Los pueblos indígenas de Oruro, Potosí y norte de La Paz afectados por la contaminación minera se articulan y llevan su caso a la Asamblea Legislativa este viernes para exigir el cumplimiento de la Constitución y la protección de su derecho a la vida y la salud.
Por Oruro estarán los representantes del Ayllu San Agustín de Puñaca, por Potosí la comunidad de Cantumarca y por el norte de La Paz, los pueblos indígenas de la CPILAP.
Los habitantes de San Agustín se han realizado análisis de laboratorio que confirmaron la intoxicación por metales pesados como arsénico, plomo y cadmio, y llevaron su caso hasta la Comisión Interamericana de DDHH de la OEA. Entre tanto, en la comunidad de Cantumarca se practicaron 120 análisis, de los cuales, el 85% presentó niveles elevados de plomo en la sangre. Finalmente, los indígenas del norte de La Paz se practicaron 350 exámenes de cabello que evidenciaron la presencia de mercurio en niveles hasta siete veces superiores a los permitidos por los estándares internacionales.
“En los últimos años, la actividad minera en diversas regiones de Bolivia ha alcanzado niveles desmedidos, priorizando intereses económicos sobre la vida, la salud de nuestras poblaciones y la integridad de nuestros territorios indígenas. Nosotros hemos sido testigos y víctimas directas de las graves consecuencias de este modelo extractivista”, señalan las comunidades afectadas mediante una nota de prensa.
Los representantes serán recibidos en la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas, culturales e Interculturalidad.
Ante esta crisis, los pueblos indígenas exigen el cumplimiento inmediato de las sentencias y resoluciones emitidas en contra de la contaminación minera, la creación de un Fondo de Compensación y Reparación Integral financiado por las empresas responsables, y la conformación de una comisión mixta de seguimiento con la participación de organizaciones indígenas, la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales.
Las comunidades también alertan sobre la falta de fiscalización y voluntad política frente a estas vulneraciones, lo que pone en grave riesgo su salud y derechos colectivos. Advierten que la continuidad del modelo extractivista es insostenible y atenta contra los principios del Vivir Bien establecidos en la Constitución.
Finalmente, las organizaciones llaman a la sociedad boliviana, medios de comunicación y organismos de derechos humanos, a visibilizar esta problemática y exigir respuestas concretas por parte del Estado. La justicia ambiental y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas no se pueden seguir postergando.
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