Por Rodolfo Huallpa
Un total de 203 vulneraciones a la libertad de expresión se han registrado a lo largo del 2019, siendo la estigmatización, los ataques a la libertad de prensa y el amedrentamiento, principalmente a periodistas, los más cometidos por autoridades de gobierno, de acuerdo con el Informe de Situación 2019 elaborado por la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS).
El Informe es resultado de un trabajo de monitoreo de los tres derechos fundamentales (libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de asociación) y el derecho a la protesta. En lo referido a la libertad de expresión, éste se ha visto vulnerado de diez diferentes formas: acceso a la información, amedrentamiento, criminalización, estigmatización, libertad de prensa, asignación arbitral de publicidad oficial, censura, condicionamientos previos, libertad de expresión en procesos electorales y obstaculización de discurso en procesos electorales.
De las 203 vulneración, 131 se registraron antes del 20 de octubre, fecha en que se realizaron las elecciones nacionales que, luego del escándalo del fraude cometido por el presidente Evo Morales, suscitaron múltiples protestas sociales en diferentes departamentos del país, que obligaron a la renuncia del mandatario y su posterior fuga hacia a México. Posteriormente se desplazó a Argentina. Las otras 72 vulneraciones se suscitaron luego de estos comicios.
61 vulneraciones fueron estigmatización
La mayor vulneración a la libertad de expresión fue la estigmatización, concebida como la denigración de la imagen de las víctimas y la erosión de la confianza de la población hacia la prensa. En este asunto, uno de los casos más emblemáticos acaeció el 28 de febrero de 2019, cuando el vicepresidente Álvaro García Linera calificó de “buitres” a los candidatos de la oposición y los acusó de matar a “90 alteños” en la denominada Guerra del Gas en 2003.
Otro caso de estigmatización tiene que ver con las manifestaciones del entonces ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, quien tildó la marcha de los campesinos de la nación Qhara Qhara, que denunciaron violaciones a su derecho al territorio por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, como “una movilización caprichosa que busca deslegitimar la calidad del gobierno indígena”. Dicha cita se dio en febrero de 2019.
42 ataques a la libertad de prensa
Los ataques a la libertad de prensa no sólo acaecieron durante la gestión de Morales, sino que también hubo actos contrarios a éste en la administración de la presidenta transitoria Jeanine Áñez, cuando dos de sus ministros, Arturo Murillo de Gobierno y Roxana Lizárraga de Comunicación, efectuaron declaraciones que hostigaron a la prensa y generaron autocensura. Ambos indicaron que se iniciarían procesos por sedición a periodistas afines al MAS porque, a su criterio, desinformaban a la población.
38 casos de amedrentamiento
Son casos que el Estado comete en contra de periodistas para impedir su trabajo o dañar su integridad física o psicológica. Entre los hechos particulares resaltan las amenazas del entonces ministro de Gobierno, Carlos Romero, contra el periodista de El Deber, Guider Arancibia, a quien acusó de tener interés políticos y de enlodar su gestión al vincularlo con el caso narcopolicías, particularmente con el oficial de policía Gonzalo Medina.
El dato que resalta en materia de amedrentamiento es que sólo nueve casos se registraron antes del 20 de octubre, los restantes 29 ocurrieron durante la crisis poselectoral. De éstos, 24 fueron agresiones a periodistas que fueron denunciados por la Asociación Nacional de la Prensa.
Entre los casos de agresión que se evidencian en el presente Informe están el del corresponsal de Los Tiempos en La Paz, Wilson Aguilar, cuando fue agredido por militantes del MAS durante una conferencia del Tribunal Supremo Electoral; también el del periodista Humberto Ayllón de El Deber que sufrió el impacto de una granada de gas lacrimógeno cuando cubría los enfrentamientos entre manifestantes en puertas del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba; también la agresión a la periodista de ATB Brishka Espada, por parte de jóvenes que la llamaron “vendida”, “masista” y la jalonearon y golpearon en Cochabamba.
Otras vulneraciones
También se evidenció otros casos de vulneraciones. 15 en lo referido a acceso a la información, 21 a criminalización, ocho de censura, seis de condicionamientos previos, seis de obstaculización de discurso en procesos electorales, cuatro contra la libertad de expresión en procesos electorales y dos de asignación arbitral de publicidad oficial.
El presente informe fue realizado por el Observatorio de Defensores de UNITAS, a través de la metodología del Monitor CIVICUS. Este Observatorio trianguló informes y análisis del espacio de la Sociedad Civil desde diferentes fuentes y proporcionó actualizaciones periódicas para transmitir de forma precisa el panorama de las condiciones del entorno en que las Organizaciones de la Sociedad Civil desarrollan su labor en Bolivia.
