Los representantes de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) y de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia se pronunciaron este lunes contra el Proyecto de Ley 305/22 que, dijeron, afecta a la libertad de prensa en el país, anula la Ley de Imprenta y amenaza a los periodistas con penas de cárcel. Anunciaron que enviarán una carta a las entidades de los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo y no descartaron convocar a plantones y otras movilizaciones.
A su turno, hicieron uso de la palabra Zulema Alanes, presidenta de la ANPB; Raúl Peñaranda, de la APLP; el secretario de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, Carlos Salcedo, y delegados de las federaciones de El Alto y La Paz, Ilich Ordoñez y Carmen Moscoso, que pidieron que los artículos referidos al trabajo de la prensa del Proyecto de Ley 305/22 sean retirados del debate.
Por vía virtual participaron de la conferencia de prensa los presidentes de las asociaciones de los ocho departamentos restantes del país y representantes de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia.
Alanes recordó que el artículo 107 de la Constitución Política del Estado, señala que “la información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley”. Ello implica que la Ley de Imprenta no puede ser violentada.
Alanes también expresó que las organizaciones de la prensa en Bolivia han desarrollado e implementado las normas de ética señaladas por la CPE y habilitado Tribunales de Ética que, en la actualidad, y contando con la legalidad y la legitimidad constitucional, investigan, procesan y sancionan las faltas que pudieran cometerse en el trabajo de la prensa.
El representante de la Federación de la Prensa de La Paz dijo que los periodistas alarmados ya que una vez más se pretenda penalizar el trabajo de la prensa, aduciendo para ello el cumplimiento de supuestos acuerdos internacionales sobre derechos humanos, cuando en ningún tratado, convenio o acuerdo se establece la criminalización de la actividad periodística como condición para el ejercicio y garantía de los derechos ciudadanos.
La propia CIDH, en el Informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión advierte que “la violencia contra periodistas puede generarse por medio del uso del derecho penal – principal poder coercitivo del Estado – para sancionar, reprimir, inhibir aquellas expresiones críticas a la actuación de autoridades estatales o sobre cuestiones de interés público. En particular, la amenaza o la imposición de una pena de encarcelamiento con fundamento en leyes de desacato y de difamación criminal puede resultar en un efecto silenciador que afecta no solamente a los y las comunicadoras, sino a toda la sociedad”
Por su parte, Raúl Peñaranda, presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, expresó que hace 13 años, cuando se aprobó la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación, el gremio ya luchó contra los artículos que establecen cárcel contra periodistas. Recordó que los periodistas hicieron largas movilizaciones, los periódicos sacaron sus portadas en blanco y se realizaron huelgas de hambre. También se recolectaron 400 mil firmas para una reforma de la ley, pero nada de eso fue suficiente para hacerle ver a las autoridades la gravedad de la situación.
El proyecto de ley 305 es, dijo Peñaranda, todavía más grave, puesto que elimina los “motivos” (“móviles”) por los cuales un juez puede ordenar el apresamiento de los periodistas si cometen un supuesto acto de racismo. Al no haber “motivos” para cometer un supuesto delito, los periodistas quedan aún más desprotegidos que en la Ley 045, ya que un juez no necesitará demostrar un “motivo” (un “móvil”) al momento de realizar una acusación sobre una supuesta información racista o discriminadora. Por lo menos la ley 045 establecía esos “motivos” y eso de alguna manera protegía a los periodistas. Al quitarse aquello en el PL 305/22, la posible defensa de un periodista se verá aún más menguada.
