaban plenamente bajo jurisdicción de la autoridad forestal, el Decreto N° 5390 intenta deslindar responsabilidades institucionales por la inacción estatal frente al avance de ocupaciones ilegales, desmontes y actividades agrícolas intensivas. Esta narrativa es incompatible con el marco legal, que desde 1996 asignó claramente la competencia de administración, fiscalización y control forestal al Estado”, dice el comunicado de esa institución.
El decreto cuestionado fue promulgado el 14 de mayo por el presidente Luis Arce y su gabinete, la norma señala que las Reservas Forestales, como espacios territoriales definidos y declarados en áreas de vocación forestal, estarán sujetas a una gestión integral conforme con su capacidad de uso mayor.
En ese sentido, la organización también alertó que el Estado pretende deslindar responsabilidad de fiscalización y control sobre esas tierras, lo que facilitará la legalización de ocupaciones ilegales y que terceros accedan a la propiedad de tierras fiscales sin un proceso transparente.
“El Decreto contradice los compromisos asumidos por el Estado boliviano ante la comunidad internacional en materia de cambio climático, biodiversidad y derechos ambientales, tales como el Acuerdo de París, la Convención de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, y la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien (Ley N° 300)”, advierte el ente colegiado.
El artículo 7 del decreto establece los instrumentos que se usarán para la gestión integral que coadyuvarán en la conservación de los recursos forestales, en el que se menciona al Plan General de Manejo Forestal – PGMF; Plan General de Manejo Forestal No Maderable – PGMFNM; Plan de Manejo Integral de Bosques – PMIB; Planes de Gestión Integral de Bosques y Tierra – PGIBT; Planes de Ordenamiento Predial y otros instrumentos de gestión.
Ante ese aspecto, la entidad afirmó que se está otorgando una “discrecionalidad excesiva” a la autoridad forestal al introducir la figura de “otros instrumentos de gestión”, sin una definición clara.
“Al permitir la aprobación de instrumentos de planificación en territorios ocupados de hecho, se allana el camino para que terceros consigan el reconocimiento de la Función Económica Social (FES) y, posteriormente, accedan a la titularidad de tierras en Reservas Forestales a través del INRA. Esto transforma el delito de avasallamiento en una oportunidad de legalización, debilitando gravemente la institucionalidad agraria y ambiental del país”, resaltó.
En ese sentido, exigen la derogación inmediata de la norma porque atenta contra el orden constitucional y legal en materia forestal; iniciar una investigación sobre las ocupaciones irregulares y desmontes, identificando responsables institucionales y particulares.
Piden reforzar y ampliar el sistema nacional de monitoreo y fiscalización que permita la participación social y mecanismos de transparencia activa, además solicitan que se abra un espacio de diálogo amplio y vinculante sobre el futuro de las reservas forestales.
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